Si existe un ejemplo claro de manejo deficiente y mala administración de activos públicos, eso es lo que ha pasado durante años con los ascensores de Valparaíso, en el cual gastos e inversiones estatales por más de 14.600 millones de pesos no han redundado en un buen servicio para los usuarios ni en su mero funcionamiento, lo que dificulta la vida diaria de miles de personas que dependen de estos para bajar al plan y subir a los cerros. De más está decir, tampoco cuentan con micros de recorrido.

Declarados como medios de transporte público en 2015 (Ley 28.077) y habilitados para recibir subsidios de los Fondos Espejo del Transantiago (ley 20.378), los funiculares de Valparaíso no pueden acceder a estos beneficios sin un reglamento de mantención y seguridad.

Hace tres años nació un movimiento ciudadano para su defensa y recuperación llamado Agrupación de Usuarios y Usuarias de Ascensores de Valparaíso (Ascenval), que trabaja en la promoción y reconocimiento de los ascensores como medio de transporte público y en su sostenibilidad operativa, técnica y financiera.

Actualmente existen 19 ascensores en la Ciudad Puerto. De estos, siete se hallan en funcionamiento (Espíritu Santo, Concepción, Cordillera, Barón, Reina Victoria, El Peral y San Agustín, de 7 a 22 horas); ocho, inoperativos (Larraín, Monjas, Florida, Mariposas, Artillería, Villaseca, Lecheros y Polanco); tres, donde sólo hay terreno (Santo Domingo, Las Cañas y Arrayán) y uno recuperable y privado (La Cruz).

Hoy todos los ascensores son administrados por el municipio, lo que incluye a los seis que le pertenecen y los nueve que son patrimonio del Gobierno Regional, entregados vía comodato a la casa consistorial porteña.

Hace poco más de un año el alcalde Sharp anunció en una reunión con juntas de vecinos la creación de una corporación que estaría a cargo de los ascensores, formada por la Municipalidad y las organizaciones vecinales, asunto que hasta el minuto parece lejos de concretarse. ¿Qué pasará ahora con ellos?

La actual crisis de seguridad en Chile, declarada como "noviembre rojo" por el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar la violencia en nuestro país. Sin embargo, las recientes declaraciones del Presidente Gabriel Boric durante el X Encuentro Anual del Comercio, organizado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), plantean cuestionamientos sobre la sinceridad y la coherencia de su enfoque en la situación.

El Presidente realizó un mea culpa sobre el rol de su bloque en la oposición durante el gobierno de Sebastián Piñera, reconociendo que es fácil hablar ahora que está en el poder. No obstante, esta autocrítica parece más un ejercicio retórico que un compromiso real con la superación de la polarización política en pro de la seguridad ciudadana.

Este destaca la importancia de no debilitar a las autoridades en medio de la crisis de seguridad, llamando a trabajar juntos y superar la lógica gobierno/oposición. Sin embargo, estas palabras contrastan con la realidad de su coalición, cuyo historial incluye confrontaciones políticas intensas y un discurso que, en ocasiones, ha contribuido a socavar la confianza en las instituciones.

La propuesta del Mandatario de reflexionar sobre el comportamiento pasado, especialmente con relación a Carabineros, suena más a una retórica vacía que a un compromiso real. La seguridad pública requiere acciones concretas y políticas coherentes, no sólo autocríticas esporádicas.

En el contexto de "noviembre rojo", la llamada de Orrego a una estrategia integral para abordar el crimen organizado destaca la importancia de una respuesta cohesionada. Sin embargo, la exhortación del Presidente a no debilitar a las autoridades suena a contradicción cuando se analiza la historia de su coalición y su propio papel en la polarización política.

La ciudadanía merece un liderazgo que trascienda las disputas partidistas y ofrezca soluciones efectivas ante la complejidad de la seguridad pública. Las palabras del Presidente deben respaldarse con acciones concretas y una verdadera voluntad de construir consensos en lugar de perpetuar la retórica política que ha caracterizado a su bloque hasta el día de hoy.

En conclusión, mientras el país enfrenta el desafío de inseguridad es imperativo que el Presidente y su coalición se comprometan sinceramente con la seguridad ciudadana, dejando de lado las estrategias políticas que han contribuido a la actual polarización y trabajando genuinamente hacia una solución integral y colaborativa. La credibilidad del liderazgo presidencial está en juego y la ciudadanía espera más que simples palabras en este crucial tema de seguridad nacional.