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de malversación o de fraude. En este caso hay una querella presentada por el CDE -en contra de la persona- y la causa la está investigando la Fiscalía con el apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.
El caso de Casablanca "es una querella reciente que dice relación con las tratativas para adquirir un terreno -porque lo que se ha celebrado son contratos de promesa- que se iba a destinar a un centro deportivo", lo que podría eventualmente configurar un fraude al Fisco.
El alcalde Francisco Riquelme responsabiliza públicamente a la administración anterior, del exalcalde Rodrigo Martínez, de celebrar un contrato por trato directo por $150 millones, cuando el avalúo fiscal del predio sería de $40 millones.
RINCONADA Y LA CALERA
En cuanto a Rinconada, la denuncia indica que la Municipalidad habría pagado sobreprecio en la adquisición de un terreno destinado a viviendas sociales, operación en la cual se habría cancelado alrededor de $900 millones, pero cuyo avalúo era considerablemente menor.
"Nos estamos focalizando en que la Municipalidad encarga una tasación y el tasador habría definido esa zona como plenamente urbana, lo que habría elevado con mucho el valor, en circunstancias que se trata de un área mixta urbano-rural".
"La imputación central es el sobreprecio por los terrenos y, por otra parte, la destinación de recursos municipales a la ejecución de obras en un determinado sector" cuyo propietario tendría alguna cercanía con el alcalde, detalla la fiscal regional.
En La Calera, según la denuncia, maquinaria destinada o contratada para ejecutar labores municipales habría sido utiizada en recintos privados con los cuales el alcalde podría tener conexión, o bien otras personas vinculadas por amistad con el jefe comunal.
Eso podría constituir fraude al Fisco desde el punto de vista de un mal uso de los recursos, y podría haber también un tráfico de influencia o una negociación incompatible.
ALCALDESA DE NOGALES
En 2022, tras casi dos años de investigación, fueron formalizados por estafas reiteradas contra integrantes de comités de vivienda de Cabildo y El Melón, la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio; la exconcejal de la primera comuna, Juana Zamora, y el arquitecto Mauricio Torres, para quienes el tribunal de La Ligua ordenó diferentes grados de arresto domiciliario.
"En este caso, a personas que pertenecen a esos comités de vivienda las van engañando permanentemente, señalándoles que se va a ejecutar un proyecto inmobiliario. Les piden dinero para avanzar en la supuesta tramitación, en que actúan como si fueran representantes de una consultora, aunque se demuestra que el imputado ya no pertenecía a esa sociedad", refiere la fiscal Perivancich.
"El monto que creemos comprometido hasta la fecha es de $160 millones en el caso de los comités de Cabildo y alrededor de $60 millones en el caso de El Melón", agrega. En cuanto al número de víctimas, se estima en 400 personas, de las cuales casi 130 son parte de los hechos formalizados y en su mayoría ya han prestado declaración en esta causa.
Un caso distinto lo constituye la formalizacion de la exjefa de gabinete de la alcaldesa Osorio, Paola Moya, y del contratista Leonardo Guerra, por cohecho y soborno respectivamente, caso en que el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de La Calera.
A la exfuncionaria se le imputra haber recibido un monto total de $1.226.000, a través de cuatro transferencias, con lo que el imputado habría buscado ejercer influencia para lograr gestiones como cursar o acelerar estados de pago.
Querellas del cde
Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado informa que en este momento existen querellas presentadas en 10 ingresos penales vinculados a municipalidades de la Región.
Acerca de su participación en causas como éstas, señala que se efectúa mediante la interposición de querella criminal en casos de delitos que pudieran acarrear perjuicios económicos para el Fisco u organismos del Estado, como los municipios. Asimismo, respecto de delitos cometidos por funcionarios públicos o empleados de organismos del Estado en el desempeño de sus funciones.
"Ello faculta al servicio a intervenir activamente en las investigaciones penales, por ejemplo, mediante la solicitud de diligencias, medidas cautelares y a través de su participación en las distintas audiencias", detalla el servicio.
Tal como lo indica su Ley Orgánica, "el ejercicio de las atribuciones penales del CDE tiene como propósito principal la defensa judicial de los intereses del Estado", concluye. 2