Como insisten los expertos cada vez que se les consulta, el actual problema de sequía no se resuelve porque un año puntual presenta lluvias cerca de los rangos normales históricos o la nieve acumulada en la cordillera alcanza unos centímetros más que el lustro anterior. Esta condición de menores precipitaciones, lo dicen todos los estudios, será permanente en gran parte de la zona centro-norte del país, con un grave impacto en aquellas actividades económicas que usan intensamente el vital elemento para mantener sus procesos productivos.

El problema no es reciente, pero la tradición de esta zona es esperar a tenerlo encima para definir soluciones, estrategias paliativas o, en la mayoría de los casos, medidas improvisadas que terminan provocando más problemas de los que solucionan.

Por ello, es impresentable que no exista hasta la fecha una estrategia de largo plazo para enfrentar la crisis hídrica, una que ponga el acento sobre las necesidades de consumo humano y actividades productivas, pero también que tenga la capacidad de construir consensos en torno a las soluciones tecnológicas disponibles y sus eventuales impactos. Los costos de enfrentar este problema no los puede asumir íntegramente ninguna institución regional o comunal por sí sola, por tanto, el ejercicio debe ser compartido por actores públicos y privados, ojalá de todos los ámbitos políticos, porque la sequía requiere soluciones concretas, prácticas y urgentes.

Este jueves, la Comisión de Recursos Hídricos del Consejo Regional recibirá a Félix Bogliolo, socio fundador de Vía Marina, empresa de ingeniería submarina que impulsa el proyecto Aquatacama. Esta iniciativa busca trasladar agua dulce desde las desembocaduras de los ríos Rapel, Maule y Biobío, a través de tuberías submarinas, hacia las regiones del norte con déficit hídrico, entre ellas, Valparaíso. El proyecto, con una inversión estimada en más de US$ 8 mil millones, fue desestimado en la Dirección General de Concesiones y el Gobierno Regional del Biobío lo rechazó. ¿Saben los consejeros de Valparaíso cómo abordar una iniciativa de este calado y alcance? Es probable que haya tantas posiciones como cores en la sala; de allí que una estrategia común tiene más urgencia que nunca.

Las actuales cifras de delincuencia nos demuestran que el crimen está acechando a la niñez y comprometiendo seriamente su desarrollo positivo. Hoy los adolescentes representan alrededor de un 5% del total de delitos, marcando un 20% en robos y un 12% en delitos sexuales. En homicidios representan el 6,5% y cada vez que cometen un asesinato están acompañados por un adulto (39%). Ahora bien, si analizamos cómo ha ido aumentando la tasa de homicidios en responsabilidad penal adolescente versus el sistema adulto, llama la atención que el crecimiento es mayor. En adolescentes es de un 8,1% -entre 2021 y 2022-, mientras que en adultos es de un 6,2%. Por lo tanto, tenemos un problema serio y hay que enfrentarlo.

La forma de enfrentarlo es lo que ciertamente genera debates y tiene matices, diálogo que debe enmarcarse en los cuerpos normativos nacionales e internacionales referidos a este segmento de la población. El sistema penitenciario adulto muestra serios déficits a la hora de ser una alternativa adecuada a la reinserción, lo que queda demostrado en las altas tasas de reincidencia como en las organizaciones intrapenitenciarias que surgen para administrar el crimen organizado en sus variantes extorsivas y de narcotráfico. Homologar penas de cárcel, que por cierto existen en la Ley Penal Adolescente, a segmentos refractarios y en un catálogo reducido de delitos graves asimilándola al sistema penal adulto debe resguardar condiciones mínimas para su efectividad en materia de rehabilitación que hoy no existen en el sistema penal adulto.

En efecto, para evitar el contacto criminógeno, la ejecución penal intrapenitenciaria debe ser segregada en función de perfiles; y para alcanzar el objetivo de cambiar las trayectorias delictivas, la oferta de rehabilitación debe ser integral y con evidencia, vinculada a una oferta preventiva sólida que evite en el corto plazo la reincidencia delictiva. Es necesario no olvidar que los modelos parentales antisociales son la principal razón del involucramiento delictivo de niños; el contacto con población penal adulta puede impulsar la consolidación de trayectorias criminales prolíficas y la vinculación a bandas delictivas. Esto trae como consecuencia conductas criminales más agresivas y persistentes una vez cumplida la condena.

Ahora bien, más allá de la persecución penal, necesitamos una agenda temprana de prevención social con una oferta programática sólida y con evidencia, orientada a fortalecer el rol parental con buenas prácticas de crianza, así como también a potenciar los factores protectores y disminuir los de riesgo en el surgimiento de conductas problemáticas que deriven en delito. No podemos sólo reaccionar y seguir llegando tarde.