Sebastián Mejías O.

Hace cuatro semanas, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, expuso en el Congreso sobre diferentes irregularidades y convenios "a dedo" firmados en todas las regiones, incluyendo la Región de Valparaíso, donde las seremis de Vivienda y el Serviu entregaron millonarios fondos a la cuestionada Fundación ProCultura, EnRed y Arquiduc.

Ese mismo día fueron remitidos esos antecedentes al Ministerio Público y ayer dieron pie a un operativo que la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso realizó en las oficinas regionales de la seremi Minvu y el Serviu.

Hay que recordar que la Contraloría detectó en su análisis de los diferentes contratos firmados a nivel regional, que los $248 millones que la Seremi Minvu traspasó a ProCultura fueron una operación hecha "a dedo" con una fundación que "no contaba con el giro concerniente a la construcción de los proyectos encomendados".

Pese a que el trato fue firmado bajo este Gobierno, la Contraloría apuntó contra el exdirector regional del Serviu en Piñera II y militante de la UDI, Tomás Ochoa, "por una eventual vulneración al principio de probidad". Semanas antes de dejar su cargo, en febrero de 2022, fue él quien solicitó los $248 millones para ProCultura, fundación con la que este año firmó un vínculo contractual por $17 millones a través de su empresa de Asesorías Profesionales en Gestión Inmobiliaria.

La propia seremi de Vivienda, Belén Paredes, vinculó las indagatorias que hizo la PDI en su oficina durante la tarde con la labor que desempeñó el militante UDI, dejando claro que, "con respecto a ProCultura, la investigación busca esclarecer un posible conflicto de interés del exdirector del Serviu y también de aquellas vinculaciones del ministerio, a nivel central, de distintas autoridades del gobierno anterior, que estuvieron involucradas en la elección de esta misma fundación".

Eventuales delitos

Claudio Rebeco, fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción, contó que la diligencia de la PDI "se enmarca dentro de la orden de investigar que se despachó en una investigación vinculada a la Fundación ProCultura". Agregó que el objetivo es "esclarecer eventuales delitos que pudieran haberse cometido durante la asignación de fondos y ejecución del Programa de Asentamientos Precarios por parte de esta fundación".

Junto con indagar el caso de ProCultura, el persecutor tiene a su cargo una investigación que se vincula a la Fundación Arquiduc, que suscribió también millonarios contratos con la Seremi Minvu y el Serviu regional. Lo que se investiga en este caso, aclaró Rebeco, son las "rendiciones de cuentas que se han realizado hasta el día de hoy, en el marco del Programa de Asentamientos Precarios".

Todas las investigaciones están, explicó, en una etapa "preliminar, donde lo primero es contar con toda la información documental que permita entender por qué, en definitiva, se asignan fondos para estas fundaciones". Proyectó que la operación de ayer, dará lugar obligatoriamente "a otras diligencias, toma de declaraciones y otros análisis que es necesario realizar".

En las diligencias se solicitaron copias originales de los convenios y rendiciones, se requirió información en pendrive y la entrega de al menos dos computadores para ser periciados.

Aclarar anomalías

La seremi Minvu, Belén Paredes, insistió sobre la operación de ayer que pusieron a "disposición del Ministerio Público todos los antecedentes requeridos", advirtiendo que "se debe investigar toda la cadena de procesos".

Además, recordó que luego de la intervención del contralor en el Congreso, "el pasado 10 de noviembre se inició el proceso de término anticipado de los convenios con esta fundación con su correspondiente liquidación de fondos", refiriéndose a los $248 millones destinados a ProCultura.

En tanto, el director del Serviu Valparaíso, Rodrigo Uribe, señaló que "estamos facilitando toda la información que está a nuestro alcance, porque este ministerio y este servicio somos los más interesados en aclarar las irregularidades que son investigadas por el Ministerio Público".

Piden celeridad

Esperando que la investigación se lleve a cabo con celeridad, la diputada Camila Flores (RN) advirtió que estamos "ante uno de los casos de corrupción más grandes del último tiempo en el país, donde se jugó con recursos de las personas que más lo necesitan". "Sumas millonarias son las que se transfirieron a fundaciones cuestionadas a través del Serviu y la Seremi de Vivienda en la región, por lo que es primordial que se investigue a fondo", criticó.

Su par y correligionario Andrés Longton aseguró que el "allanamiento realizado en parte de la PDI tiene que ver con las denuncias a Contraloría y a la Fiscalía Regional por los hechos de corrupción en los cuales está siendo investigada Pro Cultura por el caso Convenios". Esta entidad, a su juicio, fue "creada para fines culturales con un giro cultural y que de la noche a la mañana, una vez que asume este gobierno, se hacen especialistas en campamentos y asentamientos precarios firmando millonarios convenios".

"Esta diligencia dará lugar, obligatoriamente, a otras diligencias, toma de declaraciones y otros análisis que es necesario realizar".

Claudio Rebeco, Unidad Anticorrupción

"Con respecto a ProCultura, la investigación busca esclarecer un posible conflicto de interés del exdirector del Serviu".

Belén Paredes, Seremi Minvu

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