Gore: detectan fallas de control en millonarias transferencias
REGIÓN. Contraloría dio cuenta de 53 asignaciones directas por $1.200 millones a entidades privadas sin concurso público. Ordena sumario por trato con ProCultura.
De todos los informes que el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, presentó a la comisión investigadora de la Cámara por irregularidades en convenios suscritos por las diferentes seremis Minvu y gobiernos regionales, sólo se mantenía pendiente la indagatoria realizada en torno al Gore Valparaíso, liderado por Rodrigo Mundaca.
El documento finalmente fue publicado el pasado miércoles por la Contraloría Regional de Valparaíso, con antecedentes que si bien no tendrían la magnitud necesaria para ser remitidos al Ministerio Público, dan cuenta de anomalías y arbitrariedades en transferencias de recursos públicos a oenegés, muchos de ellas vía asignación directa, sin concurso público de por medio, sumado a deficientes o nulas rendiciones de cuenta.
Entre los casos más complejos para el ente contralor, están los casi $1.200 millones que el Gore repartió sin concurso y en una cuota entre la Fundación Terram, la corporación Fima y la Corporación Encuentro Permanente de Mujeres por la Salud (Epmusa), así como los $25 millones que firmó con la cuestionada ProCultura.
Nuevamente aparece involucrada en irregularidades la exfundación que dirigió Alberto Larraín, cuyos millonarios convenios con la seremi Minvu Valparaíso fueron objeto de una diligencia judicial esta semana. Esta vez, la Contraloría puso en duda una transferencia que firmó con el Gobierno Regional de Valparaíso por $25 millones, en un proyecto que también contó con la colaboración de la Municipalidad de La Calera con otros $5 millones, donde hay ítems que ProCultura le cobró a ambas instituciones públicas.
En ese mismo convenio, la Contraloría instruyó realizar un sumario administrativo al Gore, dado que para adjudicar los $25 millones recibió dos cotizaciones realizadas por trabajadores de ProCultura. Con lo anterior, se pone en duda "si el monto por el cual se aprobó la iniciativa, corresponde o no al precio de mercado".
Contratos genéricos
En la auditoría del órgano contralor volvieron a ponerse en tela de juicio los contratos por $400 millones cada uno, con las oenegés medioambientalistas Terram y Fima, por las que en agosto pasado la mesa nacional de la UDI se querelló contra el Gobierno Regional. También se cuestionan los $380 millones a la corporación Encuentro Permanente de Mujeres por la Salud (Epmusa), para la "promoción de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes, mujeres cis y transgénero".
En el informe se deja claro que los casi $1.200 millones repartidos entre la Fundación Terram y las Corporaciones Fima y Epmusa, fueron dirigidos para actividades programadas "de forma genérica sin ningún tipo de detalle técnico, mostrando en general sólo costos globales, sin que conste que el Gore haya solicitado antecedentes a esas entidades o efectuado algún tipo de validación que le permita evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de sus costos, y en definitiva, determinar fundadamente el monto a transferir en cada iniciativa".
De ahí que nuevamente se mandató al órgano liderado por Rodrigo Mundaca, adoptar "las medidas y mecanismos de control pertinentes, que le permitan contrastar el presupuesto presentado por la entidad requirente de fondos públicos, con algún elemento de juicio que acredite la pertinencia de los montos solicitados".
Junto a ello, los tres millonarios contratos firmados anteriormente se materializaron, según se lee en otra de las conclusiones de la Contraloría, "el 31 de diciembre de 2022, en una única cuota, y no conforme a los programas de caja entregados por esas entidades ni al avance efectivo de las actividades comprometidas en los convenios respectivos".
Reacciones políticas
El abogado de la UDI que lideró la querella contra el Gore, Pablo Toloza, está convencido de que "el informe de Contraloría recoge lo que hemos planteado, en el sentido de que efectivamente los convenios con Fima y Terram fueron suscritos sin establecer los costos de los servicios prestados en actividades totalmente genéricas".
A juicio del core Manuel Millones (Ind.-UDI), una debilidad del informe es no pronunciarse "sobre la ejecución del proyecto, ya que sería interesante conocer si los trabajos propuestos en los proyectos de las fundaciones se ejecutaron o no". Ahí, comentó, "está el fondo de la cuestión y la justificación de que los antecedentes puedan llegar a la Fiscalía". Aun así, está seguro de que en las irregularidades detectadas "en el convenio con ProCultura hay antecedentes suficientes para ser derivados al Ministerio Público".
El diputado Andrés Celis (RN) consideró "un escándalo impresentable la manera en que el Gore ha utilizado los tratos directos en convenios con organizaciones privadas sin fines de lucro, saltándose descaradamente la normativa que implica que los tratos directos sin concurso público son una excepción y no la regla".
"En el convenio con ProCultura hay antecedentes suficientes para ser derivados al Ministerio Público".
Manuel Millones, Core (Ind.-UDI)
"Contraloría recoge lo que planteamos, en el sentido de que los convenios con Fima y Terram fueron suscritos sin establecer los costos de servicios prestados".
Pablo Toloza, Abogado de la UDI