Carlos Vergara Ehrenberg

La despedida pública del contralor general de la República, Jorge Bermúdez Soto (Valparaíso, 1969) tras ocho años en al cargo fue, tal como su gestión, con ruido. Ahora, en su adiós, por criticar la legalidad de los estados de emergencia comunales decretados por los alcaldes de La Reina y La Florida, como por volver a poner en cuestión los indultos dispensados por el Presidente Boric a reos del estallido social, más de alguno con amplio prontuario criminal.

En el camino lo acusaron de todo: de querer cogobernar, de llenar los departamentos de la Contraloría de jóvenes frenteamplistas, de desafiar a los otros poderes del Estado y hasta de endiosarse en el cargo.

Pero, a estas alturas, al abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, no le entran balas.

- ¿Son ocho años suficientes o demasiados para un contralor?

- Suficientes. Muy largo, quizás. Pero yo creo que está bien pensado si es en la medida de que los periodos presidenciales sean de cuatro años. Es bueno que toque más de un período . Tres, como fue en mi caso.

- ¿Con qué se encontró al llegar?

- Con una institución que estaba en pleno proceso de modernización. Todo era parte de esa visión de mejorar la infraestructura, que en rigor venía desde la época de Arturo Aylwin, y se galvanizó en la gestión anterior de Ramiro Mendoza. El énfasis en mi gestión estuvo dado por el uso de los datos y la incorporación intensiva de la tecnología. Toda la fiscalización que se hizo en la pandemia, por ejemplo, está basada en Big Data y hoy día toda auditoría hecha está basada en ello, lo que nos permite tener resultados que son mucho más precisos.

- ¿Ese será su sello?

- La gestión estratégica siempre debe tener un norte súper claro, que es el cuidado y buen uso de los recursos públicos. O sea, eso está marcado a fuego en la institución. Cualquier funcionario sabe perfectamente por qué hace su trabajo. También hicimos los convenios de apoyo al cumplimiento, donde suscribimos casi 500 con distintos órganos, por ejemplo con Carabineros o con las FF.AA., con muchas municipalidades, Gobiernos Regionales, etcétera. Y eso es innovador. Lo tercero es la colaboración con el sector público, algo que se creó en esta gestión en el año 2017, que es el Centro de Estudios de la Administración del Estado, el CEA, donde hemos capacitado a casi 350.000 funcionarios.

- ¿Y cuáles son los pendientes o las deudas que deja?

- Yo creo que siempre hay cosas que uno podría haber hecho mejor, pero también hay algunas que a uno le dejan un sabor un poco amargo, ¿no? Desde el día uno que llegué a la Contraloría, levanté el punto de la posibilidad de fiscalización más intensa de las municipalidades. En ocho años, cada vez que fui al Congreso, y fui 182 veces, hice presente que la Contraloría tiene poderes limitados respecto de las municipalidades. ¿Por ejemplo? La toma de razón no existe. Desde luego que es un elemento que coarta o limita las posibilidades de control anticipado por parte de la contabilidad y, por lo mismo, nosotros lo que hicimos fue crear los controles o los convenios de revisión previo de juridicidad en materia municipal. Y ahí la conclusión que yo saco es que después de haber pasado por tantos convenios de revisión previa con las municipalidades, es que nos falta fortaleza institucional en el ámbito municipal. Por otro lado, también hay otra frustración, diría yo, otro dolor u otro pendiente, que es del punto de vista del acceso a las cuentas corrientes, o sea, aunque parezca una paradoja o algo inexplicable, la Contraloría no tiene acceso a cuentas corrientes de servicios públicos.

- ¿Cómo fue su relación con los otros poderes del Estado?

- Hubo agrados y desagrados. Con el Ejecutivo, como con el Judicial y el Congreso hubo una relación de cordialidad institucional. Nosotros tuvimos conflictos, obviamente, con el Poder Judicial o, incluso, contiendas de competencia, pero siempre la relación fue institucional y la Contraloría debe respetar los fallos de los tribunales de Justicia. No por nada nosotros también somos demandados. También se recurre de protección en contra de la Contraloría. Y cuando hay un fallo adverso, que no son tantos, lo que corresponde es que la Contraloría los acate.

- ¿Tal como tuvo que acatar el fallo de la Suprema sobre la remoción de la subcontralora Dorothy Pérez?

- Por ejemplo, pero hay muchos más casos.

- ¿Es verdad que estuvo dispuesto a renunciar por esa causa?

- O sea, no. Yo diría que sí lo pensé varias veces, y eso lo dije incluso en una entrevista. Fue una situación muy difícil e inesperada. Yo tuve mis razones, obviamente que no se pueden decir, y la Corte Suprema me dijo que no, que no era así.

- ¿Y no cree que fue una exageración lo de renunciar?

- Visto hoy día, claro que sí. Por supuesto que sí, porque digamos que esto ocurrió en el primer tercio o incluso menos de la gestión y ahora veo que esto tiene muchos avatares y vaivenes. A veces hay que esperar un poquito, hay que dormir sobre las decisiones y después tomarlas.

- Y, finalmente, tragar veneno, como decía Marcelo Bielsa.

- Probablemente.

-¿Qué hay de los otros poderes?

- En estos casi 8 años yo comparecí, como ya le dije, 182 veces al Congreso a dar cuenta de la gestión. Por eso iba a las comisiones especiales investigadoras o a las comisiones específicas que están en la Cámara o en el Senado. Es una manifestación también del respeto a la democracia. Respecto del punto de vista de la relación con el Ejecutivo, ya a esta altura con tres Presidentes, yo creo que aquí, si hay una cosa que ha caracterizado a mi gestión, es que siempre he tratado de defender la autonomía de la Contraloría y eso ha significado, por ejemplo, mantener una cierta distancia del Poder Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que administrar, gobernar, y nosotros tenemos que fiscalizar y, en ese sentido, la relación ha sido institucional, ha sido cordial, pero cada cual en su rol y eso yo creo que es lo que caracteriza a esta gestión.

- ¿Cuáles fueron los puntos más críticos en su relación con los Presidentes?

- En el caso de la Presidenta Bachelet, los casos de jubilaciones de Gendarmería fueron complicados, sobre todo porque suponían revisar cómo se estaban pagando jubilaciones pagadas por el Estado. En el caso del Gobierno del Presidente Piñera, evidentemente que hay dos momentos importantes que son el estallido social y luego la pandemia. Nosotros tuvimos una doble mirada respecto al Ejecutivo. En pandemia, por un lado, seguimos fiscalizando porque habían cuantiosos recursos que se estaban aplicando de manera directa: cajas de alimentos, residencias sanitarias, etcétera. Pero, por otro lado, había que darle operatividad al Estado. Nosotros revisamos esos contratos, por ejemplo los de las vacunas, y ello le dio una certeza al Ministerio de Salud para poder comprarlas y terminamos siendo de los primeros países en en proceder a la inoculación de la población. Ahora, con este Gobierno, los últimos seis meses han estado marcados por el Caso Convenios. Hicimos más de 20 auditorías en esta materia y hay que ver las consecuencias que éstas tuvieron. Si bien es cierto que es una situación en que el propio Presidente de la República y el ministro (Luis) Cordero denominan como corrupción, yo veo que las instituciones sí reaccionaron y reaccionaron rápidamente. La comisión especial investigadora ya concluyó su trabajo.