"Acá es el Ejecutivo con el Senado los que van a decidir cuál es mi reemplazante, tal como ocurrió en mi caso. Estoy confiado en que las instituciones van a funcionar y se elegirá a la mejor persona para el cargo. Ojalá que sea de forma oportuna y razonable". "

- ¿Quedó conforme con lo hecho por Contraloría en el Caso Convenios?

- Hubo una contraloría que tuvo la capacidad y la flexibilidad de cambiar el plan de auditoría para reenfocarlo hacia el Ministerio de Vivienda y los Gobiernos Regionales, donde también hay hallazgos. Esos informes de auditoría son el insumo para el trabajo que hoy día está haciendo el Ministerio Público. De hecho, hay personas formalizadas, otras con medidas cautelares y aún es muy luego para tener sentencias. Y no olvide el Congreso: si uno mira La Ley de Presupuestos de este año con la regulación que viene para las transferencias para el próximo año, hay todo un capítulo dedicado a la regulación que antes no existía.

- ¿Cómo resistió las presiones en los casos mencionados?

- Yo no sé cómo graficar las presiones.

- Recados, mensajes, llamadas directas...

- Yo creo que cuando hay una relación de cordialidad, uno puede plantear sus puntos de vista y el Gobierno plantea sus puntos de vista. Nosotros los revisamos y los acogemos o no. Mire, yo quiero decir aquí una cosa bien importante de cómo trabaja la Contraloría. Si bien el contralor es el jefe de la institución, acá hay todo un track de trabajo que viene desde los comités pasando por sus jefes, los jefes de división y luego llega una propuesta de actuación al contralor. Entonces para mí es muy difícil, salvo que tenga buenas razones jurídicas o buenas razones de criterio, poder decirle o darle una orden directa a un funcionario para que actúe de tal o cual manera.

- Respecto de las funciones de FF.AA. en la protección de fronteras, ¿sigue creyendo que no eran pertinentes?

- Las Fuerzas Armadas no pueden realizar labores policiales si no hay Estado de Excepción. Entonces, por eso, cuando cuando se plantea esa posibilidad, nosotros dijimos: mire, las FF.AA. no pueden realizar labores directas, sólo lo pueden hacer con un carácter de colaboración, no son policías. Carabineros es quien tiene a su cargo el resguardo de las fronteras y, por lo tanto, no quedó así como quería el Ejecutivo, a pesar de que uno entendía que habían buenas razones. Pero a veces la legalidad no da para que se haga lo que quiere hacer el Ejecutivo. Entonces ahí se produce una tensión más que presión, diría yo, una tensión que se produce entre lo que va a decir la Contraloría y lo que pretende hacer el Ejecutivo. Y allí, obviamente que nosotros sólo tenemos una posibilidad que es la que el marco jurídico permite.

- ¿Pero hubo momentos en que se sintió superado? Durante el estallido social, por ejemplo.

- El estallido social fue un momento bien difícil y de mucha tensión, obviamente también con el Ejecutivo. Nosotros como institución recibimos más o menos 600 denuncias respecto del uso de la fuerza, o sea, fueron cientos de denuncias que recibimos. Algunas bastante graves, que son hechos por todos conocidos y eso evidentemente que generó una tensión, sobre todo respecto del Ejecutivo y con interior. Y respecto de Carabineros de Chile, obviamente.

- ¿Y usted llegó al convencimiento que se habían violado los derechos humanos?

- Lo que nosotros dijimos fue que nosotros no podíamos investigar las 600 y tantas denuncias. Aparentemente lo que había era un parámetro de incumplimiento de los reglamentos de uso de la fuerza. Tomamos los reglamentos, los contrastamos con las denuncias, con los hechos que habían, y vimos qué responsabilidad tenía el Alto Mando. Y ese fue el sumario que hicimos y ahí determinamos que en algunos casos, no en todos, había responsabilidad. Nosotros hicimos sumarios a siete generales de Carabineros y hubo tres que estaban absueltos.

- ¿Pensó que el país se caía durante el estallido?

- Yo creo que la sensación con la que yo me quedé de esos momentos fue de gran incertidumbre para todos. No estábamos preparados para una cosa así. Creo que la actuación de las policías da cuenta también de la falta de de preparación que había para enfrentar una situación tan grave como la que estaba ocurriendo. Eso sí, me parece que hubo una salida institucional que es la que estamos todavía viviendo, que fue la de los dos procesos constitucionales.

- Visto en retrospectiva, ¿el Cosena no debió ser convocado?

- Se citó al Consejo de Seguridad Nacional y en algún momento se me criticó porque yo dije que esto no era un problema de seguridad de la nación, sino de graves alteraciones del orden público. No era la herramienta para poder enfrentar el problema. No era una guerra o una situación de crisis internacional que ameritase la situación del Cosena.

- Usted dice que la corrupción es cíclica. ¿Estamos en una ola ascendente?

- Es difícil de decir, porque uno no tiene los elementos para medir la corrupción. Si uno mira los indicadores de corrupción, por ejemplo, el de Transparencia Internacional, que es el que se usa siempre, puede decir que Chile está estancado, que no está ni mejor ni peor que hace ocho años. Estamos iguales o al menos en el mismo lugar. Pero si uno mira el Índice de Estado de Derecho, por ejemplo, que es otro mucho más complejo y que atiende a la posibilidad de reaccionar frente a fenómenos de corrupción con las instituciones que existen, Chile está muy bien parado. Sé que tal vez sea políticamente incorrecto decirlo, pero no hay que olvidarse que hace algunos años hubo un ministro al que le regalaron un caballo corralero y no pasó mucho con eso. Esa idea hoy sería inaceptable.

- Pero hoy nos seguimos enterando a cuentagotas de los casos de corrupción o vemos cómo La Moneda blinda a Miguel Crispi para que no acuda a la Cámara.

- Tengo que decir que tuvimos un acceso pleno a la información que tenía el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para mí fue un poco rara la situación del jefe de asesores de no comparecer al llamado que le había hecho la comisión, porque más allá del estatuto legal de su contrato, es evidente que es una persona que está en una posición de poder o que estuvo en una posición de poder, porque había sido subsecretario, y tiene que rendir cuentas.

- Otro capítulo emblemático es el Caso Audio, que parece concentrar todas las caricaturas de la corrupción. ¿Cuál es su percepción?

- Primero, tengo que decir que es un caso donde la Contraloría no tiene injerencia porque, por ejemplo, respecto de uno de los servicios que se han citado, que es la Comisión para el Mercado Financiero, la Contraloría no tiene facultades. Es una cosa muy, muy increíble . No podemos hacer una investigación en la CMF porque no tenemos facultades. Eso quedó así en la ley, una ley no tan antigua. Por querer darle una malentendida eficiencia a los servicios y sacarle el control,al final ocurren este tipo de situaciones.

- ¿Y qué pasa con el Servicio de Impuestos Internos?

- Podríamos hacer algo ahí, pero en este momento estamos esperando que avance más el sumario interno que ellos están realizando. En estricto rigor de lo que estamos hablando aquí también es de cómo privados se ponen de acuerdo para corromper a públicos. Eso fue lo que lo que ocurrió o lo que se supone ocurrió.

- ¿Dónde ve usted que existen las mayores opacidades? Ya me habló de los municipios.

- ¿Opacas en el sentido de oscuras y que hay que alumbrar? Yo creo que hay una mezcla de dos elementos que hacen que se produzca esa opacidad que usted dice. Por un lado está esa discrecionalidad en el uso de recursos y, por otra, el abuso del trato directo. En algunos lugares se compra directamente más de lo que corresponde o abusan haciendo una interpretación demasiado extensiva de las causales de trato directo. Eso es un caso típico de opacidad, pero también la debilidad institucional. Eso a mí me parece que es muy importante decirlo y de tenerlo en cuenta: estamos en un proceso importante de descentralización en que se están transfiriendo recursos y competencias a los gobiernos regionales, pero no todos tienen la misma fortaleza institucional para ejercer tales competencias o gastar esos recursos.

- ¿Incapacidad, dice usted?

- Fíjese en que la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales durante el año pasado estuvo toda concentrada a fin de año y eso da cuenta de una mala planificación del gasto y, sobre todo si esto se hizo a través de transferencia, da cuenta de que hay una imposibilidad de llevar a cabo proyectos de inversión, por ejemplo, y que simplemente los recursos públicos se invierten o más bien dicho, se transfieren. Yo sé que los gobernadores regionales, algunos de ellos, están muy enojados conmigo, por lo que digo. Pero de verdad lo hago con un afán constructivo.

- ¿Es el narcotráfico un tema que le preocupe o que usted haya detectado que está penetrando enlos servicios públicos?

-Me preocupa como ciudadano, pero desde el punto de vista del ejercicio de nuestras facultades no tenemos acceso, obviamente no tenemos esas facultades intrusivas que tiene Ministerio Público, y por lo tanto no tenemos una percepción de que haya una penetración así tan evidente del narcotráfico en en los servicios públicos en general.

- ¿Qué le recomendaría a su sucesor mirar con detención?

- A nivel municipal, ahí hay de todo. O sea, hay desde mala fe, evidentemente para cometer irregularidades, pero también hay mucha desprolijidad, desorden y también personas que no tienen la capacidad para manejar esos recursos.

- ¿Usted cree que no veremos más casos como el de Convenios en el futuro inmediato?

- Si uno tiene una buena institucionalidad, no debieran volver a ocurrir. A mí no me cabe duda, por ejemplo, que el caso del Estado tiene como dos pisos o dos niveles. A nivel ministerial esto se va a solucionar, o sea, no creo que haya un Caso Convenios de nuevo con otros ministerios de inmediato. Espero no equivocarme.

"A nivel municipal hay de todo, desde mala fe para cometer irregularidades, como desprolijidad, desorden y falta de capacidades".