Esta semana el Presidente Gabriel Boric presentó la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP) que está orientada a mejorar los estándares de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. Asimismo la directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, hizo un balance de cómo se ha avanzado en las propuestas que presentó la Comisión para la Probidad y la Transparencia, que ella misma presidió, en agosto pasado.

En el primer punto, ha llamado la atención el anuncio del Mandatario de levantar el secreto bancario para evitar la evasión y elusión fiscal. "Yo no estoy a favor de que, porque seas sospechosa o autoridad no tengas secreto bancario. Creo que todos tenemos derecho a cierta privacidad", dice Jaraquemada, quien, sin embargo, sí considera que es un paso positivo que "las entidades fiscalizadoras e investigadoras puedan hacer su rol de manera mucho más eficaz", siempre resguardando la privacidad, pero consiguiendo ser "mucho más ágil" en el tema.

- Esta propuesta es parte de la ENIP. ¿Qué opina de ésta?

- Creo que es una buena noticia por varios aspectos. Primero, es la primera en su estilo donde, efectivamente, hay una visión de Estado, o sea, hay compromiso del Senado, de la Cámara de Diputados, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Contraloría, de muchas entidades autónomas, no sólo del Gobierno. Eso es algo muy bueno, porque necesitamos esa coordinación y esa interacción de todas las entidades que colaboran en la lucha contra la corrupción, si no, no tiene el efecto deseado (...). Creo que tiene una mirada a largo plazo, lo que también es muy bueno, porque, en general, somos más cortoplacistas. Lamentablemente los Gobiernos de cuatro años en muchos de estos temas no tienen el tiempo suficiente para lograr adoptar una política pública e implementarla, entonces es bueno darle cierta continuidad, todo esto con la independencia y autonomía que tiene cada Gobierno que asume, pero es bueno darle esta mirada de Estado de largo plazo.

- En la evaluación de la Comisión que presidió dice que un 35% del total de las medidas presentadas presentan avances. ¿Usted cree que no se ha avanzado con la rapidez que se requiere?

-Las políticas públicas toman tiempo. No se hacen de la noche a la mañana y han pasado sólo tres meses desde que nosotros entregamos el informe. Sí hay avances. De hecho, dentro de la Ley de Presupuesto que recientemente aprobó el Congreso, se recogen varias de nuestras recomendaciones que tienen relación con la regulación de transferencias para evitar la discrecionalidad, para que haya más control, más objetividad, más transparencia, más rendición de cuentas. (...) Hay un compromiso del Ejecutivo, y esperamos que se cumpla, de ingresar un proyecto de ley que dé el marco de las transferencias del Estado permanentemente. Se han presentado indicaciones en otros proyectos de ley como el de integridad municipal, como en la ley de transparencia. Por lo tanto, vemos avances, pero efectivamente hay muchos temas que son iniciales, porque han pasado tres meses, pero no sólo eso, sino que además requieren de una colaboración de otras entidades autónomas u otros poderes del Estado; no todo es sólo atribuible al Gobierno. Entonces, la evaluación que nosotros hacemos también tiene una mirada de Estado, no sólo una al Gobierno el que, en algunas cosas, podríamos decir que ya cumplió con lo que le correspondía; pero nosotros no lo damos por cumplido satisfactoriamente, porque la propuesta en sí aún no está totalmente ejecutada.

- Hay que aprovechar el momento, además, que hay una sensibilidad especial en la ciudadanía, porque se percibe una mayor corrupción.

- En general la percepción interna siempre ha sido mucho más alta que los índices internacionales que nos miden, y de eso hay que hacerse cargo. (...) Es importante darle señales claras a la ciudadanía, al menos, en lo que tiene que ver con las reformas y la parte política, de que aquí se van a tomar cartas en el asunto para que estos casos no se vuelvan a repetir; y, en paralelo, lo que tiene que ver con las investigaciones que lleva Contraloría o el Ministerio Público, si es que se detecta que efectivamente hubo personas que actuaron de manera irregular, va a caer todo el peso de la ley sobre ellas. Eso es lo que necesitamos, las dos cosas. Si nosotros miramos desde el año 90, con el retorno de la democracia, cuando ha habido escándalos de corrupción que golpean fuertemente a la institucionalidad, tenemos reacciones: se generan comisiones, reformas institucionales, y eso está muy bien; pero también necesitamos lo otro, la persecución y las sanciones, porque acá tampoco puede haber impunidad. Eso con el tiempo ha ido mejorando (...), entonces, yo espero, que en estas nuevas irregularidades que estamos viendo tanto en municipios como en el sector privado, como el Caso Convenios, no haya impunidad.

- ¿Hay que tener más ojo con los municipios? Parece que han tenido manga ancha, sobre todo, a través de las Corporaciones.

- Sí, y es lamentable, porque esto se viene comentando hace algún tiempo. Si nosotros miramos el informe de la Comisión Engel, que es del año 2015, la mayor parte de las recomendaciones se las dedicó a los municipios y el avance, hasta el día de hoy, ha sido poco. Hubo muchos avances en temas de financiamiento de la política, de partidos políticos, se perfeccionó la Fiscalía Nacional Económica, se creó la Comisión de Mercado Financiero, se aumentaron las sanciones los delitos de corrupción. Hubo avances, pero el tema municipios siempre fue uno de los más rezagados y creo que hoy día estamos viendo las consecuencias de aquello. Creo que estamos llegando un poco tarde, pero tratando de mirar el vaso medio lleno, se está discutiendo el proyecto de ley que viene a fortalecer a los municipios propiamente tales, el rol del Concejo como contrapeso al alcalde o alcaldesa, mucha más rendición de cuentas, más transparencia, etc., pero también mayor control sobre las corporaciones municipales.

- ¿Hoy no existe ese control?

- Es complejo. La verdad es que la Contraloría ya sacó el año pasado, en diciembre, un dictamen donde decía que una serie de regulaciones se les aplicaban a las corporaciones municipales, básicamente, porque son entidades que están controladas por municipios, por lo tanto, por entidades públicas, reciben altísimos montos del Presupuesto Público y, la verdad, es que lo que realizan son funciones públicas. Entonces, Contraloría ya dijo: "Usted tiene que regirse por la ley de trasparencia, la del lobby, la declaración de intereses y patrimonio, la ley de compras públicas", pero muchas de ellas se han resistido (...). Esta ley lo vendría a establecer de modo bastante claro y, por lo tanto, no podría haber una diferencia de interpretación,

- Entre los temas que considera urgente, según ha dicho, está el tema del beneficiario final de la entidad jurídica. ¿Cuál es la importancia de esta propuesta?

- Esta es una propuesta que se viene haciendo desde Chile Transparente y otras organizaciones hace casi 10 años. (...) A nosotros nos han dicho que en las próximas semanas efectivamente estaría ingresando el proyecto; y ojalá que se le dé prioridad a su discusión y que en el Congreso se hagan los perfeccionamientos que sean necesarios, pero que se apoye esta propuesta, porque la verdad es que es una política pública que ha demostrado ser muy eficiente para atacar varios males: el lavado de activos, los conflictos de interés, la evasión y elusión tributaria, el crimen organizado, el financiamiento del terrorismo. Finalmente lo que permite es que muchas entidades fiscalizadoras - Servicio de Impuestos Internos, Comisión de Mercado Financiero, el Ministerio Público, la propia Contraloría, etc.-, puedan tener información sobre quienes son las personas de carne y hueso que están detrás de sociedades o empresas o distintas personas jurídicas, como también corporaciones y fundaciones. (...) Nosotros la propusimos en la Comisión a raíz del Caso Convenios, pero si uno mira el Caso Audios, donde se menciona una gran cantidad de empresas y sociedades, si este registro existiera, para las entidades fiscalizadora sería mucho más fácil tener claridad y un mapa de quién es quién y quién está detrás, y qué vínculos hay. (...) La verdad, es que el Caso Audios viene a reforzar un poco la urgencia y la necesidad de este registro.

- ¿Cuándo el país podría estar más fortalecidos en transparencia, considerando que además en cuatro años más puede haber otras necesidades?

- Sí, ése es el gran desafío. Primero que todo llevamos desde el 2012 tratando de modernizar o actualizar la Ley de Transparencia que se aprobó el año 2008 y que entró en vigencia el año 2009. Llevamos ya 11 años tratando de reformala y todavía no se logra. Cuando me dicen "la Ley de Transparencia 2.0", yo en mi cabeza ya pienso en la 5.0, porque ya han pasado 11 años, las tecnologías de la información son distintas, las necesidades de las personas son distintas. Creo que ése es un gran desafío: efectivamente poder modernizar y actualizar las cosas a tiempo, no con tanta demora. Segundo, tener súper claro que esto es algo dinámico, evolutivo, no es algo estático, entonces nosotros debiéramos mantener el impulso de estar como revisando y tomando aprendizajes y lecciones de la implementación cada cierto tiempo para ir modernizando y actualizando las instituciones, sin tener que esperar el próximo escándalo. 2

(El beneficiario final de la entidad jurídica) es una política pública que ha demostrado ser muy eficiente para atacar varios males: el lavado de activos, los conflictos de interés, la evasión y elusión tributaria".

Flor Arbulú Aguilera

flor.arbulu@mercuriovalpo.cl

"

María Jaraquemada también presidió la comisión de Probidad que nació tras el caso convenios.