Hace algunos días, la Universidad San Sebastián lanzó el Observatorio Climático USS, una herramienta que permite monitorear y analizar las condiciones climáticas y entregar datos cruciales para la gestión de riesgos asociados a distintas variables, entre ellas los incendios forestales. Como integra información de hora y lugar para temperatura, humedad relativa, viento, precipitación y la humedad del combustible fino muerto, el sitio es un complemento muy útil para las autoridades que deben tomar decisiones ante la amenaza de siniestros de envergadura en todo el país. Ayer, el mapa instalado en la web del observatorio mostraba una gran mancha roja que se extendía de cordillera a mar y desde Illapel hasta Collipulli, una zona de peligro expandido que reunía todas las condiciones para desatar otra emergencia importante, como la vivida en Limache el sábado. La iniciativa de la USS es un ejemplo notable de cómo el mundo académico puede poner a disposición de la población en general un medio para estar alerta, pero también muestra la necesidad de construir una matriz de riesgos que sea capaz de guiar decisiones de política pública e iniciativa privada. Los incendios en ciudades que tienen alta presencia de material combustible cercano a zonas residenciales existen de mucho antes que hubiera esta profundización del cambio climático que genera olas de calor y baja humedad tan peligrosas; por lo mismo, los ciudadanos de todo el país, y particulamente los de la Región de Valparaíso, requieren que ideas como el Observatorio Climático se multipliquen y permitan orientar sus resoluciones de vida, en el corto y largo plazo, como una ayuda auxiliar que se sume a los dispositivos que Senapred ya tiene en marcha para los momentos de desastres. Hay capacidad académica y profesional en la zona para materializar un proyecto de estas caraterísticas, sólo falta un liderazgo que lo ponga a funcionar.

Los países requieren inversiones, en especial en infraestructura, para desarrollarse y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Se trata de obras que brindan una mayor movilidad, más servicios a los ciudadanos y optimizan sus oportunidades de crecimiento, a través de la generación de empleo.

La realidad muestra que en Chile la inversión -como formación bruta de capital fijo- ha caído: pasó de representar del orden del 27% del PIB en 2013 a un 22% hoy. De este monto, el 65% corresponde a construcción y el resto a maquinarias y equipos; y de la inversión en construcción, el 70% es infraestructura.

Según un informe de la Cámara Chilena de la Construcción de 2021, se requerirán alrededor de US$ 177 billones (miles de millones) en infraestructura entre 2022-2031. Dadas las restricciones presupuestarias, el Estado podría asumir del orden de un 40% y las empresas privadas y estatales podrían participar con un 33% adicional.

Por esta razón, la asociación pública-privada es y será relevante para la concurrencia de capitales privados adicionales necesarios para la inversión en infraestructura de uso público. Esto ha sido posible por la existencia de la Ley de Concesiones, que ha permitido un aporte significativo en grandes proyectos, como autopistas, hospitales, cárceles, aeropuertos y otros.

En esa línea, la Ley de Financiamiento Urbano Compartido (FUC) cumplió 20 años en abril, permitiendo a los Servicios de Vivienda y Urbanismo y a las municipalidades captar recursos privados para realizar proyectos. Esta norma permite "celebrar con terceros contratos de participación, destinados a la adquisición de bienes o a la ejecución, operación y mantención de obras urbanas, a cambio de una contraprestación consistente en otorgar derechos sobre bienes muebles y/o la explotación de uno o más inmuebles u obras".

La mayor parte de la infraestructura se debería materializar en espacios urbanos. Así, a través del FUC, se podrían construir centros de salud, colegios, jardines infantiles, veredas, plazas y parques y estacionamientos, entre otros. Se trata de iniciativas de menor escala donde la Ley de Concesiones no es el instrumento más adecuado.

Esta ley -bien intencionada- ha presentado debilidades. Entre ellas están el desconocimiento de la ley; hay barreras para las empresas pequeñas y hay un alto riesgo asociado al éxito del proyecto. Además, no hay un tratamiento que incentive la iniciativa privada, ya que no existe un régimen de reembolso a todo evento de los estudios; no hay un sistema objetivo en cuanto a su valoración y tampoco "premios" a la licitación en que se haya presentado la iniciativa privada, entre otras críticas. Estamos convencidos que esta legislación debe tener modificaciones y una buena difusión, pues podría ser un gran instrumento para potenciar inversión regional y municipal. El diálogo entre diversos actores nos permitirá identificar oportunidades de cambios a esta regulación valiosa, pero subutilizada.