El pasado mes de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó en primer trámite constitucional un proyecto de ley que pretende modificar la Ley de Navegación y la Ley de Fomento a la Marina Mercante, con el fin de modificar la regulación del cabotaje marítimo, permitiendo la participación de naves extranjeras y promover una mayor competencia, lo que redundaría, según algunas estimaciones, en una reducción cercana al 20% de los costos de transferencia de algunas cargas dentro del país y cuyos principales beneficiados serían las estatales Enap y Codelco. Esta mayor competencia se obtendría, según el proyecto y en términos generales, mediante la autorización para que naves que realizan transporte marítimo internacional puedan aprovechar de movilizar carga nacional en su paso por los puertos nacionales, la modificación de manera más restrictiva de la definición de cabotaje y la creación de normas especiales que permitan el ingreso de naves o capitales extranjeros para realizar de forma regular cabotaje.

Probablemente, la mayoría coincidirá que con el paso del tiempo se veía como necesaria una actualización de estas normas, pero lo que llama la atención y debe generar preocupación es que en este proyecto de ley no se observa ninguna norma que apunte al verdadero fomento de la Marina Mercante Nacional, por el contrario, insistir en un proyecto como este y bajo las condiciones que se plantea es prácticamente poner una lápida a dicha actividad en nuestro país. Llama la atención que sea el actual Gobierno el que impulsa un proyecto que tiene como único fin la reducción de los costos gracias a una mayor competencia incorporando mayor mercado a la actividad marítima. El problema es que al parecer han olvidado un elemento esencial de la competencia en la economía de libre mercado: la igualdad de condiciones para quienes compiten. La actual Marina Mercante Nacional que desarrolla el cabotaje debe tener naves con bandera nacional con empresas nacionales y dueños y administradores nacionales; de esta forma, un buque con bandera chilena está obligado a cumplir con la normativa laboral, tributaria y ambiental que cada vez, con mayor fuerza, regula las distintas actividades económicas en Chile. A su vez, están obligados a contar con tripulantes chilenos. Sabido es que existen en el mundo banderas de conveniencia que son más permisivas precisamente en términos tributarios, laborales y ambientales para sus dueños y que tampoco exigen nacionalidad alguna para sus tripulantes. De esta forma, entonces, obligaremos a competir de forma desigual a nuestra Marina Mercante Nacional con otros buques.

El resultado es evidente, pues si debo pagar menos impuestos y no cumplir regulaciones laborales o ambientales, naturalmente puedo ofertar un menor precio y de esta forma estrangular al que actualmente presta el servicio, que es la Marina Mercante Nacional, precarizando de paso una importante actividad económica de nuestro país.

Insistir en un proyecto bajo estas condiciones es, además, desconocer la actividad de nuestra Marina Mercante Nacional, la que al menos en la zona sur austral registra un crecimiento sostenido que ha aumentado en un 200% la cantidad de naves en los últimos 20 años, con cerca de 300 naves mayores en la actualidad distribuidas en más de 100 armadores distintos, que da empleo a más de 4.000 tripulantes y genera empleo directo o indirecto de cerca de 20.000 personas. Todo este gran avance y desarrollo que se ha logrado mediante el esfuerzo de capitales fundamentalmente locales es lo que está hoy en riesgo, pisoteando así el ímpetu de nuestras zonas más extremas por mirarlo desde una oficina en Santiago o Ñuñoa.

Parafraseando a Nelson Vásquez, rector de la PUCV, "Chile se ve distinto desde las regiones". Es por ello que es urgente que los senadores vean este proyecto con una mirada distinta y que entiendan lo catastrófico que puede significar insistir en él así como se plantea. Terminar con la Marina Mercante Nacional no sólo tendrá un grave efecto en la economía de la zona sur austral y en la precarización de las condiciones laborales de quienes en ella se desempeñan, también implica riesgos naturales en materia de defensa, pues es esta Marina Mercante la que habrá de responder como soporte vital en caso de un conflicto internacional y, en vez de ello, tendremos un sinnúmero de naves y tripulaciones de países vecinos o lejanos recorriendo libremente nuestros mares y canales.

Es de esperar que la ley de cabotaje que actualmente se discute en el Parlamento, se convierta realmente en una ley de fomento a la Marina Mercante Nacional.