Más de 2 mil casas no tienen permiso en Limache, varias en zona de riesgo
URBANISMO. Contraloría expone que muchas están en áreas de riesgo de incendios forestales. Abogada alerta sobre incumplimiento de norma que obliga a incluir dichas zonas en los planes reguladores.
La Contraloría General de la República evacuó un informe que da cuenta de más de 2 mil construcciones que no tienen permiso de edificación en Limache y que se encuentran emplazadas en zona de riesgo de incendio, determinada por Conaf, lo que cobra relevancia luego de los siniestros forestales que han azotado a la comuna, dejando 13 viviendas destruidas por las llamas e incluso el hallazgo de osamentas humanas, que podrían corresponder a una víctima del fuego.
El informe del ente fiscalizador señala que "del levantamiento realizado se constató que de los 2.865 predios que presentan construcciones en el área rural, 2.207 carecen del respectivo permiso de edificación, lo que equivale al 77% de ese total".
El informe establece que "existen construcciones con destino habitacional y que no cuentan con permiso de edificación y que se encuentran en el rango alto y medio alto del mapa de priorización de áreas de incendios forestales de la comuna de Limache elaborado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf)".
Especialista advierte
Al respecto, la abogada Jeanette Bruna, académica de Derecho Urbanístico de la PUCV, advirtió que Contraloría ordenó "realizar un sumario por posibles responsabilidades administrativas derivadas de la falta de fiscalización de las construcciones sin permiso en zona rural, tomar medidas que pueden ir desde multas hasta órdenes de demolición si no regularizan, y a la vez exigió cumplir los principios de proactividad y coordinación para la prevención del riesgo de incendios en las zonas rojas priorizadas en el plano Conaf.".
Por otro lado, la especialista destacó que "desde el megaincendio de Valparaíso de 2014 hemos expuesto la necesidad de incorporar con urgencia las áreas de riesgo de incendio en la planificación urbana, así lo exige la circular DDU desde esa época, pero aún no sucede, ni existen directrices específicas al respecto".
Por lo tanto, añadió, "si hoy alguien pide un permiso, el DOM (director de Obras Municipales) no podría negarlo ni exigir estudios de mitigación del riesgo porque el respectivo instrumento de planificación territorial no lo contempla, labor que está a cargo de la Seremi Minvu o del municipio, según la zona a regular".
"Han pasado ya casi diez años y todavía en la región no cumplimos con lo que nos ordenó el ministerio, incorporar las áreas de riesgo a los planes reguladores", alertó Bruna.
Lo que atañe al municipio
Consultado al respecto, el alcalde de Limache, Daniel Morales, explicó que "lo que involucra directamente a los municipios son los planes reguladores comunales, que en general abarcan sólo zonas urbanas, y esas zonas urbanas tienen un trabajo de prevención y de riesgo con otros servicios que no necesariamente son la Conaf, que esencialmente se aboca y se enfoca en zonas de carácter rural. Y las zonas rurales están reguladas por los planes reguladores intercomunales, que son instrumentos de planificación que desarrollan los gobiernos regionales con el Ministerio de Vivienda, y no los municipios de manera directa".
En tal sentido, añadió que "por esa razón, el Plan Regulador Satélite La Campana, que es el que incorpora a Limache y que ha estado detenido por muchos años, hoy día recién vuelve a cobrar vigor y empieza nuevamente a revitalizarse su confección, que de acuerdo a lo que se nos ha informado, estaría considerando dentro del análisis de riesgo, obviamente la variable incendios forestales, y obviamente la variable Conaf en su ejecución, lo que para nosotros es bien valioso y bien importante".
En tanto, el concejal limachino Joel González planteó que el informe de Contraloría "denota, efectivamente, una falta de control por parte de la Dirección de Obras Municipales en el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pero también dejen evidencia el exceso de libertad que han tenido las empresas inmobiliarias, que han ofertado predios rurales aduciendo que son para fines agrícolas, forestales o ganaderos, pero terminan siendo con propósitos habitacionales".
Frente a ello, considera necesario "dotar a los municipios de mayores atribuciones en términos del ordenamiento territorial en aquellas áreas que están fuera de las zonas que comprende el Plan Regulador Comunal".
A su vez, el consejero regional Manuel Millones, presidente de la comisión de Ordenamiento Territorial del Core, expresó que "efectivamente, la ordenanza general después del gran incendio del 2014 en Valparaíso se actualizó e incorporó el incendio como factor de riesgo en los instrumentos de ordenamiento territorial, ya sea los de ámbito local, como intercomunal. No obstante, la norma no estableció plazos, y esa situación deriva en que los municipios no han incluido en sus planes reguladores esta norma, y algo similar acontece con los planes intercomunales".
Se están incorporando
Millones precisó que "en el caso del Premval (Plan Regulador Metropolitano Valparaíso) el Minvu adjudicó recientemente a una consultora la actualización del instrumento de planificación territorial para incluir las zonas de riesgo en el Gran Valparaíso; y en la actualización de los estudios del Plan Intercomunal La Campana, también se incluirá el incendio como factor de riesgo".
"Ahora bien, el problema es que el crecimiento de las ciudades es muy dinámico, lo mismo que en la zonas rurales, y la actualización de los planes reguladores e intercomunales, por la complejidad de los mismos, su tramitación es de largo tiempo, incluso pueden ser décadas, y por lo mismo he propuesto que esta norma de riesgo por incendio pueda ser incluida en los planes de ordenamiento territorial vía enmienda, de modo de tener una tramitación exprés y no se llegue tarde", destacó Millones.
El consejero advirtió que, "tal como lo señala la Contraloría, en muchas comunas en el sector rural hay construcciones sin permisos de la DOM y allí los municipios miran para el lado y no aplican la ley, por ser ciertamente una medida impopular, pero que puede traer consecuencias cuando suceden este tipo de hechos".
Por su parte, el diputado Diego Ibáñez, del Distrito 6, sostuvo que "el crecimiento de la ciudad es irregular, toda vez que el derecho a la vivienda no está garantizado. En Chile faltan más de 600 mil viviendas, y frente a eso la gente lotea terrenos irregulares, compra esos loteos y construye su propia vivienda. O hay inmobiliarias que arman proyectos en zonas rurales y que no los regularizan para que puedan vender esas propiedades".
Ibáñez subrayó que "es un problema cuya piedra angular está en la falta de acceso a la vivienda y que desordena la ciudad, deterioran los ecosistemas rurales y que no consideran estar construyendo sobre zonas de riesgo, y eso es un problema. Eso es lo que pasa en Valparaíso, en las periferias, y es algo que hoy con el Plan de Emergencia Habitacional estamos combatiendo".
"Todavía en la región no cumplimos con lo que nos ordenó el ministerio, incorporar las áreas de riesgo a los planes reguladores".
Jeanette Bruna, Abogada urbanista
"Las zonas rurales están reguladas por los planes reguladores intercomunales, que desarrollan los Gores con el Minvu, y no los municipios".
Daniel Morales, Alcalde de Limache
77% de construcciones en zonas rurales de Limache no tiene permiso de edificación, indicó la Contraloría.