Los resultados de la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) se convirtieron en la última evidencia empírica del estancamiento educacional que afecta a Chile desde hace al menos una década. En comparación con la última medición, realizada en 2018, el país retrocedió 5 puntos en Matemática, asignatura en la que las mujeres retrocedieron 11 puntos, y se duplicó la brecha de género. En Lectura, en tanto, Chile descendió 4 puntos y las mujeres bajaron 11 puntos, lo que se traduce en que un tercio de los estudiantes no demuestra competencias básicas de comprensión lectora. Esto pone a la educación chilena bajo el promedio del resto de los países de la OCDE y sólo levemente sobre los resultados de América Latina.

Más allá de los negativos efectos provocados por la suspensión de clases debido a la pandemia -que en nuestro país alcanzaron el poco honorable récord de 250 días-, los resultados de PISA son el corolario de malas decisiones de política pública, implementaciones deficientes y un declive casi irreparable en el prestigio de los establecimientos emblemáticos que solían integrar buenos estudiantes de distintos niveles socioeconómico. Los expertos alertan sobre la brecha que se aprecia entre mujeres y hombres, así como la distancia cultural que comienza a aparecer entre los aprendizajes de chilenos y de estudiantes migrantes, pero advierten que también debería haber preocupación por algunas respuestas específicas dadas por los escolares nacionales, como que los dispositivos electrónicos representan una distracción excesiva, las salas presentan condiciones que afectan la concentración y los establecimientos no entregan la sensación de seguridad necesaria para los aprendizajes significativos. El desafío para la autoridad es doble, porque junto con el reforzamiento de los contenidos y los ajustes necesarios a las metodologías de enseñanza, deberá atender a cómo se gestionan las escuelas y liceos del país, el entorno físico donde los estudiantes deberían encontrar las mejores oportunidades para aprender.

Existe una sensación generalizada de que el desafío chileno en materia laboral consiste en recuperar lo que se perdió durante la pandemia. En la Región de Valparaíso faltan 24.400 puestos de trabajo por recuperar y la tasa de desempleo llegó a un 8,6% en su última medición. Sin embargo, nuestro mercado laboral comenzó a mostrar señales de deterioro desde antes del covid-19, desde hace 10 años, situación que se aceleró en los últimos dos, lo que refleja una economía que ha perdido su dinamismo y capacidad de crecimiento.

Hay muchas formas para evaluar la situación laboral de una zona. Una de ellas es la tasa de desempleo, que mide el porcentaje de la fuerza laboral (personas que trabajan o quieren trabajar) que buscan trabajo sin éxito. Así, aumentos en la tasa de desempleo es señal de que la economía no está siendo capaz de crear los puestos laborales que la población en edad de trabajar está buscando. Si hacemos doble clic a los datos en la Región de Valparaíso, vemos que su tasa de desempleo comenzó a aumentar a partir del 2013, ascendiendo desde su mínimo de 6,5% hasta llegar al nivel de 8,1% a fines del 2019. Otra tendencia preocupante que mostraba la región antes de la pandemia fue un crecimiento positivo del empleo en el sector público junto a un crecimiento casi nulo del empleo privado. Esto no es una buena señal para el mercado laboral, pues el financiamiento del empleo público proviene del sector privado, siendo crucial recuperar el dinamismo en este último sector.

Por lo tanto, el mercado laboral de Valparaíso está en un debilitamiento hace diez años, que se ha profundizado en los últimos dos. Mismo deterioro se ve a nivel nacional. ¿Qué puede explicar este debilitamiento? El estancamiento económico. Al usar datos administrativos históricos, se puede ver que los empleos crecen junto al PIB per cápita de Chile, ambos estancados hace 10 años. Desde el 2013 la economía no crece y no logra generar los empleos para absorber el aumento de la oferta laboral, traduciéndose en las alzas de desempleo que comenzaron en ese año.

Necesitamos cambios relevantes para recuperar el dinamismo económico. Desde Pivotes impulsamos tres propuestas que apuntan a esto: 1) Que los montos de indemnización por despido converjan a los niveles que predominan en la OECD, y que sea a todo evento. Esto facilita la contratación de trabajadores y su movilidad hacia empresas más adecuadas para ellos, lo que se traduce en aumento de productividad y salarios. 2) Avanzar a un régimen tributario de empresas único y simple, competitivo a nivel internacional. 3) Reformar al Sistema de Evaluación Ambiental y de permisos sectoriales, con miras a acortar los plazos asociados y reducir la incertidumbre del proceso.

Diez años de debilitamiento del mercado laboral chileno es señal de que estamos ante una crisis estructural. Ante una crisis estructural necesitamos cambios estructurales. Las propuestas señaladas buscan avanzar hacia esos cambios y romper la inercia en la que estamos.