Sebastián Mejías O.

A un mes de que la Municipalidad de Casablanca presentara una querella criminal contra quienes resulten responsables de un presunto delito de fraude en la compra de un terreno durante la gestión del exalcalde Rodrigo Martínez (RN), ahora la Contraloría Regional emitió un informe que cuestiona la operación en varios puntos e instruye un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas en un plazo de 15 días.

La actual administración, liderada por el frenteamplista Francisco Riquelme (RD), denuncia que se pagaron $150 millones por un sitio ubicado en Lo Vásquez, pensado para la construcción de un centro deportivo, pero que su avalúo fiscal total, al momento de la celebración del contrato, apenas llegaba a los $40 millones. Desde el municipio afirman que "existen indicios suficientes de eventuales irregularidades que pudieran derivar en la comisión de un delito, toda vez que en la adquisición del inmueble de 2,5 hectáreas se pagó más del triple del precio".

Si bien la Contraloría no señala que el pago se efectuó por el triple del precio, deja claro que la anterior administración municipal "tuvo a la vista un único informe de tasación, en el que detalla la valorización de la propiedad por la suma de $168.392.100, sin que consten otras tasaciones". El ente fiscalizador añade que esta acción no se ajusta "a los dictámenes N° 64.729, de 2014 y 32.901, de 2015, ambos de esta Contraloría General, que indican que (…) para sustentar el justo valor comercial de los bienes raíces, deberán requerirse dos o más tasaciones practicadas por profesionales especializados en la materia o por entidades financieras".

Esta falla en el proceso de compra cobra relevancia, expone la Contraloría, ya que se comprobó que tiempo después de concretada la operación, un terreno no sólo similar, sino aledaño al adquirido por el municipio, incluso de la misma propietaria, "se remató a $1.965 el metro cuadrado, monto que es inferior en $4.035 a lo adquirido por esa entidad comunal".

"nos da la razón"

Luego de analizar el informe, el alcalde de Casablanca, Francisco Riquelme, dijo que "Contraloría nos da la razón respecto a la querella que presentamos por posible fraude". Los antecedentes más graves, a su juicio, apuntan a que "meses después se vendieron terrenos del mismo lote por menos de la mitad, es decir, a $1.965 el metro cuadrado, mientras que la administración pagó más de $4 mil por metro cuadrado".

En paralelo a la querella criminal que el municipio presentó, el jefe comunal anunció que instruirá "a la brevedad un procedimiento disciplinario, solicitado por la Contraloría, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, para así determinar las eventuales responsabilidades administrativas".

Terreno se ha valorado

Consultado por los hallazgos de la Contraloría en el análisis de la compra que hizo durante su gestión, el exalcalde Rodrigo Martínez (RN) insistió que los "valores están dados por el valor comercial y no por el avalúo fiscal". Es más, indicó que "el terreno que se compró bajo mi administración hoy es Zona de Extensión Urbana según el nuevo plan regulador, lo que, además, le da un mucho mejor valor actual".

Respecto de la única tasación para adquirir el predio, Martínez aclaró que "en el tiempo que se compró dicho inmueble no había norma expresa respecto a la obligación de tener más de una tasación, esto según lo informado por el director jurídico de la época".

Sobre esto último, desde la administración actual insisten que, según dictámenes de 2014 y 2015 de la Contraloría General, "deberán requerirse dos o más tasaciones". Por último, el exalcalde Martínez dijo tener entendido que "el equipo jurídico actual municipal no ha actuado con la prolijidad necesaria para aclarar estos temas con Contraloría, con el claro objetivo de desprestigiar el actuar de mi administración". Se trata, advierte, de un "tema político por las próximas elecciones de alcalde que tienen con temor a la actual administración ante una posible candidatura mía".

"Lo más grave es que meses después de la compra se vendieron terrenos del mismo lote por menos de la mitad, es decir, a $1.965 el metro cuadrado".

Francisco Riquelme, Alcalde de Casablanca (RD)

"Insisto que es un tema político por las próximas elecciones, que tienen con temor a la actual administración ante una posible candidatura mía".

Rodrigo Martínez, Exalcalde de Casablanca (RN)

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Cerca de 60 trabajadores tercerizados que prestan servicios de seguridad a la Municipalidad de Viña del Mar protestaron ayer, en el frontis de la casa edilicia, por el incumplimiento de parte de la empresa High Security en el pago de sus remuneraciones.

Según indican desde el Sindicato de Trabajadores de la empresa, un total de 218 funcionarios no han percibido aún el pago del mes de noviembre.

Gonzalo Mateluna, presidente del sindicato, detalló que "esta empresa hace rato no viene cumpliendo lo que dice la licitación para los trabajadores y guardias. Se deben horas extras; hay un atraso del mes de noviembre; no se están pagando los bonos, las cotizaciones".

El presidente del Sindicato Interempresas, Marcos Rojas, dijo que "esta es una de las empresas más malas que ha contratado el municipio, y sabiendo los antecedentes que tenía con otros contratos, igual la eligieron. Esa es la molestia".

Hubo advertencias

El concejal René Lues (DC) aseguró que advirtió al municipio de los malos antecedentes de la firma: "Al momento de aprobar este contrato planteé varias prevenciones y realicé dos presentaciones ante el Concejo, en las que detallé los incumplimientos de la empresa y la posibilidad real de que dejara de prestar servicios".

Añade que la propuesta de la empresa "planteaba contratar 148 trabajadores, más cinco reemplazos, lo que, a mi juicio, era absolutamente insuficiente, y terminaron finalmente contratando 183 trabajadores más 75 reemplazos, lo cual podía volver económicamente riesgosa la operación".

En tanto, el concejal Pablo González (PC) cuestionó que "esto es parte de una serie de hechos que dejan de manifiesto la informalidad laboral (de la empresa) con sus trabajadores".

Ambos concejales coincidieron en que el municipio debe dar término al contrato con la prestadora High Security.

El municipio local informó que mantiene al día los pagos con la empresa de seguridad High Security, añadiendo que "hemos sido drásticos con ellos en que deben pagar cuanto antes, ya que los servicios prestados al municipio se han pagado oportunamente".

"Hoy hay que preparar el camino para liquidar el contrato con esta empresa. No tiene un compromiso con sus trabajadores".

Pablo González, Concejal de Viña del Mar (PC)