A un año de la suspensión del espectáculo pirotécnico y sus lamentables consecuencias para el turismo, el panorama que viven hoteles, restaurantes y agentes de Valparaíso, Viña del Mar, Concón y otros puntos del borde costero regional para el Año Nuevo 2023 es diametralmente opuesto y augura una sincera reactivación económica. A ello ayuda no sólo la confirmación de que sí habrá show de fuegos artificiales en la bahía, sino también la coincidencia de un fin de semana largo, junto con un conjunto de actividades complementarias que invitan al regreso de los visitantes perdidos en diciembre de 2022. En muchos hoteles de Valparaíso las reservas ya se agotaron hace un par de meses, especialmente de turistas extranjeros que no desean perderse el retorno de los fuegos artificiales, y algo similar ocurre en la Ciudad Jardín, donde esperan el arribo de visitantes desde Santiago y otras zonas del país, para disfrutar la tradicional noche pirotécnica junto al mar.

Esta situación ayuda a la resignificación del turismo como una de las actividades económicas más importantes de la Región y deja en evidencia el maltrato que sufrieron aquellos negocios perjudicados por la descoordinación y los incumplimientos que frustraron el Año Nuevo en el Mar en 2022.

Sin embargo, conseguir las reservas y atraer a los visitantes es solamente la mitad de la tarea en este rubro. De que la experiencia de ese turista sea satisfactoria y acorde a las expectativas creadas dependen su decisión de volver y sus comentarios positivos, ambas herramientas claves para reposicionar a la zona en el cuadro de destinos destacados a nivel sudamericano. Para ello no sólo se necesita que los servicios contratados sean de buen nivel, sino que las ciudades sean capaces de mostrar orden urbano, limpieza, facilidades de transporte, seguridad, orientación y atractivos complementarios. Parte el verano y surge de inmediato la duda: ¿estarán Viña y Valparaíso a la altura del desafío?

El estallido social de octubre de 2019 fue un hecho que produjo importantes consecuencias en la sociedad chilena. Una de ellas fue el inicio de un proceso constituyente. A pesar de que en sus primeros días las manifestaciones ciudadanas no hacían alusión al establecimiento de una nueva Constitución, diversos actores políticos, aprovecharon el caos y la paralización del gobierno y sus partidos para instalar en la agenda la necesidad urgente de dar a Chile una nueva Constitución creada en democracia y que sentara las bases de un Estado social y democrático.

Aunque el compromiso original de la clase política fue que en caso de rechazarse la propuesta de la Convención Constitucional seguiría vigente la Constitución actual, durante la segunda parte del 2022 se impulsó en el seno del Congreso Nacional un segundo proceso constituyente. Este proceso 2022-2023 nos ha entregado una nueva propuesta constitucional producto del trabajo de la Comisión Experta y del Consejo Constitucional. Y acá estamos, nuevamente ad portas de otro plebiscito constitucional en menos de dos años.

En esta columna de opinión no me pronunciaré sobre las bondades o falencias de la propuesta constitucional que plebiscitaremos este domingo 17. A estas alturas, cada ciudadano decidirá en conciencia si votará "A favor" o "En contra", según sus preferencias políticas e ideológicas. Sin embargo, considero oportuno indicar que la Constitución Política de la República es un texto que por naturaleza debe tener una aspiración de transversalidad y ser capaz de regir como norma fundamental de una comunidad política, al margen del gobierno de turno y las mayorías parlamentarias contingentes. Entonces, la Constitución no es un programa de gobierno, no debe ser el reflejo de las ideas de las mayorías transitorias, tampoco es una solución mágica a todos los males sociales. La Constitución es una norma que establece las reglas básicas de convivencia social y política dentro de las cuales las distintas fuerzas políticas y la ciudadanía adoptan las decisiones sociales fundamentales.

Por lo mismo, lo que se votará este domingo 17 no es un examen al mandato de Gabriel Boric y de Apruebo Dignidad. La decisión respecto de esta propuesta no es un castigo al gobierno, por más que se piense que estamos en presencia de una élite que llegó al poder prometiendo cambiar la forma de ejercerlo y que en dos años ha demostrado ser igual que la clase política tradicional (incluso con las prácticas corruptas), y hasta ahora más incompetente que aquella que condujo los 30 años de prosperidad que llevaron a Chile al borde del desarrollo y que se encargaron de denostar de manera poco leal e irresponsable.

Las próximas elecciones municipales, presidenciales y parlamentarias serán el momento preciso para pronunciarse sobre el desempeño de este gobierno y los partidos que lo apoyan. Este domingo la decisión responde a otra lógica: se debe dilucidar si la ciudadanía confía o no en el proyecto de Constitución que se nos presenta luego de cuatro años de incertidumbre y despilfarro de recursos y confianzas. Esta es la decisión que está en juego y la debemos adoptar en conciencia y pensando en el futuro de Chile.