Agencias

El Gobierno de Javier Milei establecerá "consecuencias" para las más que previsibles protestas callejeras tras el severo ajuste económico, cuyas primeras medidas se conocieron el 12 de diciembre, apenas dos días después de su investidura. "Si se toma la calle, va a haber consecuencias" fue la contundente frase pronunciada ayer por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante la rueda de prensa en la que difundió el nuevo protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación.

Con ese protocolo, el Gobierno advirtió de que las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria) no permitirán cortes de calles y carreteras ni bloqueos a empresas como forma de protesta social o sindical.

Entre las medidas anunciadas están sanciones severas para quienes hagan, organicen, instiguen o sean "cómplices" de cortes; el registro de organizaciones implicadas; la prohibición de ir con el rostro tapado o llevar niños a las marchas; y la notificación a la Dirección de Migraciones si los participantes son extranjeros con residencia temporal.

Pese a que la que fuera ministra de Seguridad en el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) fue candidata presidencial de la coalición Juntos por el Cambio (centroderecha) y llegó al gabinete de Milei tras apoyarlo cuando quedó fuera del balotaje, la seguridad es uno de los asuntos en los que siempre estuvo más cerca de las posturas de La Libertad Avanza (ultraderecha).

Palabras como "orden" y "coraje" fueron el eje en la campaña de Bullrich junto al hoy ministro de Defensa, Luis Petri. "Sin orden no hay libertad. Y, sin libertad, no hay progreso", afirmó Bullrich, quien advirtió de que quedaba derogado el "protocolo garantista de Nilda Garré", en alusión a la exministra de Defensa y de Seguridad con los peronistas Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Con esto se refirió a una resolución de Garré de 2011, que aspira a resolver conflictos sin "daños para la integridad física de las personas involucradas y no involucradas en la manifestación". Para ello, prohíbe que los agentes porten armas de fuego, restringe el uso de porras de goma y obliga a que los uniformados estén identificados.

"Provocación"

Los cortes de calles son una estampa habitual en las calles argentinas, fundamentalmente en Buenos Aires por la concentración de poder del Estado. Según la consultora Diagnóstico Político, noviembre registró el segundo número más bajo de piquetes de 2023, con 568 -después de enero, con 356- frente al peak de 882 en agosto.

Partidos y movimientos sociales de izquierda consideraron una "provocación" las medidas represivas anunciadas por Bullrich, que son contrarias al "derecho de peticionar a las autoridades", escrito en el artículo 14 de la Constitución argentina. "Es una amenaza que nosotros la calificamos como ilegal", señaló el legislador del Partido Obrero Gabriel Solano.