En mayo de 2012, con la firma del Presidente Sebastián Piñera, el Gobierno Regional de Valparaíso selló la compra de diez ascensores privados que se mantenían en distintos estados de conservación y uso, para aplicar en ellos un ambicioso plan de recuperación técnica y administrativa, que incluía reparaciones de aquellos aparatos dañados y su incorporación a la red de transporte público, de tal forma que sus flujos de pasajeros tuvieran coherencia con el resto del sistema en operaciones. La idea iba incluso un poco más allá, porque el objetivo era -aún persiste- que cada funicular porteño pudiera convertirse en un centro de actividad turística, capaz de aprovechar su ubicación estratégica entre cerro y plan para atraer visitantes y conducirlos hacia zonas de alto atractivo, pero poco conocidas.

A once años de ese hito, la mitad de los ascensores presenta problemas o están derechamente detenidos. Para los usuarios, el Estado no ha sabido comprometerse a fondo para sacar adelante un medio de transportes que consideran esencial. Identifican a la burocracia y la falta de capacidad técnica para abordar los obstáculos que surgen en cada etapa como dos grandes dificultades que impiden recuperar los ascensores, aunque dichas ideas podrían extrapolarse a varios ámbitos del quehacer regional. Sin embargo, no deja de ser paradojal que uno de sus grandes temores sea el eventual hallazgo de restos arqueológicos -algo muy probable en el trazado de un ascensor de Valparaíso-, porque ello significaría un atraso monumental en un proyecto que ya se encuentra fuera de plazo hace años. Es una ironía que los esfuerzos por recuperar uno de los elementos patrimoniales más importantes de Valparaíso tenga como uno de sus principales impedimentos un procedimiento que busca rescatar objetos de valor histórico. En este caso, la contradicción no da para reírse.

Seré claro: si en el próximo plebiscito se aprueba el proyecto constitucional vamos a matar a las municipalidades, ello por el artículo que deja exento de pago de contribuciones a los propietarios de la primera vivienda, condenando para siempre a las comunas más pobres de nuestro país. No estoy exagerando.

La ciudadanía debe entender que lo que se está proponiendo en este texto es muy complejo, pues las municipalidades se alimentan económicamente del Fondo Común Municipal (FCM), el que tiene muchas maneras de financiarse, por ejemplo, mediante las patentes comerciales y los permisos de circulación. Sin embargo, los impuestos territoriales, las contribuciones, son los que más aportan al FCM.

Leí detalladamente el proyecto de Constitución que se plebiscitará el 17 de diciembre, y lo leí a fondo, de manera tal que cuando se plantee algún tema pueda tener los mejores argumentos para debatir, explicar o precisar. Entregar el conocimiento para que ustedes puedan tomar una decisión informada, creo que esa es la labor que a mí me corresponde como diputado.

Fui alcalde por mucho tiempo, más de doce años. Anteriormente asumí el rol de director jurídico de una municipalidad, también fui secretario municipal. Soy abogado. O sea, más de quince años de mi vida laboral vinculado al tema municipal. Por lo tanto, creo ser un conocedor absoluto respecto de los temas de las municipalidades, pues he ejercido como funcionario y jefe comunal.

Entremos en materia. ¿Sabían ustedes que cerca del 58% del Fondo Común Municipal lo compone este impuesto territorial? Las famosas contribuciones. El 77% de los chilenos no las paga y son las comunas con mayor poder adquisitivo, las más ricas, las que deben cumplir con este tributo. Sépase que las municipalidades no sólo realizan labores de aseo, de alumbrado, de atención prioritaria, sino que también se hacen cargo de la salud.

El Estado también aporta una subvención municipal a la educación, aunque siendo bien honesto, es muy poco lo que se recibe; por lo tanto, es la municipalidad la que tiene que generar los aportes adicionales. Lo mismo pasa con la salud. ¿A quién atiende la salud pública? Mayoritariamente, a la gente más sencilla.

En términos concretos, lo que está proponiendo este proyecto de Constitución es que dejen de pagar los más ricos, las comunas más adineradas de Chile. Cuando ocurra eso, habrá menos dinero para las comunas más pobres, como por ejemplo Calle Larga, que es donde fui alcalde por tanto tiempo. Es matar económicamente a las municipalidades.

Entonces, queda en evidencia que quienes están proponiendo esta Constitución, indudablemente están favoreciendo a un sector privilegiado de la sociedad, olvidándose de la inmensa mayoría. Por lo mismo, lo reafirmo: esta Constitución, de aprobarse, está destinada a matar a las municipalidades, pues son estas las que satisfacen las necesidades más apremiantes de toda la gente, sobre todo de la más humilde, la más sencilla.