Casi 60 días después de que fuera creada, esta semana se constituyó la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indagará, por un lado, las responsabilidades del Ministerio de Obras Públicas y sus organismos anexos en el colapso del colector de aguas lluvia que provocó un gigantesco socavón junto a varios edificios construidos en Cochoa, y, por otro, las responsabilidades políticas de los alcaldes y funcionarios de Viña del Mar y Concón, si las hubiera, en el crecimiento inmobiliario desatado en torno al campo dunar ubicado en el límite de ambas comunas. Por decisión de los comités parlamentarios, la instancia permitirá la convergencia de dos comisiones separadas -una impulsada por el oficialismo y la otra por la oposición-, que desde distintos ángulos buscaban esclarecer por qué las copiosas lluvias de agosto provocaron una emergencia de magnitudes inéditas, que mantiene a cientos de vecinos sin posibilidades de vivir en sus departamentos.

A contrapelo de lo anunciado por los diputados integrantes, la primera cita ya reveló que esta comisión investigadora no se desmarcará de otras instancias similares y su principal disputa estará enfocada en qué autoridad debe cargar con las responsabilidades de los socavones, si las actuales, encabezadas por el Frente Amplio, o las anteriores, lideradas por jefes comunales UDI e independientes.

Ad portas de dos años electorales intensos, la instancia trabajará bajo la sombra de la campaña permanente que está instalada en el Congreso, sin muchas esperanzas de que sea capaz de llegar al fondo del problema y menos obtener consenso en el conjunto de medidas y políticas públicas que podrían evitar casos similares en el futuro.

¿Podrá esta Comisión Especial Investigadora romper con el ánimo de revanchismo y pugna sin sentido que ha dominado estas instancias en el último tiempo? Eso dependerá exclusivamente del trabajo y la voluntad de los diputados integrantes, quienes deberán demostrar visión de largo plazo y capacidad de abstracción del tenso clima político que domina los pasillos del edificio ubicado en la avenida Pedro Montt.

Está bien votar en contra de la propuesta de nueva Constitución si la ideología así lo determina. No obstante, hacerlo inducido por argumentos erróneos es un desastre para el sistema democrático sostenido en el valor de las decisiones individuales, es decir, el valor de cada voto.

Tras leer, analizar, debatir y conversar sobre ella mi conclusión es que es una buena propuesta y votaré "A favor" porque me gustó, independiente de los beneficios indirectos que su aprobación conlleva o haber sido crítico y contrario al proceso que la gestó. Esta propuesta recoge las demandas sociales y, también, modifica y moderniza el sistema político para que nuestro país sea gobernado -por fin- por las grandes mayorías, siempre sensatas, de centro y poco representadas por las minorías vociferantes e ideologizadas que han liderado la política en los últimos años.

La Constitución de 1980 trajo consigo bienestar económico, pero generó un sistema político de extremos, entonces, es comprensibles que dichas ideologías estén en contra de la propuesta; el umbral del 5% mínimo de votos dejaría afuera a todos los partidos del Frente Amplio, lo que individualmente no superan dicho umbral. Ninguna persona podrá ser más de dos veces presidente, por lo que tanto Michelle Bachelet como Sebastián Piñera no podrán tener un tercer período. Conjuntamente, la propuesta moderniza el empleo público exigiendo la creación de un régimen de empleo fiscal de carácter profesional y técnico basado en el mérito, terminando con los cargos por amistad, familia o afinidad política y con ello evitar que terminemos como la Argentina actual. Conjuntamente, crea un consejo de evaluación para terminar con los programas fiscales mal evaluados, evitando el despilfarro o desviación de recursos: ¿entiende ahora los conflictos de interés de quienes lideran la campaña "En contra" y las razones de la forma en cómo están presentan los argumentos?

La propuesta de Constitución direcciona el sistema político para que él sirva a las mayorías, moderniza al Estado para evitar caer en el mal de Argentina, en relación con el exceso de empleados fiscales con fines políticos o los recursos malgastados.

Indirectamente, el "A favor" cierra el proceso constitucional: recordemos que sólo se puede llevar adelante uno a través de un plebiscito y la clase política argumenta que el plebiscito del 2020 mandató una nueva Constitución, por ende, mientras no se apruebe una nueva, el mandato está vigente. Quienes señalan que hay un acuerdo para no continuar, es decir, " En contra' y se cierra el proceso", evocan un deseo no compartido por todos los de su sector, ya que también son válidos los "'En contra' y asamblea constituyente" o "la tercera es la vencida"; y los más realistas de ellos, el "modifiquemos la actual hasta que quede como queramos", etc.

Su voto vale y mucho, por ende, la invitación es a leerla, sacar conclusiones y en conciencia elegir lo que es mejor para el país.