Se necesita una norma de suelos
Un grupo de especialistas, académicos y empresarios coincide en la urgencia por avanzar en la reglamentación en este tema. Es indispensable alcanzar un gran acuerdo, que permita restablecer las confianzas entre la ciudadanía y los entes reguladores.
Reunidos por iniciativa de la Escuela de Ingeniería en Construcción de la PUCV, el Consejo Regional, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de Valparaíso y la Asociación de Empresas de la Región de Valparaíso (Asiva), un conjunto de destacados especialistas y personeros participó esta semana del seminario "Taller Suelos Contaminados", en el cual analizaron los problemas ambientales que persisten en la región, con especial énfasis en la situación que sufren las llamadas zonas de sacrificio, cuyos terrenos han estado sometidos a sustancias nocivas durante varias décadas.
De las ideas planteadas, dos deben ser consideradas por la autoridad como tareas ineludibles en el mediano y corto plazo. La primera es el desarrollo de una normativa específica para suelos contaminados, que permita entregar orientación y gobernanza a las zonas que sufren este tipo problemas y ven hipotecadas sus intenciones de darles nuevo uso o desarrollar en ellas proyectos de alto beneficio social. Especial prioridad debe darse a la norma sobre arsénico, que es considerado uno de los compuestos más nocivos que se ha depositado en aquellos predios sometidos a fuerte actividad industrial.
En paralelo, como propone el presidente de la Asociación de Directores de Obras Municipales de Chile (ADOM), Yuri Rodríguez, es indispensable alcanzar un "gran acuerdo" que permita restablecer las confianzas entre la ciudadanía y los entes reguladores, avanzando en sanciones a quienes irresponsablemente realicen obras contaminantes sin contar con las autorizaciones y controles necesarios.
Estos dos pilares no garantizan que se terminen todos los conflictos territoriales asociados a la contaminación de suelos, pero entregarán un plan de trabajo claro y compartido, normas específicas surgidas de la realidad nacional y una instancia de diálogo capaz de recibir y gestionar el reclamo de las comunidades.