Redacción/Agencias

Los manifestantes convocados ayer por organizaciones sociales y de izquierda contra el plan económico del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, comenzaron a desmovilizarse tras dos horas protesta en el centro de Buenos Aires, en una jornada que convocó a muchos menos manifestantes de los 50 mil previstos inicialmente y que terminó con incidentes aislados y dos detenidos.

Tras la lectura de un manifiesto titulado "Abajo el plan motosierra de ajuste de Milei y el FMI", en el que los organizadores pidieron a las centrales sindicales -ayer ausentes- que se sumen a futuras movilizaciones y acusaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de "criminalizar la protesta social", los manifestantes fueron retirándose de la histórica Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede de la Presidencia.

Pese a que marcharon de forma pacífica, muchos de los manifestantes incumplieron las medidas establecidas en un nuevo protocolo de seguridad que prohíbe cortar el tránsito en las calles y carreteras.

"Esto es una dictadura militar", declaró a la prensa Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, una de las organizaciones convocantes de la marcha de este miércoles, que coincidió con el día en que se conmemora del 22° aniversario de las violentas protestas que en 2001 se saldaron con 39 muertos y la renuncia del entonces presidente, el radical Fernando de la Rúa (1999-2001).

Belliboni comparó la actuación del Gobierno de Milei en esta primera jornada de movilización en contra de sus medidas económicas de choque con un "operativo de guerra", y consideró "un éxito" que el protocolo de seguridad elaborado en vísperas de esta marcha por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no se "cumpliese".

Sin el peronismo

Los únicos momentos de tensión entre los manifestantes y la policía se vivieron al principio de la concentración, cuando varios policías cargaron contra los protestantes que ocupaban la calzada de las dos Avenidas Diagonales que unen la Plaza de Mayo y la Avenida 9 de Julio.

En las movilizaciones de ayer no participaron ni organizaciones políticas peronistas -la fuerza política que ha estado en el poder dieciséis de los últimos veinte años- ni su sindicato, la poderosa Central General de Trabajadores (CGT), que se mantuvieron al margen de la convocatoria.

Por su parte, el presidente Javier Milei supervisó el operativo desplegado desde el Departamento de la Policía Federal, junto a las ministras de Seguridad, Patricia Bullrich, y Capital Humano, Sandra Pettovello, además de su hermana, Karina Milei, secretaría general de la Presidencia y principal asesora del mandatario.

En la previa de la protesta, Bullrich dijo a Todo Noticias "que se manifiesten las veces que quieran, vayan a las plazas. Pero las calles no se cortan. Hoy comienza (el protocolo). No hay que esperar hoy el 100% de éxito, hay que saber que comienza un camino que es sin vuelta atrás".

Déficit comercial

Durante la jornada se conoció otro dato muy duro para la economía del país vecino: Argentina registró en noviembre un déficit comercial de 615 millones de dólares, en contraste con el saldo positivo de 1.360 millones indexado en el mismo lapso de 2022, y completó 10 meses negativos consecutivos este año.

Argentina concretó exportaciones por 4.872 millones de dólares, una caída del 31,6 % interanual, mientras que el total de las importaciones fue de 5.487 millones de dólares, lo que representó una contracción del 4,8 %.

El empresario colombiano Alex Saab, liberado este miércoles por EE.UU., fue durante varios años colaborador del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, relación por la que fue acusado en Washington de ser "testaferro" del Gobierno venezolano que ayer lo recibió con júbilo. La liberación de Saab, de 51 años, es parte de un acuerdo entre EE.UU. y Venezuela, país que a cambio puso en libertad a diez ciudadanos estadounidenses y una veintena de presos venezolanos.

Saab, nacido en Barranquilla y de origen libanés, tenía relación con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al Gobierno de Maduro alimentos y víveres para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

Según las investigaciones, con el programa conocido como CLAP, Saab y tres hijastros de Maduro lucraron con "cientos de millones de dólares".

Saab siempre se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin mucha relevancia en Colombia, Venezuela o EE.UU., cobró relevancia luego de que en 2017 la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó de ser uno de los testaferros de Maduro.

Sin embargo, la denuncia inicial la hizo el portal dedicado al periodismo de investigación Armando.info, que señaló meses antes que Saab, al parecer, formaba parte entonces de una red de lavado de activos que obtuvo millonarios recursos por la exportación ficticia de alimentos a Venezuela.

El medio venezolano también reveló que en 2011 Saab firmó un contrato con el Gobierno de Hugo Chávez para proveer casas prefabricadas para el plan "Misión Vivienda".