Todos caen, menos él. Antes se derrumbarán las isapres que ver la renuncia del ministro de Vivienda, Carlos Montes. Y es llamativo, porque en cualquier país medianamente serio hace mucho rato que a Montes lo habrían echado a patadas. Pero no en Chile. No en este reino melancólico, sórdido, excesivo y horroroso. No en el horroroso Chile, como escribió Enrique Lihn.

Vivimos en una era de populismo y eslóganes vacíos; de derechos, pero no de obligaciones; de emocionalidad antes que racionalidad; de anomia e individualismo; de división y polarización política; y de zafiedad antes que decencia. En el reino de Chile, donde el hilo se corta por lo más delgado, no hay responsabilidad política.

Bien mirado el asunto, el problema no es el ministro Montes, cuya carrera política siempre ha estado más cerca del éxito que del fracaso. El problema de fondo es que sin responsabilidad política no hay democracia.

Aquí no nos referimos al uso vernáculo de la responsabilidad política, sino al concepto como lo entiende la Ciencia Política, y cuya importancia radica en que permite que la ciudadanía pueda expresar juicios de valor sobre la gestión de las más altas autoridades de la República.

En este sentido, la responsabilidad política del ministro Montes no reside tanto en la falta de ejercicio de los controles jerárquicos, como diría Max Weber, sino más bien en un problema moral: su inacción en el llamado caso Fundaciones ha permitido perpetuar desigualdades estructurales o sistémicas. En efecto, el mecanismo detrás del caso Fundaciones no sólo es burdo, sino abyecto porque, además de defraudar al Fisco y expoliar al Estado, se han distraído recursos públicos que iban destinados a servir a los más pobres entre los pobres de la sociedad.

Todos sabemos que el ministro Montes no renunciará (aunque quiera hacerlo por decepción y hastío); que el Presidente Boric no le pedirá la renuncia porque eso significaría fracturar a la coalición de gobierno y tensionar al Socialismo Democrático; y que no será sometido a juicio político en el Congreso porque no están los votos.

Esta situación es lo preocupante: que Montes siga en el cargo, pese a que su gestión ha sido más que deficiente, no sólo es impúdico y oprobioso, sino que debilita seriamente la democracia porque significa que existen autoridades que no responden por sus actos, al menos no políticamente, y refuerza la imagen negativa que la ciudadanía tiene de la clase política.

Sin embargo, la permanencia de Montes en el cargo no es gratis. Puede que no lo parezca a primera vista porque, según las encuestas, el gobierno no se ha visto mayormente afectado en su aprobación ciudadana por el caso Fundaciones.

Pero hay daños colaterales evidentes: ¿puede el Socialismo Democrático seguir confiando ciegamente en sus aliados de Apruebo Dignidad? ¿Habrá costos electorales en la próxima elección de alcaldes y concejales?