La rápida movida de Dorothy Pérez
La contralora (s) ordenó la creación de una unidad especializada en el control de los municipios y los gobiernos regionales. Cada irregularidad que sale a la luz, cada desvío de fondos, daña la confianza pública depositada en las autoridades electas y es combustible para la rabia ciudadana.
Con una contundencia que debería ser atendida e imitada por otras autoridades del Estado, la recién asumida contralora general de la República (s) Dorothy Pérez, ocupó sus primeros días en el cargo para crear una división especializada en el control, fiscalización y supervisión de los municipios y gobiernos regionales. La medida surge al calor del caso Convenios, que involucra la asignación irregular de recursos a fundaciones que se dedicaban a distintos rubros en varias regiones del país, pero apunta a superar una fragilidad municipal conocida y advertida en numerosas ocasiones por expertos y los mismos funcionarios de Contraloría. La gestión administrativa de comunas cada vez más grandes y complejas, la creación de corporaciones llenas de forados regulatorios y la asignación de recursos por trato directo, sin concurso público ni argumentos adecuados, se han convertido en instrumentos que desafían la probidad de la gestión municipal. Cada vez que un alcalde, un concejal o funcionarios cruzan los límites legales, terminan enlodando a toda una administración. Asimismo, cada irregularidad que surge a la luz, cada desvío de fondos estatales, daña la confianza pública depositada en las autoridades electas y es combustible para esa rabia ciudadana que se ha instalado en las urnas como opositora de cualquier propuesta que venga de ese mundo "manchado" que los electores identifican con la política tradicional. Las medidas aplicadas por la contralora (s) Dorothy Pérez avanzan en una dirección necesaria y es imperativo que se instalen con eficiencia tal que no puedan ser cuestionadas con facilidad por quien luego se instale en forma definitiva como contralor de la República. Que todo esto ocurra ad portas de un año de elecciones de alcaldes y gobernadores habla además del buen timing que ha tenido Pérez para implementar un mecanismo que tendrá un arduo trabajo de aquí a octubre de 2024.