La Subsecretaría del Delito, junto a Carabineros y el Ministerio Público, presentó ayer una serie de cambios al Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), que es la herramienta estadística usada por estas instituciones para guiar su trabajo operativo, especialmente las rondas preventivas y los servicios especiales por cuadrante. Como este compendio es público y se puede encontrar en la página web de Carabineros, su utilidad va más allá de los organismos encargados de la persecución penal y puede transformarse en una guía para los ciudadanos preocupados por la situación de seguridad en sus barrios.

La decisión del Gobierno por reformular el STOP tiene relación con ese potencial. Por ello, los cambios incluyen diferenciar con más precisión los delitos de mayor gravedad, como los homicidios, y priorizar las estadísticas de violencia intrafamiliar, el ilícito más frecuente en Chile. También incluirá aquellos hechos relacionados al narcotráfico, como una respuesta al auge y gravedad que ha tenido este fenómeno criminal en los últimos años.

A todas luces, esta reformulación de la plataforma del STOP es un avance que va en la dirección correcta, esto es, profesionalizar las estadísticas vinculadas con la delincuencia y su sectorización en cuadrantes específicos, para orientar las decisiones tácticas de Carabineros y acoger las preocupaciones ciudadanas. En la crisis de seguridad pública que vive el país, contar con información precisa puede convertirse en una herramienta valiosa, en la medida que el proceso vaya acompañado de acciones transparentes y mayor apertura con la comunidad. La adecuación del trabajo policial a los nuevos fenómenos criminales, se ha dicho constantemente estos últimos años, debe convertirse en un valor permanente del que emane la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de responder al llamado por más seguridad en nuestro país.

Fuera ya de la lógica constitucional, en que el tema del acceso y disposición del agua fue motivo de discusiones de distinto tipo, en la Provincia de Petorca debemos volver al día a día de un problema que se arrastra ya por demasiado tiempo.

En 2020 se declaró zona de catástrofe a esta área (La Ligua, Cabildo, Zapallar, Papudo y Petorca) por escasez hídrica. La medida no ha mejorado el acceso al agua potable en cantidad suficiente para las personas, lo que ha cristalizado mercados como el de los camiones aljibe o el agua embotellada.

La realidad vulnera un derecho fundamental para las comunidades de Petorca y sus alrededores con una fuerte carga que proviene de dos matrices: la política agroexportadora que se instaló en la zona desde los años 90, que ha generado economías de escala que han sobreexplotado el recurso, y la grave sequía, que ha provocado impactos significativos en los cursos de agua.

La dimensión social de la crisis hídrica nos debe llevar a reflexionar a quienes tenemos responsabilidad política a crear las condiciones necesarias para dar forma a soluciones sostenibles y creativas de cara al futuro. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo primero es congeniar los intereses de agricultores, canalistas, encargados de las APR o Servicios Sanitarios Rurales, mineros, servicios públicos y los alcaldes. Para ello nos agrupamos en una mesa hídrica que, no exenta de problemas, ha propuesto algunas vías de trabajo. Por ejemplo, a través de la inversión de una planta desalinizadora de agua, teniendo en cuenta el desarrollo de esta tecnología en otras zonas del país y la relativa cercanía de las comunas más afectadas al mar.

La academia también puede prestar un apoyo crucial. En ese marco destaca el proyecto del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Gobierno Regional de Valparaíso, para desarrollar un sistema de tratamiento de aguas grises para reutilizarlas en la agricultura en comunidades rurales de La Ligua, Petorca y Cabildo. Como municipio hemos sido pioneros creando la Oficina Comunal de Asuntos Hídricos, que brinda colaboración a los distintos Comités de Agua Potable de La Ligua.

Las alianzas público-privadas pueden significar el comienzo del fin de un problema que, si bien es multifactorial, obliga a una solución de todos los actores involucrados. Aunque la falta de infraestructura hídrica en la Provincia de Petorca ha sido un problema histórico, la posibilidad de apoyar y otorgar espacio a iniciativas como la tecnología desaladora y la inducción, eso sí, con estricto cumplimiento al medioambiente, puede ser un camino que vale la pena transitar. No podemos seguir peleando otros 10 años y apuntarnos por quién tiene más o menos culpa. Las familias no pueden seguir esperando y esta obligación requiere pensar con generosidad en su bienestar.