Informa la prensa española sobre la ampliación norte del puerto de Valencia recientemente aprobada, con la construcción de un nuevo terminal por casi 730 millones de dólares para el dragado, el muelle y el relleno del dique de abrigo, este último ya finalizado. Concesionado a Mediterranean Shipping Company (MSC), que hará una inversión de US$1.100 millones, se le considera la mayor inversión privada en el sistema portuario español y será, dicen ellos, el renacer de Valencia, hoy en el cuarto lugar del ranking europeo por detrás de Rotterdam (Países Bajos), Hamburgo (Alemania) y Amberes (Bélgica).

¿Cuánto aumentará su capacidad? De 7 millones de TEUs a más de 12 millones al año. Para una comparación, Puerto Valparaíso (EPV) transfirió poco más de 817 mil TEUs en 2022; en tanto, San Antonio (EPSA), poco más de 1 millón 690 mil TEUs. En el otro extremo, Shanghai, casi 48 millones de TEUs; Singapur, casi 38 millones.

El nuevo terminal, de 1,2 millones de metros cuadrados, es respaldado por los principales partidos (PSOE, PP y Vox), además del empresariado ibérico. En su contra está la plataforma Sumar (Compromís), Podemos y grupos ecologistas por cuestiones ambientales.

Tal como en Chile, España visa tales proyectos por medio de una declaración de impacto ambiental (DIA), aprobada hace más de 15 años, aun cuando su diseño fue modificado una década más tarde. Y, como se sabe, el diablo está en los detalles.

El gobierno defiende su postura en base a los estrictos criterios de respeto medioambiental, derivando el tráfico de camiones al nuevo tren electrificado por fuentes 100% renovables, creación de empleo y el dique ya construido.

¿Las críticas de los detractores? Su posible impacto sobre las playas del sur de Valencia, la desaparición de la arena en otras playas y la eventual penetración de agua salada al parque de la Albufera, amén del impacto visual.

Desarrollo económico vs. preservación del medioambiente, editorializa el diario El País. ¿Su conclusión? La anterior DIA debe ser actualizada para que el proyecto, necesario insiste, se haga con todas las garantías.

El pasado 19 de diciembre, el Banco Central de Chile tomó por sorpresa al mercado al anunciar una significativa reducción en la Tasa de Política Monetaria (TPM) durante su Reunión de Política Monetaria. La disminución de 75 puntos base ubicó la nueva tasa en 8,25%, superando las expectativas analíticas y reflejando una decisión unánime del Consejo, lo cual adelantó la presentación del Informe de Política Monetaria (IPoM). Esta acción, inesperadamente pronunciada, proyecta una convergencia hacia la meta del 3% de inflación para la segunda mitad de 2024. El anuncio incluye la contemplación de futuros recortes en la TPM, ajustados conforme a la evolución macroeconómica e impacto en la inflación

A nivel internacional, se observa una disminución generalizada en la inflación y una flexibilización de las políticas monetarias, especialmente en Estados Unidos, donde la Reserva Federal (FED) anunció un rango de 5,25% a 5,5% y el inicio de un ciclo de bajas en 2024. Simultáneamente, se destacan mejoras en las condiciones financieras globales, evidenciadas por reducciones significativas en las tasas de interés a largo plazo en Estados Unidos y otros países, así como la depreciación del dólar y la recuperación de los mercados bursátiles.

En el ámbito nacional, se observa una inversión en las condiciones financieras, con notables reducciones en las tasas de interés a largo plazo y un fortalecimiento del peso. Sin embargo, se subraya que las tasas hipotecarias persisten en niveles elevados. Respecto a la actividad económica interna, destaca un crecimiento positivo en el tercer trimestre y principios del cuarto, impulsado por la generación eléctrica, el comercio y ciertos sectores industriales.

A pesar de la dinámica inflacionaria inesperada en noviembre, el Banco Central anticipa la convergencia hacia la meta del 3% para la segunda mitad de 2024, incluso adelantándola al primer semestre para la inflación subyacente.

El compromiso del Banco Central de mantener la convergencia hacia la meta de inflación, incluso adelantándola, junto con la disposición para futuros recortes en la TPM, demuestra una respuesta flexible ante riesgos internos o externos. La entidad busca mantener la estabilidad económica y adaptarse a las dinámicas cambiantes del entorno financiero.