2023 no estuvo exento de polémicas en torno a la probidad y corrupción. Uno de los casos más emblemáticos y que de seguro marcará la historia del gobierno del Presidente Gabriel Boric ha sido el denominado "Caso Convenios", que se destapó a mediados de año y que aún sigue generando noticia por la seguidilla de descubrimientos adyacentes al suceso inicial en distintas zonas del país.
La historia partió con un millonario monto entregado por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva encabezada por Daniel Andrade, militante de RD y pareja de la diputada del mismo partido, Catalina Pérez. Más allá de la alta cifra involucrada, $426 millones traspasados en una cuota para trabajos de infraestructura en campamentos, pese a que la fundación no tenía experiencia en ello, los nombres de dirigentes políticos de partidos del oficialismo hicieron que se instalara una sospecha de tráfico de influencias, negociación incompatible y fraude al Fisco, lo que acrecentó un clima de desconfianza con el actual Gobierno que ya venía alicaído tras la derrota del primer plebiscito por la nueva Constitución.
Se iniciaron diversas investigaciones para dilucidar el alcance de estas prácticas. Entre ellas, se cuestionó un convenio suscrito durante el gobierno de Sebastián Piñera, y la Fiscalía anunció indagaciones de oficio en distintas regiones, donde se observaron esquemas similares.
Ministerio público
En el caso de Democracia Viva, el Ministerio Público incluso allanó la casa de la parlamentaria Pérez, quien vivía entonces con Andrade. Días después, RD desafilió a Andrade y Contreras de sus filas y a comienzos de julio suspendió del partido a Pérez.
Tras ello uno de los fundadores de RD, Giorgio Jackson, renunció al Ministerio de Desarrollo Social y Familia el 11 de agosto, pues muchos apuntaron a su responsabilidad como líder de la tienda. Luego, la Contraloría aseguró que este caso tiene características de corrupción, y el 13 de septiembre tanto Andrade como Contreras fueron detenidos y formalizados, y se hallan en prisión preventiva.
Ya en agosto el Ministerio Público indagaba a 32 fundaciones en 11 regiones del país por transferencias realizadas principalmente desde gobiernos regionales y algunas seremías.
En la Región de Valparaíso la Fiscalía investiga cuatro causas por el "Caso Convenios", de las cuales dos están asociadas a Minvu y Serviu: una es con Procultura y la otra con Arquiduc.
CASO HERMOSILLA
Otro suceso que causó impacto fue el denominado "caso Hermosilla", cuyo nombre alude al del conocido abogado Luis Hermosilla, por la filtración de audios en los que revelaría supuestas coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Por ello, el fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó una investigación de oficio: "Son hechos muy graves", aseguró.
En los audios filtrados se habla de pagos a funcionarios de los dos organismos para obtener información a beneficio del empresario Daniel Sauer . "Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra. Y esa caja negra… porque parte importante de esta h...se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre", se escucha en parte del audio. El SII negó conocer la situación e instruyó una investigación para esclarecer los hechos, pero su director, Hernán Frigolett, decidió remover al director de Grandes Contribuyentes, Christian Soto, y suspender a otros cuatro funcionarios.
"CASO MEGAFRAUDES"
Por si fuera poco, hace apenas unos días se descubrió el "Caso Megafraudes", luego de que 55 personas de distintas regiones fueron detenidas la noche del jueves 14 de este mes por estar involucradas en lo que sería el fraude más grande de la historia de nuestro país. Si bien hace cinco años el contador Galvarino Corrales se había autodenunciado por el hecho, implicando incluso a La Piccola Italia, el SII se querelló este año aduciendo que demoraron en confirmar la denuncia.
Se trata de $240 mil millones en juego. Desde el SII informaron que fueron más de 3.300 contribuyentes los que emitieron facturas falsas, pero los 55 detenidos son quienes se beneficiaron con los más grandes montos del fraude. Es la creación de empresas que no desarrollan actividades reales, sino que hay un objetivo de defraudación con la emisión de documentos tributarios falsos que son usados por los receptores para efectos de incrementar su crédito fiscal y, en definitiva, pagar menos impuestos.
Este megafraude registra actividades de 2016 a 2022 y se presentarán nueve querellas. Las detenciones se produjeron en 83 domicilios de diez regiones del país, y el SII dijo que en el listado de involucrados no hay nadie de figuración pública. 2
Pamela Boltei
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daniel paredes y Carlos Contreras fueron formalizados y quedaron privados de libertad.