El seremi de Transportes, Edgardo Piqué, confirmó que la próxima licitación del transporte público metropolitano del Gran Valparaíso considerará un servicio nocturno obligatorio, que permitirá superar una de las grandes falencias del actual sistema: la ausencia casi total de microbuses, taxis y colectivos para trasladar a la ciudadanía después de las 21 o 22 horas. El problema se arrastra desde hace años, pero ha recrudecido en los últimos meses, debido al temor de los conductores a pasar por algunos sectores de sus recorridos después de la hora señalada. Esta falta de transporte impacta de forma directa varias actividades, entre ellas la educación vespertina, que extiende sus clases hasta pasadas las 23 horas. Claudio Salas, director de DuocUC Valparaíso, critica lo que considera un grave olvido en la agenda de transportes y advierte que, a falta de una solución real desde el ámbito público, cada usuario ha tenido que adaptarse y buscar alternativas. Entre otras cosas, el directivo propone articular un plan conjunto entre EFE Valparaíso, el transporte público y las policías que permita tanto ampliar los horarios de funcionamiento como dar seguridad a los usuarios y choferes.

La idea es fantástica, pero no puede esperar a materializarse en el segundo semestre de 2025, cuando está previsto que comience a funcionar el nuevo sistema concesionado, aún en diseño. El problema radica en que ni siquiera el seremi Piqué tiene claridad sobre la factibilidad de implementar una solución en el corto plazo y reconoce que la iniciativa debe estar en los actuales operadores bajo la condición de que instalen los resistidos validadores electrónicos. Sólo de esa manera, el Ministerio de Transportes podría coordinar medidas extraordinarias que mejoren la sensación de seguridad. A cambio de ello, se trabaja en una extensión de los servicios del metro regional, aunque las autoridades aún no han precisado los detalles de esta idea.La situación muestra cómo la falta de resolución de las autoridades, la resistencia de los empresarios a implementar mejoras a menos que haya cuantiosos subsidios y el detrimento de las condiciones de seguridad terminan por perjudicar a vecinos, estudiantes y casas de estudio, en un efecto dominó del que nadie se hace cargo.

Se fue el 2023 y es bueno realizar un balance desde la perspectiva de la niñez y sobre todo de cómo nuestro Estado respeta y promueve los derechos de niñas, niños y adolescentes. El año estuvo marcado por la demora en el nombramiento del defensor de la Niñez, proceso que nos tuvo cinco meses sin este cargo esencial. Hoy celebramos que el abogado Anuar Quesille sea el nuevo defensor (2023-2028).

En julio vimos una crisis aguda en todo el sistema residencial que acoge a niñas y niños que deben ser retirados de sus hogares. Esta situación se extendió y tuvo su símbolo en el cierre del Pequeño Cottolengo, institución emblema que decidió finalizar su trabajo de 50 años por los sobrecupos y la derivación de niños con niveles de complejidad que estas instituciones no podían atender. Más allá de las complejidades institucionales, no podemos dejar de pensar en la complicada situación de niños y niñas que no cuentan con una oferta de cuidado alternativo adecuada a sus necesidades.

También en el ámbito de los cuidados alternativos, pero en el lado de las buenas noticias, vemos un avance en el fortalecimiento y profundización del modelo de acogimiento familiar, con énfasis en los niños y niñas menores de 4 años que han sido separados de sus cuidadores. Si bien todavía hay más de 500 viviendo en residencias y hogares, hoy el 58% de este grupo vive en el seno de una familia temporal.

De vuelta a las noticias preocupantes: en el sistema educacional son patentes los efectos de la pandemia, con una aguda crisis de pérdida de aprendizajes para la que no se observa una respuesta todo lo robusta que la situación amerita. Y en la misma línea, el escándalo de los 30 mil niños, niñas y adolescentes de Atacama afectados por paralizaciones que duraron cerca de 80 días. Como organización de la sociedad civil, nos impacta la indolencia frente a la magnitud del daño que se causa a una generación completa.

Una señal de esperanza la dan los avances en la implementación de la Ley de Garantías. Una buena noticia es la puesta en marcha de las Oficinas Locales de Niñez en más de 90 comunas y el anuncio presidencial de adelantar su llegada a cada municipio del país. Esta noticia, junto a la creación de Consejos Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes en cada comuna para rescatar y realzar la mirada y participación de la niñez, nos permiten soñar con una transformación de la relación del Estado con sus niños.

En las preocupaciones emergentes, la señal de alerta que puso la muerte del niño baleado el mes pasado en Padre Hurtado no debe salir de nuestras preocupaciones y ocupaciones y la pobreza creciente que afecta a niños y niñas migrantes que han entrado a nuestro país buscando una vida mejor, pero que están siendo acosados por la vulnerabilidad y la indiferencia de una sociedad que se resiste a entender que cualquier niño o niña en Chile merece el respeto protección por el solo hecho de estar en una sociedad que ha decidido que los derechos de la niñez son un estándar que bajo ninguna circunstancia podemos transar.

Fue un año complejo, el mundo de la niñez ha estado movido. Esperamos que este 2024 tengamos más noticias buenas que contar.