Este 2024 puede ser el año del despegue económico en la Región de Valparaíso o el de su estancamiento definitivo. Los expertos han advertido en más de una oportunidad sobre las dificultades que tiene la zona para crear empleos fijos de contrato indefinido -de ahí las cifras récord de informalidad laboral- y los empresarios llevan años planteando la necesidad de acelerar los proyectos parados, reactivar la inversión pública, agilizar las tramitación de iniciativas privadas en las oficinas municipales y gubernamentales, así como fortalecer el apoyo financiero a las pymes.

El diagnóstico desde esa vereda está clarísimo, porque apunta a las condiciones indispensables que debe cumplir la Región para alinearse con las positivas cifras económicas que hubo a nivel nacional durante noviembre, destacadas por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, como una evidencia de que la evaluación final del crecimiento de Chile en 2023 será positiva.

Cuando se les pregunta por acciones concretas, los dirigentes gremiales de la zona apuntan a destrabar las iniciativas legales que en el Congreso abordan la "permisología", mencionan la necesidad de acelerar las decisiones sobre infraestructura pública desde el Gobierno central y al fortalecimiento de la agenda de seguridad que pueda dar tranquilidad a rubros sensibles a este ámbito, como el turismo, pero no mencionan ninguna exigencia a las autoridades regionales, como si el destino de nuestra zona dependiera muy poco o nada del trabajo que se realiza en las oficinas del gabinete económico local. Ni los directores regionales de servicios responsables de políticas económicas ni los seremis han sido capaces de proponer una agenda potente de medidas o, al menos, reunir voluntades detrás de un camino de objetivos ambiciosos para una Región que necesita señales positivas de forma urgente. Cada minuto que demora esta tarea se aleja la esperanza de la reactivación.

El actual proceso de regulación ambiental para Puchuncaví, Quintero y Concón, impulsado desde la crisis de intoxicación ocurrida el año 2018, no ha estado exento de retrocesos y avances. Sin embargo, la existencia del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) y el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (Premval) -ambos llamados a modificarse como consecuencia de fallos emitidos por la Corte Suprema tras la acción y preocupación ciudadana en la búsqueda de justicia ambiental- instruyen a los ministerios del Medio Ambiente y de Vivienda y Urbanismo a avanzar en la eficiencia y eficacia normativa, estimulando la política pública para sentar las bases de la recuperación ambiental e incentivar al complejo industrial a la incorporación progresiva de las mejores tecnologías disponibles para reducir los efectos contaminantes.

Destaca del PPDA la "Gestión de Episodios Críticos", dispositivo de control operacional que se activa ante la excedencia de gases (dióxido de azufre - SO2) y material particulado (MP 10 - MP 2,5) regulados y registrados por la red de estaciones monitoras, como también la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COVs), para adoptar medidas preventivas ante situaciones que pongan en riesgo la salud de la población. Además, las empresas están obligadas a presentar sus "Planes Operacionales", que consisten en I) identificar las fuentes emisoras de material particulado, dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y COVs; II) ubicación georreferenciada de las fuentes emisoras; III) estimación de emisiones; y IV) medidas operacionales que disminuyan las emisiones de contaminantes a la atmósfera, como la paralización o reducción del funcionamiento de fuentes emisoras, y reprogramación de ciclos de operación.

En cuanto al Premval, instrumento vigente desde el año 2014, se presentó una propuesta de modificación a través de una "imagen objetivo". La mixtura de usos de suelo presentada recientemente en cinco audiencias públicas, permite dimensionar las 1.670 hectáreas en su potencial distribución espacial y de zonificación tanto para la industria estratégica asociada a la descarga-carga, almacenaje y distribución de hidrocarburos, como para la proyección de áreas verdes de uso público. De la propuesta se derivan dos medidas innovadoras a escala de regulación intercomunal: I) compensaciones de suelo bajo condiciones normativas y II) mitigación de riesgos a través de la recuperación o remediación de los suelos con presencia de contaminantes.

Por tanto, la discusión respecto a los procesos de modificación del PPDA y del Premval tienen el desafío de promover un diálogo tripartito (Gobierno, empresas y ciudadanía) que permita concordar metas y plazos, para que Concón, Quintero y Puchuncaví se encuentren libres de contaminación atmosférica y con planes de recuperación de suelos contaminados.