Correo
Incoherencia
Ante las últimas declaraciones de Daniel Jadue, ¿el alcalde de Recoleta no encuentra ninguna incoherencia entre ser marxista y ser demócrata?
Juan Cifuentes Valenzuela
Caso Convenios
Hay que recordarle a Daniel Andrade que Chile es una república democrática y en toda democracia no existen los presos políticos, porque todos los que están presos en democracia lo están porque se dictó una medida cautelar de prisión preventiva en su contra, en virtud de una investigación por la eventual comisión de un delito y por considerarse al imputado un peligro para la seguridad de la sociedad; o porque se dictó una sentencia condenatoria en su contra con pena de presidio.
De hecho, el caso de Andrade encaja en la primera situación, ya que, aunque aún no sea condenado, hay antecedentes suficientes que lo involucran en la eventual comisión de delitos graves, tales como fraude al Fisco, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, que ameritan dictar prisión preventiva en su contra.
Asimismo, si es que Andrade efectivamente fuera un preso político, se llegaría al absurdo de que estaría preso de su actual gobierno del mismo signo político que el suyo y en el cual su expartido político, Revolución Democrática, es parte de la coalición oficialista, por lo que sería un contrasentido total una situación así.
En Chile no hay presos políticos por su conciencia, sino políticos presos por haber cometido delitos, que es algo totalmente distinto.
Adriano Ventura Cerisola Fundación para el Progreso
Rendiciones pendientes
Si por esas cosas de la vida, al final existiese algún descuadre con las rendiciones de cuentas de los dineros ocupados en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, tomando en cuenta las experiencias al respecto que se han visto en los últimos casos investigados por la Fiscalía con respecto a fundaciones, convenios y municipios, no sorprendería para nada que toda la culpa de los dineros faltantes se la carguen al simpático Fiu.
Luis Enrique Soler Milla
Terrorismo vs. diálogo
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, ha propuesto establecer una mesa de diálogo incluyendo a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), lo cual es razonable, puesto que el diálogo es la forma civilizada de comunicación y resolución de conflictos en la sociedad humana.
Eso sí, primero hay que tener presente que la CAM es una organización cuyo proyecto político es la recuperación e independencia de territorios mapuches sobre la jurisdicción del Estado de Chile y para sus fines emplea la violencia de manera sistemática ejerciendo terrorismo.
En consecuencia, la CAM, tanto en su objetivo como en la forma para alcanzarlo, viola la Constitución y las leyes de Chile; por consiguiente, cualquier diálogo con ella previamente hay que condicionarlo a que acate la institucionalidad del país y para esto la CAM debe comenzar por deponer las acciones de violencia terrorista.
Mauricio Moltedo M.
Cumplimiento alternativo I
En relación con el proyecto de ley que "regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, para condenados que padezcan enfermedad terminal o menoscabo físico grave, o que hayan cumplido determinada edad" (boletín 16.036-17), cabría comentar que es inhumano y que no existen motivos de política criminal que exijan que tales personas deban terminar de cumplir sus condenas bajo un régimen de encierro.
Lo razonable sería que a esas personas les sea concedida la libertad condicional. Mantenerlas privadas de libertad, aunque sea en sus domicilios, no cumple con la finalidad esencial de tales penas, que es la "reforma y la readaptación social de los condenados" (artículo 5 de la CADH y 10 del PIDCP), especialmente si tales condenados han mantenido una conducta intachable durante los últimos cincuenta años.
Adolfo Paúl Latorre
Cumplimiento alternativo II
La Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó en su instancia el proyecto de ley que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que padezcan una enfermedad terminal o menoscabo físico grave o que hayan cumplido determinada edad, en el caso de los hombres 70 años y de las mujeres 65. La incitativa está dirigida para que estas personas puedan terminar de cumplir las penas en su domicilio; por tanto, no se trata de un indulto que perdona la sanción, sino de una forma alternativa de cumplirla.
Aunque los sectores de la izquierda radical han adelantado su oposición a esta medida argumentando equivocada e interesadamente que ella daría lugar a la impunidad -lo cual no es efectivo, ya que la sanción se mantiene íntegra y sólo se modifica por razones humanitarias la forma de cumplirla-, esta debiera contar con el apoyo transversal de parlamentarios de todas las bancadas, puesto que resulta plenamente justificada al hacerse cargo de una situación que en nuestro país se encuentra pendiente de solución y que urge resolver, ya que los recintos carcelarios no están preparados -y no tienen por qué estarlo- para hacerse cargo de reclusos en condiciones de salud grave o en condición terminal, quienes, por lo general, requieren someterse a periódicos tratamientos hospitalarios o, en casos de crisis, a una atención médica inmediata.
En la mayoría de los casos, estos recintos no están siquiera en condiciones de trasladarlos oportunamente a centros asistenciales, lo que en más de una ocasión ha provocado su muerte. Vale la pena anotar que en regímenes carcelarios de distintos países del mundo el punto ha sido resuelto en los mismos términos que propone el proyecto en trámite.
Es de esperar que la mayoría de los parlamentarios aprueben el proyecto en comento, que en nada quebranta el valor justicia, sino que agrega a la sanción el elemento humanitario que todo cumplimiento de penas debe contemplar.
Francisco Bartolucci Johnston