El último Índice de Calidad de Vida (IPCV) en la Región de Valparaíso, elaborado por la Fundación Piensa y Caja 18, revela un retroceso preocupante de ciudades como Concón, Viña del Mar y, particularmente, Villa Alemana, y una baja en la nota que ponen los ciudadanos a servicios claves de la vida diaria, como el transporte, la infraestructura urbana, la disponibilidad de educación de calidad y las oportunidades de trabajo. A nivel general, la encuesta anual, que aplica en forma presencial la firma Datavoz en las 10 comunas más grandes de la zona, muestra un declive paulatino y constante de los centros urbanos más importantes de la Región, pero también desliza antecedentes de algunos fenómenos alarmantes, que llevan a los especialistas a plantear que 2023 fue un punto de inflexión en la percepción de los ciudadanos sobre su calidad de vida.

En lo específico, llama la atención la brusca caída de Concón, que de ser la comuna con mejores índices pasó al antepenúltimo lugar del listado. Villa Alemana, en tanto, bajó del cuarto al último lugar; Viña del Mar del séptimo al pénultimo y Quilpué del segundo al sexto. Al contrario de lo que plantean algunos alcaldes, estos descensos no tienen razones estructurales, sino que obedecen a la mala gestión de los municipios y las carteras de gobierno pertinentes en los últimos doce meses. Ha faltado aquí mejor coordinación entre ellos y sus contrapartes, como los seremi de Transportes y Trabajo, para abordar con rapidez y eficiencia los problemas que los propios ciudadanos observan como más preocupantes. Sin embargo, subyace en los resultados de este Índice de Calidad de Vida otra cuestión mucho más alarmante que, aunque sutil, debe llamar la atención de la comunidad. Si antes de 2021 todas las comunas analizadas tenían un IPCV superior a los 400 puntos, con la excepción negativa de Valparaíso, en esta edición se aprecia que seis de las 10 comunas estudiadas tienen un resultado menor a dicha cifra y Villa Alemana presenta un puntaje inferior a 300, algo inédito. Esta tendencia al "contagio", con la propagación del lamentable declive que hace años afecta a Valparaíso hacia las comunas de su entorno es un escenario que debe ser observado atentamente por los vecinos de esos municipios, antes que dicho rumbo sea irrevocable.

Permítanme poner como antecedentes algunas cifras del caso Tributos -señalado como el fraude fiscal más grande de la historia de nuestro país- para que sirvan de base a esta columna. El monto de lo defraudado se estima en 240 mil millones de pesos, equivalente al dinero que se recauda en seis teletones. El número de facturas falsas alcanza las cien mil. Para comparar, en el caso Penta el número total de documentos falsos -que ya era muy alto- alcanzaba a mil, es decir, esto es cien veces mayor. Finalmente, las facturas falsas se habrían incorporado en la contabilidad de más de 3.000 contribuyentes de primera categoría, dando cuenta de la magnitud de personas involucradas en estos hechos.

Al tratar este caso, es necesario preocuparse de dos temas que son relevantes y que deben avanzar en paralelo. Por una parte, la investigación del Ministerio Público tiene que ser profunda y llegar a todos los involucrados con los siete clanes identificados. La segunda preocupación escapa al ámbito penal y debe concentrarse en detectar la manera en que este fraude pudo ocurrir durante tanto tiempo sin ser descubierto y cuáles son, entonces, las medidas que se deben tomar para prevenir que esto ocurra de nuevo, al menos, en tan altas sumas de dinero. Algunas luces hemos tenido a este respecto.

En efecto, se ha conocido a partir de entrevistas a exfuncionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), que al menos desde el año 2017 hubo alertas que estos efectuaron y que no fueron debidamente tomadas en cuenta, respecto a la proliferación de solicitudes de empresas de fachada o de papel, que eran posibles de observar con el trato que funcionarios tenían con estos supuestos contribuyentes.

Adicionalmente, se supo que en abril de 2018 uno de los imputados e investigados por este fraude concurrió a la Fiscalía a autodenunciarse, pero el procedimiento fue archivado tras transcurrir 73 días sin que el SII comunicara su decisión de denunciar los hechos. Recordemos que, en materia tributaria, para que se lleve adelante una investigación por este tipo de delitos es requisito que las situaciones sean denunciadas por el servicio, lo que no ocurrió.

Adicionalmente, existen otras medidas que requieren cambios legislativos, como es, por ejemplo, que se permita que la Fiscalía pueda investigar estos delitos sin que sea requisito la denuncia o querella del SII. En el pasado se demostró que este punto es una traba que afecta gravemente el principio de igualdad ante la ley, porque el SII ante casos idénticos en algunas oportunidades presenta querellas penales y en otras, simplemente, se contenta con cobrar los tributos adeudados.

Finalmente, es necesario dotar al SII de nuevas y mejores herramientas para combatir la evasión, resultando pertinente discutir nuevamente la figura del denunciante anónimo que fuere incluida en la reforma tributaria rechazada el año 2022 y que constituye una eficiente manera de aportar antecedentes de fraudes al SII, asegurando el anonimato de quien denuncia e, incluso, premiándolo económicamente cuando su acción concluye con recuperación de dineros para el Estado.

La magnitud del fraude recién descubierto justifica que seamos más audaces en esta materia. En esto, la clase política tiene la palabra.