Más allá de la discutida presencia de Peso Pluma en el Festival de Viña, cuando todo el país se escandaliza -tal vez con justa razón- por el mal ejemplo que sus narcocorridos pueden generar en la juventud, pocos reparan -quizás porque les da menos tribuna- en las famosas fiestas que se organizan desde hace un tiempo en Espacio Ritoque, sector de Punta de Piedra, comuna de Quintero, sitio al cual acuden jóvenes a divertirse, pero también hartos delincuentes en autos deportivos del año, incluso armados, sin que a nadie se le tense un músculo.

La solución de Carabineros, llevada a cabo por el mayor Marcelo Orellana, quien atiende desde Concón hasta Puchuncaví y Quintero, fue la exigencia de detectores de metales en los eventos, lo que, obviamente, elevó el costo de los mismos para disgusto de los organizadores y del dueño de los terrenos, medida que tampoco es utilizada sin una fiscalización constante por parte de los uniformados. Los niveles de ruido, asimismo, son ensordecedores y el boche retumba hasta Concón. Prueba de ello es la denuncia por ruidos molestos que anunció la Municipalidad de Quintero a la Superintendencia del Medio Ambiente en contra de los eventos autorizados por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso. Más grave aún, los conocidos excesos, el consumo de alcohol, drogas y los accidentes son frecuentes, por cuanto los estacionamientos se desbordan y no son poco habituales los atropellos o la caída de jóvenes a fosos como ocurrió hace una semana con una veinteañera.

Quizás una de las grandes fallas de la nueva descentralización administrativa fue la eliminación del antiguo cargo de gobernador provincial de Valparaíso, responsable de la seguridad de las siete comunas, incluidas Quintero y Puchuncaví, las zonas -con la salvedad de Maitencillo- con menor presencia policial de la costa. A diferencia de las otras provincias, que sí cuentan con su respectivo delegado, comunas como Quintero quedaron en un interregno al que la DPR, ya sea por tiempo, capacidad o poco interés, sencillamente no llega.

El combate a la violencia, la delincuencia, el narco y las incivilidades debieran partir por Ritoque. Las voces que se escuchan discurseando sobre lo que ocurra o no en la Quinta Vergara ya son sólo para la galería.

La democracia se encuentra atravesando una profunda crisis de legitimidad y de pérdida de confianza en la ciudadanía. Según numerosos estudios, son varias las causas que explican este fenómeno, especialmente la baja concreción de las expectativas ciudadanas, la corrupción y la ausencia de transparencia.

Con el objetivo de contrarrestar estas anomalías políticas, algunos estados han optado por regular el lobby, especialmente con la finalidad de dejar registro de las reuniones y contactos entre diversos actores sociales y las autoridades con potestad de tomar decisiones.

Frente a la opinión pública, el lobby es una actividad bastante desprestigiada, principalmente porque se le asocia con reuniones secretas, a espaldas de la ciudadanía y donde grupos de élite pueden acceder directamente a las autoridades del Estado, mientras que la inmensa mayoría de los ciudadanos no.

En el sistema chileno, el lobby se encuentra regulado en la Ley N° 20.730, y al margen de las directrices emanadas de esta normativa, una aproximación de buena fe a esta legislación, especialmente por parte del Presidente de la República, sus ministros y parlamentarios de todos los sectores, exige entender que cualquier reunión o contacto con personas, empresas o asociaciones que legítimamente pretenden entregar sus puntos de vista a las esferas de poder, debe ser de cara a la ciudadanía, a fin de honrar la democracia y la transparencia.

El desfile de autoridades, especialmente ministros de Estado, en la casa del lobista Pablo Zalaquett con empresarios, nos ha demostrado que las viejas prácticas de la política siguen más vigentes que nunca. Al hacerse visible esta situación, desde el Gobierno, autoridades como las ministras Vallejo o Tohá, han dicho que estas reuniones, al no ser prácticas de lobby, no deberían estar registradas según la ley respectiva. De esta manera, con declaraciones como aquella que señala que "no todo diálogo es lobby", dada por la ministra Vallejo, se aprecia el intento del Gobierno de poner paños fríos a esta situación, lo que de alguna manera agrava la falta y, a la vez, constituye un insulto a la inteligencia de los chilenos.

Cuando el Presidente de la República, al comentar estos hechos, señala "hay que dialogar hasta que duela" y cuando el ministro Grau reconoce que en la reunión en la que estuvo presente "se escucharon los puntos de vista de las salmoneras", se encuentra aceptando que estas reuniones fueron mucho más allá de un simple encuentro donde las autoridades se limitaron a exponer sobre la marcha del país y los empresarios a escuchar, como se nos ha informado por parte de algunos de los altos personeros que estuvieron presentes en la casa del lobista.

En definitiva, en las últimas semanas hemos observado que diversas autoridades, incluso aquellas que vinieron a renovar y moralizar la política, siguen usando las mismas prácticas de siempre, a espaldas de la ciudadanía y con un burdo intento de justificar acciones que, si bien se pueden ajustar a la normativa legal vigente (según ellos, ya que esta situación no queda del todo clara), no cumplen con estándares básicos de legitimidad democrática.