Indultos irresponsables
Esta semana, el Presidente Gabriel Boric ha anunciado que se evaluarán cincuenta pensiones de gracia, incluidas las del gobierno anterior, y se revocarán aquellas conferidas a quienes hayan cometido delitos de alta connotación social.
¿Debe excluirse de esa pensión necesariamente a quienes cuenten con un prontuario delictual y mantenerla a quienes no lo posean?
Veamos.
Una pensión de gracia debe entregarse -a la luz de las reglas- a quien haya prestado un servicio meritorio; a quien haya sido afectado por una catástrofe o accidente habiendo circunstancias excepcionales que lo sugieran; o, en fin, a quien padezca una incapacidad que le impida ejercer una actividad remunerada para subsistir.
Muchas de las pensiones que se revisarán fueron otorgadas, sin embargo, no en virtud de esas precisas causales, sino a propósito del estallido social.
El caso de estas últimas -las pensiones otorgadas con ocasión del estallido- plantean una pregunta relevante: ¿cómo se pudo justificar su otorgamiento?
Debe descartarse desde luego -porque sería bochornoso que así fuera- que alguna se hubiere otorgado por "servicios meritorios". Ello supondría que impulsar el estallido, o participar de él, o alentarlo, constituyó un mérito digno de encomio o premio por parte del estado. Y algo así puede sostenerse desde fuera del Estado (para quienes adhieran a ese acontecimiento); pero es muy difícil justificarlo desde el Estado. Y es que quienes participaron del estallido sin ejecutar actos violentos no hicieron más que ejercer el derecho a la protesta, un derivado, aunque suene sorprendente de la libertad de expresión. Los que, por su parte, ejecutaron actos violentos como la quema de iglesias, de comercio, o agredieron a la policía, no ejecutaron acto meritorio alguno. Así, entonces, no parece que el estallido justifique, ni ex ante ni ex post, el otorgamiento de pensiones de gracia ni para quienes participaron tranquilamente de él ni para quienes lo hicieron ejerciendo la violencia.
Pero -se dirá- ¿acaso no se justifica haber otorgado pensiones de gracia a quienes habiendo participado de los acontecimientos de octubre resultaron gravemente lesionados, privados de la vista o padeciendo una desgracia semejante?
En general, si hay daño causado por el comportamiento de agentes del Estado (como ocurrió con la senadora Campillai), lo correcto, en vez de conferir una pensión, es pagar la indemnización de acuerdo con las reglas del derecho vigente. Bajo este último, todo daño causado por malicia o negligencia debe ser íntegramente reparado. Median diferencias entre la pensión y la indemnización. La primera es asistencial y por gracia, la segunda debe ser completa, reparar todo el daño, y es además obligatoria.
Aceptemos, sin embargo, que entre los pensionados del estallido ha de haber varios que lo fueron por haber padecido perjuicio causado por agentes del Estado o, presumiblemente, por la omisión del Estado (consistente en omitir el servicio de instaurar el orden). Y que debido a la urgencia a ellos se les otorgó una pensión.
Pero de ser así, parece evidente que la revisión que efectuará el Gobierno y que el Presidente Gabriel Boric acaba de anunciar no puede alcanzar a esos casos.
Si alguien quedó ciego producto de la acción policial y era un delincuente con prontuario o más tarde delinque, ¿con qué argumento podría quitársele una pensión que le fue otorgada no por ser buen ciudadano, sino por haber padecido daño? Un delincuente que padece un daño merece reparación sea que haya delinquido antes o delinca después. Así, entonces, el anuncio tampoco alcanza a estos casos.
De esta manera, no pudieron otorgarse pensiones por mérito a propósito del estallido, y las que se entregaron a quienes padecieron daño no pueden ser revisadas (puesto que es el daño y no la conducta la que las justifica).
¿Queda algún tipo de caso que merezca la revisión? Por supuesto, pero no es muy cómodo para el Gobierno. Son aquellos casos en que no había motivo alguno para conferir el beneficio (puesto que, como vimos, los partícipes de la protesta violentos o no, no lo merecían). Pero en tal caso el responsable no es el beneficiario que la recibió, sino el Gobierno que la otorgó. Y sería bueno que, por fin, a propósito de esta revisión, se lo reconociera. Se reconociera que se fue irreflexivo -otra forma de decir que se fue irresponsable- al concederlos.