El municipio de Valparaíso firmó ayer un acuerdo para entregar apoyo económico a comerciantes de locales nocturnos de la ciudad, con el fin de financiar medidas de seguridad en sus establecimientos a partir de las próximas semanas.

El alcalde Jorge Sharp anunció que los 17 locales beneficiados recibirán un total de $ 40 millones, que administrará la Asociación de Locatarios Nocturnos de Valparaíso. Entre las medidas de seguridad que serán implementadas se cuentan pórticos detectores de metales, cámaras de seguridad de última generación y chalecos antibalas para los guardias de cada local.

"Es el estándar de seguridad que hay en los aeropuertos el que queremos que exista en el comercio nocturno de Valparaíso. Nos parece que esta es la línea correcta en materia de seguridad que debemos tener y esperamos que esta inversión abra la puerta para que otras economías de la ciudad y para que otros locales de la noche porteña que no están en este primer grupo puedan acceder a esta importante inversión. También está pensado para la subida Ecuador y para todos aquellos locatarios que así lo deseen", explicó el alcalde Sharp, agregando que estas medidas también requieren de una participación activa por parte de la Delegación Presidencial Regional y de las policías, para revertir situaciones que se han ido produciendo en ciertos sectores de Valparaíso.

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La empresa Efesys trabajará con la implementación de cámaras de la marca Hikvision, una de las cinco más vendidas a nivel mundial. Cristián Arancibia, trabajador de la empresa Estec, distribuidora de estas cámaras, explicó que "la marca Hikvision es una de las marcas más fuertes en el mercado de cámaras. Tienen características de cuatro megapíxeles infrarrojo de 40 metros, protección IP67, es decir, son para el exterior y el equipo que graba permite instalar cuatro cámaras y el disco duro que va a estar dentro respaldando la información nos va a permitir tener un respaldo de 30 días, el cual se va a ir sobreescribiendo. Además de esto, permite poder monitorearlo a través de una aplicación que se baja en los celulares. Cada locatario podrá mirar en su teléfono eventos o repasar algún video que él quiera y estará también centralizado en el municipio, donde todos estos 17 equipos van a replicarse en varias pantallas para que alguien esté monitoreando". Esto, con el propósito de tener registro de las personas que están delinquiendo en estos espacios.

Más apoyo

El dueño del local Terraza Bellavista, Hernán Robles, destacó que la inseguridad es el único factor que actualmente está afectando al comercio nocturno.

"Nosotros buscamos dar más seguridad y también mostrarle a la gente que trabajamos en pos de la seguridad nocturna. Esperamos también que esto sea apoyado desde la Delegación Presidencial, porque es donde estamos más débiles en apoyo, ya que ellos son quienes coordinan la acción de Carabineros con puntos fijos de noche y con rondas nocturnas en los puntos más conflictivos de la ciudad", comentó el comerciante.

"Esperamos también que esto sea apoyado desde la Delegación Presidencial, porque es donde estamos más débiles en apoyo".

Hernán Robles, Dueño del local Terraza Bellavista

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de su Procuraduría Fiscal de Valparaíso, presentó una ampliación de la querella criminal interpuesta el 22 de noviembre del año pasado contra quien fuera la encargada de la Tesorería de la Municipalidad de Algarrobo, Belén Constanza Carrasco Serrano, seis particulares y el exalcalde de Algarrobo, por los delitos de malversación de caudales públicos, previsto y sancionado en el artículo 233 del Código Penal, y soborno.

Asimismo, respecto del exjefe comunal, el CDE amplió la querella por su participación en calidad de autor del delito de cohecho.

Acción concertada

La acción del CDE, interpuesta ante el Juzgado de Garantía de San Antonio, se dirige nominativamente contra José Luis Yáñez Maldonado, exalcalde de la Municipalidad de Algarrobo, y los particulares Sixto Carrasco, Gonzalo Valderrama, Roberto Henry, Santiago Fuentes, Juan Pablo Maldonado y Rafael Peña, quienes, de manera concertada con la imputada Belén Carrasco, responsable de los fondos municipales, habrían sustraído más de mil millones de pesos de la Municipalidad de Algarrobo generando con ello un perjuicio al patrimonio fiscal.

La acción penal interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado establece que la querellada Belén Carrasco, en el ejercicio de sus funciones y manteniendo a su cargo fondos públicos, procedió a adulterar las nóminas de pago a proveedores del municipio, incluyendo a personas naturales a quienes no les correspondía recibir pago alguno por parte de la entidad edilicia, concertándose con estas últimas con el objeto de sustraer un monto superior a $ 1.069 millones, a través de la autorización de transferencias bancarias.

Administración

Tales hechos, precisa el Consejo de Defensa del Estado en la ampliación de la querella, ocurrieron bajo la administración de Yáñez, quien en su calidad de alcalde de la comuna de Algarrobo, no sólo habría autorizado dicho desfalco, sino que aceptó del particular Rafael Peña, representante legal de la Sociedad Excavaciones Peña Limitada, con quien el municipio mantenía diversos contratos vigentes, "un beneficio económico al que no tenía derecho", de al menos 25 millones de pesos, configurándose con ello además los delitos de cohecho y soborno.

En una convocatoria urgente hecha por la concejala Tamara Tello, la Comisión de Medio Ambiente del municipio de Quintero sesionó ayer con representantes de diversos departamentos municipales y otros organismos para abordar las denuncias por los efectos colaterales que generan las fiestas masivas que se realizan en Punta de Piedra, en Ritoque, la última efectuada el fin de semana y que derivó en una serie de reclamos.

"Todos los habitantes de Quintero estábamos dispuestos a buscar instrumentos en el diálogo con la Delegación Presidencial para llegar a un acuerdo, pero lamentablemente nadie de la Delegación Presidencial llegó al territorio ni a la comisión", acusó Tello.

La ausencia de la Delegación fue calificada como una acción irresponsable y de falta de respeto hacia Quintero y las comunas afectadas. Ante esta situación, la comisión decidió continuar trabajando en una mesa de trabajo junto con organizaciones y vecinos para abordar los impactos medioambientales, de salud y seguridad generados por estas fiestas.