Más allá de la impresentable discusión en el PPD por el supuesto apoyo al gobernador regional Rodrigo Mundaca para su reelección, con la presidenta regional Carolina Marzán valorándolo por sobre lo más alto y su correligionario Marco Antonio Núñez estableciendo exactamente lo opuesto, el fondo del asunto son las mezquindades partidistas por sobre los intereses regionales.

No es ningún misterio que los partidos oficialistas que negocian hoy un acuerdo amplio -en el cual hasta la DC pugna por estar- mastican la impresentable posición de "el que tiene, mantiene", esto es respaldar a los actuales alcaldes del conglomerado sin ningún análisis o balance de sus gestiones. De esta forma, podrían incluso terminar cuadrándose con Jorge Sharp o Constanza Lizana, con el aliciente de agenciarse otras comunas. ¿Cuánto de real y cuánto de negociación hay en las candidaturas de la concejala Camila Nieto (CS) por Valparaíso o de Gonzalo Vega (Comunes) por San Antonio? ¿Estarán dispuestos a llegar hasta el final, pase lo que pase, e independientemente de los acuerdos que consigan sus partidos? ¿Permitirán que Valparaíso y San Antonio sigan su camino hacia el despeñadero con tal de que les dejen libre la vía a otra comuna tal como, digamos, Algarrobo?

Lo que pase finalmente con el PPD y su posición respecto de Mundaca será una buena panorámica de cómo viene la mano al respecto, entendiendo que el nuevo presidente de Agorechi tiene "una buena gestión, que es transversal, un liderazgo instalado (...) que está ejerciendo su cargo de manera muy potente", como dice Marzán; o que tiene "una gestión mediocre", como asegura el exdiputado Núñez. No pueden ser las dos opciones y lo mismo se aplica para su eventual retador del PS, el exalcalde Mauricio Viñambres: "una figura perdida y silenciada", según Marzán, o "el candidato natural del PPD", como dice Núñez.

Ya lo vimos desde el PS con el alcalde Sharp: "oficialista" y con "una nueva actitud", dijeron los diputados Tomás de Rementería y Nelson Venegas, sentencias condicionadas sólo días más tarde por el presidente regional del PPD, el propio Venegas.

Como Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), adherimos al rechazo que ha generado la exposición e intervención artística "El lenguaje no alcanza", a cargo de un artista visual que para llevar adelante dicha iniciativa, dañó y robó letras pertenecientes a letreros y piezas gráficas de distintos establecimientos de la Ciudad Puerto, entre ellos, el emblemático Edificio Cousiño, un inmueble que data de fines del siglo XIX, declarado Monumento Nacional y que actualmente pertenece al Instituto Profesional Duoc UC, socio de nuestra asociación gremial.

Como CRCP, somos parte de un extenso número de instituciones privadas y públicas que tenemos un profundo vínculo con Valparaíso, sus habitantes y su historia. Desde nuestra tribuna, a lo largo de nuestros 165 años de historia, hemos trabajado intensa y constantemente por promover el desarrollo de esta ciudad, aportando, así, a mejorar la calidad de vida de quienes viven, trabajan o estudian en ella. Por ello, creemos que este tipo de acciones transitan por una vereda totalmente contraria, y esta toma un cariz aún más grave cuando es avalada por el Estado, el que, a través del denominado Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, financió tal iniciativa.

También lamentamos que este hecho haya afectado a una institución como Duoc UC, que a través de labor académica, la vinculación con la ciudadanía y con distintos actores del quehacer de la ciudad, ha tenido un destacado rol en distintas iniciativas de recuperación de edificios y sitios patrimoniales en Valparaíso, una comuna que, precisamente, ha sufrido un enorme daño en su casco histórico durante los últimos años, a raíz del llamado "estallido social", el detrimento de su actividad habitual durante la pandemia y la crisis de seguridad pública que afecta a todo el país.

En días donde se discute la pertinencia de instituciones y fondos públicos en promover artistas cuyas expresiones vayan en contrasentido al propósito que debe perseguir el Estado -el bien común y la mantención del Estado de derecho-, creemos que es de suma importancia no solamente condenar este tipo de acciones, sino también hacer un llamado a todos los actores ligados directa o indirectamente al quehacer de nuestra región y el país, a adherir a dicho rechazo, por cuanto no podemos legitimar la delincuencia a través de su institucionalización pública, porque aquello nos arriesga a transitar hacia un camino sin retorno.