Recursos por prisión preventiva crecieron un 17% durante 2023
REGIÓN. Ministro de Justicia comentó que "hay un abuso" de la medida cautelar. Parlamentarios y comisión de DD.HH. discuten al respecto.
La cautelar de arresto domiciliario total con la que quedó la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, imputada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público; no dejó conforme a la Fiscalía que pedirá una revisión de la medida. Incluso, el propio Fiscal Nacional, Ángel Valencia, cuestionó la decisión del juez Hugo Salgado del 9° Juzgado de Garantía de Santiago, al decir que "no se ajusta a derecho". "Conforme al derecho chileno, la señora Barriga debiera estar en prisión preventiva durante el procedimiento, esto es, en una cárcel", aseguró.
A raíz de este caso se abrió otra arista de discusión, que tiene que ver con la cantidad de personas que cumplen prisión preventiva -entre las que se encuentra, por ejemplo, el exrepresentante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade-, y que implicaría sobrepoblación carcelaria.
"Nosotros tenemos hoy día un abuso de la prisión preventiva. Cuando tenemos un abuso de la prisión preventiva y aumentan las personas privadas de libertad, a usted le impide razonablemente hacer dos cosas dentro de la cárcel", comentó ayer el ministro de Justicia, Luis Cordero, sobre este punto en el programa "Estado Nacional" (TVN).
La primera es "segregar de modo eficaz", y la otra "tener políticas de reinserción adecuada, que es donde uno debiera focalizar en el caso particularmente de los condenados".
El Aumento
¿Y qué pasa a nivel local? En el marco de la Cuenta Pública 2023 de la Fiscalía Regional de Valparaíso se dio a conocer el aumento de apelaciones del organismo por prisión preventiva a imputados, que fue solicitada en más de 1.300 instancias a la Corte de Apelaciones en delitos de mayor gravedad en la zona.
Aquello implica un aumento del 17% del recurso en comparación a 2022, sumándose a otros 81 requerimientos del Ministerio Público por la internación provisoria de jóvenes de 14 a 17 años, consistente en un alza del 24% y que también busca privar de libertad a autores de ilícitos de alta connotación social.
De acuerdo a la fiscal regional, Claudia Perivancich, dichas cifras, y los esfuerzos realizados junto a policías y el Ejecutivo en 2023, demuestran que el organismo "ha sabido reacomodarse a distintas realidades y está abordando esta (actual) realidad criminal", endureciendo las medidas ante el clima de violencia que atraviesa nuestro país.
No obstante, esta situación despertó distintas reacciones en actores del mundo político y social, quienes se manifestaron a favor o en contra de esta la medida, acusando, en ciertos casos, que en su aplicación se incurriría en un marcado sesgo de clase.
Endurecimiento
Ante el aumento de 17% en apelaciones por prisión preventiva, el diputado y miembro de la comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton (RN), señaló que la propia alza de delitos violentos y el porte de armas en la zona justifican este tipo de acciones, arguyendo que la Justicia debe optar por medidas más drásticas.
"Este aumento de formas de criminalidad tan violentas va de la mano con las apelaciones de la Fiscalía para solicitar prisión preventiva (…). Los tribunales deben considerar que esta nueva criminalidad es cada vez más despiadada, y eso debe ir de la mano con las penas, pero también con las medidas cautelares", sostuvo el parlamentario.
No obstante, desde la Comisión Chilena de DD.HH de Viña del Mar expusieron su inquietud ante la normalización de esta herramienta, señalando que, aunque el aumento de los ilícitos violentos es una realidad, esto no puede ser justificación para aplicar a destajo la medida que, por naturaleza, corresponde a un requerimiento excepcional.
"Aplicar en forma indiscriminada la prisión preventiva sólo sirve para saturar las cárceles y recintos penitenciarios. (…) Existen otras formas de cumplimiento de pena, que dependiendo del caso son más eficientes que la privación de libertad, donde existe el peligro de contaminación entre los presos", indicó al respecto la presidenta de la organización, Graciela Jiménez, quien advirtió la desproporcionalidad que esto significaría en casos de delitos menores.
Igualdad de trato
Asimismo, parlamentarios del oficialismo resaltaron que, debido a la norma excepcional que posee este tipo de privación, es fundamental que la Justicia acoja dichos requerimientos con parámetros claros y semejantes, que no den la impresión de una desigualdad de trato entre imputados.
Esto, en referencia al caso de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien tras ser procesada por el fraude de más de 31.000 millones de pesos, y pese a la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía, fue puesta en arresto domiciliario total.
"Es importante que exista igualdad de trato, sin sesgo de clase para que no sea una medida aplicada exclusivamente a personas de sectores populares, como un castigo anticipado ante delitos menores", afirmó el senador de la región, Juan Ignacio Latorre (RD), en relación a la masificación de la medida.
Su compañero de coalición, el diputado Luis Cuello (PC), apuntó directamente al caso de Barriga y cómo este daña la reputación de las instituciones, ignorando una igualdad de condiciones con el resto de imputados.
"Llama la atención que a una persona acusada de graves delitos de corrupción no se le decrete prisión preventiva. Los delitos de cuello y corbata no son menos graves que otros ilícitos, al contrario, constituyen hechos graves que perjudican a la comunidad", sostuvo, argumentado que las medidas cautelares también deben ser ejemplares en escándalos de corrupción.
Más plazas carcelarias
Esto reflota, además, el tema de contar con nuevas cárceles (ver nota pág. 3). Al respecto, y en conversación con el mismo programa de TVN, el ministro Cordero también abordó parte del nuevo plan carcelario que se encuentra elaborando el Ejecutivo, subrayando que "el Presidente ya lo había anunciado en su cuenta pública, pero ya están los procesos de licitación en curso".
"Entre este año y el 2025, ocupando el sistema de concesiones, no sólo se va a habilitar una cárcel nueva, que es en La Laguna, en Talca, sino que además de eso, se están licitando las ampliaciones de Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Rancagua y Puerto Montt", agregó. "Aproximadamente el país de aquí al 2033 debiera tener un aumento de un poco más de 20.000 nuevas plazas del sistema", aseguró.
Sin embargo, reforzó la necesidad de avanzar legislativamente, debido a que "las proyecciones de aquí al 2033, la peor de las proyecciones, es que vamos a estar en torno a los 80.000 personas privadas de libertad", por lo que "si tomamos medidas adecuadas, podríamos ver entre 54.000 y 58.000 personas privadas de libertad" de las cuales el plan de infraestructura en el que se está trabajando podría hacerse cargo, dejando "cierta holgura al país" en esta materia.
"Esta nueva criminalidad es cada vez más despiadada y eso debe ir de la mano con las penas y medidas cautelares".
Andrés Longton, Diputado RN
"Es importante que exista igualdad de trato, (...) para que no se aplique solo a personas de sectores populares".
Juan Ignacio Latorre, Senador RD
1.343 apelaciones por prisión preventiva cursó el Ministerio Público ante la Corte de Apelaciones en 2023.
24% fue el aumento en apelaciones por internación provisoria a adolescentes, abarcando 81 acciones.
"