La próxima asunción en el Consejo de Rectores Universitarios de Valparaíso (CRUV) del titular de la Universidad Federico Santa María, Juan Yuz, en reemplazo de su colega de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Nelson Vásquez, quien sostuvo el cargo durante el último año, representa una gran oportunidad para renovar la voz del ente que ha agrupado a las universidades públicas de la región por más de medio siglo.

La labor de Vásquez, concentrada en el posicionamiento de Valparaíso como ciudad universitaria, el trabajo de una serie de comisiones, el claro foco en la descentralización y el desarrollo regional con iniciativas como la nueva Estrategia de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (ECTI), encabezado, entre otros, por la inigualable María José Escobar (USM), ha sido digna de aplauso. Tal como su postura clara y firme frente a entelequias como la Corporación Patrimonial de Valparaíso, de la cual excluyó a su casa de estudios por desconfianza en el proyecto, siendo beneficiado con la razón que le dio el tiempo, o su distancia colaborativa con el tan publicitado Acuerdo por Valparaíso.

Yuz, un rector joven, estudioso y tremendamente decente, tendrá la ocasión de llevar el CRUV a una instancia que excede a las clásicas luchas por los aportes basales del Estado o la agenda progresista tan defendida por figuras nacionales del Gobierno y del mundo universitario, como la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés.

Pero hay un grado de exigencia mayor y esa es la gran trampa del cargo: no basta con firmar todo lo que se le ponga por delante y agachar la cabeza, como hicieron muchos para los días del estallido social, cuando destruyeron Valparaíso e incluso después. La voz de Yuz debiese resonar en cada esquina de la región a la hora de marcar posiciones ante las irresponsabilidades políticas propias de los agrios tiempos que corren. Es un año electoral, bien lo sabemos. Por lo mismo es dable exigirle tanto a alguien de su estatura.

Actualmente se discute en el Congreso Nacional un proyecto de ley para que los mayores de 75 años -con enfermedades psíquicas o terminales- puedan cumplir reclusión domiciliaria. Sin duda, esta iniciativa contribuiría a descongestionar nuestras sobrepobladas cárceles. Lamentablemente, algunos parlamentarios se oponen a esta iniciativa porque favorecería a los militares. Argumentan que quienes han cometido imperdonables crímenes de lesa humanidad no merecen conmiseración alguna, al igual como ellos no la habrían tenido con sus víctimas; y que, además, el Estatuto de Roma impide otorgar libertad a los imputados por tales crímenes.

Al respecto, contrariamente a la idea generalizada, la mayoría de los inculpados por derechos humanos no son irredimibles asesinos ni torturadores, sino honestos ciudadanos que al momento de los hechos tenían grados muy subalternos y les correspondió una participación marginal en los hechos de los que se les acusa, en un país altamente convulsionado. Muchas condenas se fundamentan en rebuscados argumentos jurídicos, cuando no en subjetividades amparadas por el antiguo sistema procesal penal al que están sometidos los militares, derogado en Chile por arbitrario hace más de 20 años. Así, hay magistrados que, en su celo contra la impunidad -quizás para lavar la imagen de obsecuencia durante el gobierno militar-, tienden a acreditar acciones dolosas con discutibles "convicciones" o recurren a inéditas figuras jurídicas, como el "secuestro permanente" y la "asociación ilícita", e incluso no respetan la "cosa juzgada"; y ni hablar de la prescripción y la amnistía

En cuanto al Estatuto de Roma, recordemos que fue incorporado a nuestra legislación recién el año 2009, mediante la Ley 20.357 que tipificó el delito de lesa humanidad, indicando expresamente en su artículo 44 que entrará en vigor para hechos posteriores a su entrada en vigencia. Sin embargo, su normativa se aplica retroactivamente, violando el artículo 19, N° 3, de nuestra Constitución Política y contradiciendo uno de los principios básicos del derecho. Por lo demás, el proyecto en comento no libera a los condenados de cumplir la pena, sino sólo cambia su lugar de reclusión; y tampoco es un beneficio automático, ya que se concedería analizando caso a caso.

Confío en que este humanitario proyecto no introducirá excepciones en base a supuestos que no se condicen con la realidad. No es justo descargar la iracundia de un período complejo de nuestra historia sólo en las FF.AA.; me preocupa que se asiente la idea de una suerte de revanchismo jurídico-legal contra un grupo específico de ciudadanos.