Argentina vive su primera huelga general desde 2019 contra las reformas de Javier Milei
MANIFESTACIONES. Confederación General del Trabajo llamó a paralización desde el mediodía para demostrar el descontento por el decreto de necesidad y urgencia y la "ley ómnibus" que se tramita en el Congreso.
Argentina vivirá hoy, bajo el Gobierno del ultraliberal Javier Milei, su primera huelga general desde 2019, convocada por la principal central sindical del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), y secundada por partidos políticos y organizaciones sociales y de derechos humanos, entre otras.
Durante media jornada, entre las 12.00 horas y la medianoche, el nervio sindical argentino intentará exhibir su fuerza contra las reformas del actual Ejecutivo que buscan desregularizar la economía al máximo y desarmar la estructura del Estado como se conoce hoy.
La protesta está centrada en el decreto de necesidad y urgencia (DNU), puesto en vigor el 29 de diciembre y aún bajo amparo judicial en varios puntos, y el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, todavía en trámite legislativo.
Esta última, conocida como "ley ómnibus", busca dotar de potestad legislativa al Gobierno de Milei en virtud de una emergencia pública por la actual situación socioeconómica del país, con un 211,4% de inflación interanual y más de un 40% de pobreza en la población, que podría extenderse hasta el 31 de diciembre de 2025.
Primera vez desde Macri
El Gobierno del peronista Alberto Fernández no vivió ningún paro general de la CGT, lo que, en opinión del actual Ejecutivo, asombra "por el silencio que han tenido durante tantos años", dijo ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni.
"No entendemos qué es lo que les duerme y qué les despierta", indicó en alusión a los líderes sindicalistas de la CGT, central sindical de inspiración peronista, y pidió que hoy "triunfe la libertad", de manera que "quien quiere ir a trabajar, que lo haga, y el que quiera parar, que lo haga, sin cercenar ningún derecho".
El último paro general en Argentina data del 29 de mayo de 2019 y fue el quinto que recibió el Ejecutivo del centroderechista Mauricio Macri.
La media jornada de huelga de hoy incluye una marcha que se prevé multitudinaria hasta el Congreso de la Nación, en Buenos Aires, donde aún continúa el trámite de la "ley ómnibus" en el plenario de comisiones antes del paso definitivo a la Cámara de Diputados.
Para evitar posibles enfrentamientos en virtud del protocolo antipiquetes implementado por el Ministerio de Seguridad, líderes sindicales acordaron con las autoridades de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las calles por las que transcurrirá la movilización y establecieron rutas de circulación para vehículos de emergencia.
El Gobierno, que descontará el salario de la jornada a los empleados públicos que hagan huelga, abrió un número de teléfono, el 134, para recibir denuncias de quienes recibiesen amenazas o presiones para participar del paro.
Según el Ejecutivo, la línea recibió más de 3.000 llamadas con datos que permitirán tramitar la denuncia ante la Justicia.
Después de las dos movilizaciones que hubo en diciembre pasado contra los ajustes anunciados por el Ejecutivo de Milei, esta será la primera huelga general del Gobierno iniciado el 10 de diciembre.
Cambios de última hora
El Gobierno de Milei realizó varios cambios al proyecto de la "ley ómnibus" para intentar que se apruebe en el Congreso.
La iniciativa, de hecho, quedó con 525 artículos, lejos de los 664 iniciales.
Por ejemplo, la emergencia múltiple en la que se amparan las reformas propuestas por el Ejecutivo sólo sería declarada hasta el 31 de diciembre de 2024, aunque podría ser prorrogada un año más (hasta fines de 2025), lo que significa dos años como máximo frente a los cuatro iniciales.
Además, en la otra batería de medidas propuesta por Milei en diciembre, el decreto de necesidad y urgencia, ya no está mencionado explícitamente en el texto de la "ley ómnibus".
En el apartado de privatización de empresas públicas, el Ejecutivo eliminó a la petrolera de mayoría estatal YPF, controlada en un 51% por el Estado argentino tras la expropiación a la española Repsol en 2012 y que cotiza en Wall Street.
En seguridad se proponía que toda reunión de más de tres personas convocada con carácter "intencional y temporal" fuese considerada "manifestación". Ahora se elevó a un mínimo de 30 personas.