Un interesante seminario reunió ayer en la casa central de la PUCV a la ministra de Obras Públicas, Jessica López; el director del Consejo de Políticas para la Infraestructura (CPI), Carlos Cruz; el gerente general de Aguas Pacífico, Javier Moreno; el miembro de la Comisión Hídrica de la Cámara Baja, Nelson Venegas; el académico Rolando Chamy; y la dirigenta de la cooperativa El Granizo, Jéssica Gómez, en torno a la desalinización y la actual construcción de una planta con esta tecnología en Puchuncaví por una inversión de US$1.000 millones.

Convocados por El Mercurio de Valparaíso y la casa de estudios, los exponentes dieron luces sobre la necesidad de fomentar su desarrollo ("la emergencia es ahora", dijo la ministra), avanzar en estudios y desarrollo de las mismas fomentando la asociación público-privada (el exministro Cruz incluso ofreció al CPI como enlace) y viendo cuáles son los compromisos sociales, económicos y medioambientales con la bahía de Quintero y Puchuncaví, en el caso de Aguas Pacífico ("nos exigiremos los máximos estándares tecnológicos de la industria", agregó Moreno).

Asumiendo que las plantas desalinizadoras son una estrategia (hoy bastante onerosa), la ministra también abogó por la reutilización de aguas servidas, la disminución y eficiencia del consumo en suelos agrícolas y en el uso personal, y la mejor gestión del líquido en las cuencas de la región, partiendo por la del Aconcagua.

Aguas Pacífico, empresa perteneciente a un fondo de inversiones brasileño -Patria Investments- tardó ocho años en conseguir los permisos ("una eternidad", en boca de la propia ministra) para el inicio de la construcción de la planta que servirá a la mina Los Bronces (perteneciente a Anglo American y en un 25% a Codelco) y que también contribuirá a las comunas de Puchuncaví, Olmué y Limache con precios preferentes para sus cooperativas de Agua Potable Rural (APR), que hoy los ven como la única salvación posible.

Otras figuras se han explorado y se siguen explorando (swap de agua con sanitarias, por ejemplo) en busca de mayores beneficios sociales para la zona.

Hoy, nuestro país enfrenta una crisis de seguridad, principalmente centrada en los delitos más violentos, que tienen como especial protagonista la niñez más vulnerada en espacios que deberían ser protectores, como la familia, la escuela y la comunidad.

Según datos de la Fiscalía, en 2022, 54 niños, niñas y adolescentes perdieron su vida en conflictos asociados a la delincuencia (aún no tenemos datos de 2023), 57% de ellos fueron protagonistas de acciones delictivas. En la misma línea, según el Observatorio Niñez de Fundación Colunga, 1 de cada 3 niños ha presenciado tráfico de drogas, balaceras o disparos. Aumenta la participación de niños en delitos violentos y en bandas organizadas; 1 de cada 3 miembros de estas bandas, según informa Carabineros, son adolescentes. Cifras de la Defensoría Penal Pública: en 2021, un total de 110 niños fueron imputados por el delito de homicidio, mientras que en 2022 el número llegó a 146, lo que equivale a un 32% más.

Con este escenario se va dibujando claramente una estrategia del crimen organizado de involucrar a niños en delitos violentos. Así, rompen la cohesión en los territorios donde operan impunemente, mientras el Estado no resuelve importantes nodos críticos, como los 14 mil niños que no cuentan con tratamiento necesario para salud mental, o los 35 mil en espera de un programa ambulatorio en Mejor Niñez, o más de 50 mil niños excluidos del sistema escolar y cerca de 1 millón en ausentismo crónico.

La niñez está siendo acechada por el crimen organizado que permea sus espacios de protección. Se requiere con urgencia levantar una agenda temprana de prevención social que fortalezca aquellos ámbitos erosionados por el delito. Es necesario apoyar la crianza de padres y cuidadores, el reingreso al sistema escolar y fortalecer la cohesión de los vecinos por el desarrollo positivo de la niñez. Se necesita una oferta completa, oportuna, de calidad y con evidencia que realmente sea capaz de prevenir tempranamente y cambiar trayectorias delictivas cuando se inician.

Tenemos en ciernes una verdadera catástrofe en la infancia más vulnerada que es víctima del crimen organizado. Hay herramientas legales en la Ley de Protección Integral de la Niñez que el legislador le dio al Ejecutivo. Debemos llegar antes y dejar de llegar tarde. Hoy, la vida y el futuro de cada uno de ellos depende del liderazgo para enfrentar este desafío. Un niño son todos los niños del mundo.