Orden de demoler el Hotel Punta Piqueros abre debate sobre posible daño ambiental
CONCÓN. Seremi de Vivienda se pronunció a solicitud de la Corte Suprema y determinó que el fallido inmueble en pleno borde costero debe ser destruido.
De acuerdo con el último fallo de la Corte Suprema de fecha 30 de mayo de 2022, en el cual se instruye a la Seremi de Vivienda emitir un nuevo pronunciamiento sobre la petición de demolición del Hotel Punta Piqueros, en el borde costero de Concón, solicitada por la Corporación de Defensa del Patrimonio Histórico de Viña del Mar, ayer la seremi notificó de la demolición a la inmobiliaria Punta Piqueros, a cargo del proyecto.
Al respecto, la seremi de Vivienda y Urbanismo, Belén Paredes, declaró que "se cumplen las dos causales que establece el artículo 157 (de La Ley General de Urbanismo y Construcciones) para ordenar, por resolución fundada, la demolición total o parcial de las obras, dado que en la actualidad no se ajusta al Plan Regulador Comunal y no cuenta con permiso municipal".
Desde el organismo explicaron que luego de transcurridos 10 días hábiles a contar desde la fecha de notificación de la resolución de demolición, sin que haya existido reclamación de la inmobiliaria ante la justicia ordinaria, el Serviu regional procederá a iniciar las tramitaciones necesarias para llevar a cabo la demolición, las que deben contemplar un proyecto y contar con las tramitaciones administrativas sectoriales que se requieran para acometer dicha medida, incluido con ello el ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental.
Historia del proyecto
Por su parte, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, recordó que el proyecto Punta Piqueros, situado sobreel peñón Oreja de Burro, en el camino costero de Concón, "obtuvo un permiso el día 10 de enero del año 2011, el cual, de acuerdo a la inmobiliaria, fue ejecutado en tres intervalos de tiempo y tuvo una duración de 62 meses, aproximadamente cinco años, tiempo que estuvo vigente el proyecto. Sin embargo, después se paralizaron las obras y estuvo paralizado más de siete años".
Añadió que dicho permiso de obras "fue declarado ilegal y dejado sin efecto por sentencia de la Corte Suprema y los fundamentos de la Corte fueron, entre otros, la falta de una Resolución de Calificación Ambiental y, además, la falta de publicación en el Diario Oficial del permiso de obras otorgado por la DOM (Dirección de Obras Municipales de Concón). Ahora, lo que es curioso es que la inmobiliaria nunca corrigió esto".
El jefe regional sostuvo que "Punta Piqueros parecía un tremendo proyecto, que generaría empleo, pero también todo el mundo cuestionó el lugar y la forma en la cual fue construido. Y hoy día esta decisión de demoler, sin duda que va a poner nuevamente la discusión la forma en la cual nos relacionamos con el medioambiente y que no es posible implementar el desarrollo inmobiliario a cualquier precio".
En ese sentido, recordó que "ya nos pasó el año pasado con (los edificios) Kandinsky, Santorini, etcétera, cuando se construyó en un ecosistema fragilizado sobre un terreno dunar".
Medidas
En tanto, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, indicó que no han sido notificados de la resolución y "por lo pronto, el municipio va a tomar todas las medidas para que el eventual impacto de una demolición no vuelva a revictimizar el medioambiente".
Expuso que actualmente "sólo existe un anteproyecto que tiene muchas observaciones" y advirtió que "cualquier nueva iniciativa tiene que estar acorde a lo que establece la Corte Suprema y, por supuesto, a los instrumentos territoriales como el Plan Regulador. Nosotros no autorizaremos nada que no cumpla con el actual Plan Regulador Comunal".
A su vez, la concejala de Concón María José Aguirre (Ind.-Evópoli) recordó que "la edificación no tiene permiso válido y vigente, imposible de obtener ya que están fuera de norma según el Plan Regulador de Concón, y la modelación de tsunami exigida a propósito del informe del SHOA tendría que modificarse, y eso no es viable. Además, tiene cuatro fallos en contra desde la Corte Suprema, dos fallos en contra desde el Tribunal Ambiental, y los EIA (Estudio de Impacto Ambiental) del 2014 y 2018 no fueron acogidos".
Añadió que "el daño medioambiental realizado al construirlo ha sido brutal. Se debe exigir EIA para su destrucción".
La edil quiso "dejar muy en claro que las cosas que no comienzan bien, siempre terminan mal, o sus costos son invaluables. No estamos en contra del hotel y su construcción, sino que desde siempre estuvimos en contra del lugar que se eligió para construir. La fuerza de la naturaleza siempre se pronuncia; la Corte Suprema esta vez se adelantó".
Para el diputado Andrés Celis (RN) "es de sentido común entender que construir sobre ese sector del borde costero es una situación grave, que altera el medioambiente y va en desmedro del ecosistema. (...) Espero que el proceso de demolición sea efectuado con tal cuidado y rigor que evite en todo lo posible causar un mayor daño ambiental".
Coincidió en ello el diputado Jorge Brito (RD), quien dijo que "nos preocupa que las obras de demolición no vayan también a dañar el Santuario de la Naturaleza".
Plan de Mitigación
El consejero regional Manuel Millones (Ind.-UDI) advirtió que "si bien la decisión se avala en un fallo judicial, no se puede concretar dicha medida si no tiene un plan de mitigación ambiental, por cuanto la destrucción de ese inmueble, total o parcial, va a provocar efectos negativos en el mar y borde costero".
Para la consejera regional Tania Valenzuela, la decisión es "una medida ejemplificadora frente a todas las obras que buscan avanzar de manera irregular". La core espera que "el Servicio de Evaluación Ambiental tome en consideración todas las medidas necesarias que impidan un nuevo deterioro en el sector".
Por su parte, el presidente de la Cámara Regional del Comercio Valparaíso, Javier Torrejón, lamentó la decisión, porque "creemos que la destrucción o desarme de la estructura que hoy se encuentra en el borde costero, generará más daños que beneficios al ecosistema del sector".
"no es primera vez"
La abogada Jeanette Bruna, académica de Derecho Urbanístico de la PUCV, hizo notar que "no es primera vez que la Seremi Minvu dicta una orden de demolición de construcciones sin permiso, y en este caso nos retrotraemos a dos años atrás, cuando dictó la misma orden de demolición en el caso de las construcciones en la toma de la familia Correa en Quilpué. Hasta el día de hoy no ha sucedido nada, no se ha hecho ejecutar dicha orden, por lo tanto, es presumible que esta de Punta Piqueros quede también sólo en el papel, o bien, si se ejecuta, entonces también es presumible que va a hacer ejecutar también la de Quilpué, que es anterior y, por lo tanto, tiene que actuar con preeminencia en base a dicha antigüedad".
La jurista explicó que "es la inmobiliaria la que tendría que demoler; y si no demuele, lo hace la Seremi a través del Serviu".
Sin embargo, el presidente de la fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, si bien valoró la decisión de la seremi, advirtió que "no va a producir efecto porque la ley establece que cuando el seremi o cuando el alcalde resuelve la demolición, quien se debe meter la mano al bolsillo para pagar todas las obras de demolición, que son tremendas y con una brutal contaminación atmosférica, es el inversionista, la inmobiliaria, y en esta circunstancias, la inmobiliaria, inteligentemente, se va a declarar en quiebra. Se va a producir ahí lo que se llama un elefante blanco".
Dicha salida sería posible, precisó, porque "en general, la industria inmobiliaria crea sociedades a través de escrituras públicas para cada uno de los proyectos que ejecutan, para que no tengan consecuencias sobre sus otros negocios".
Ante consultas de este Diario, tanto la Inmobiliaria Punta Piqueros como la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, que había solicitado la demolición, declinaron referirse al tema.
"El daño medioambiental realizado al construirlo ha sido brutal. Se debe exigir Estudio de Impacto Ambiental para su destrucción".
María José Aguirre, Concejal a de Concón
"El municipio va a tomar todas las medidas para que el eventual impacto de una demolición no vuelva a revictimizar el medioambiente".
Freddy Ramírez, Alcalde de Concón
10 de enero de 2011 es la fecha en que la DOM de Concón otorgó el permiso de obras a la inmobiliaria.