"Las cifras demuestran que estamos retrocediendo cerca de 20 años en materias de prisión preventiva"
El recién asumido jefe de la Defensoría Regional de Valparaíso, el abogado Sebastián Salinero, abordó la discusión instalada a nivel nacional sobre el uso de la prisión preventiva, sus efectos y corresponsabilidad en casos de corrupción.
El destacado penalista, que inició sus labores el pasado 2 de enero, dijo no estar de acuerdo con la masificación de la cautelar, acusando un grave retroceso en la materia y exponiendo la línea de trabajo que seguirá el órgano en 2024.
Prisión preventiva
- ¿Comparte los dichos del ministro de Justicia, Luis Cordero, de que existe un "abuso" actualmente de la prisión preventiva en Chile?
- Nosotros, como institución, hemos sostenido históricamente que ha existido un abuso de la prisión preventiva. Creo que, de una u otra manera, las cifras nos han dado la razón. Es importante considerar que cuando nace la Reforma Procesal Penal, en el año 2000, el diagnóstico de la situación fue que las cárceles chilenas tenían un 50% de presos cautelares. Y uno de los hitos que marcaba la reforma era terminar justamente con esto, con el 50-50. En un comienzo vino a solucionar aquel inconveniente, pero hoy las cifras demuestran que estamos retrocediendo cerca 20 años en la materia. Estamos en torno al 38% a nivel nacional de presos preventivos, lo cual es dramático. No es algo que haya venido ocurriendo ahora a propósito del momento de seguridad que estamos viviendo, sino que es algo que se ha venido sembrando hace un buen tiempo a la fecha.
- ¿Cuál es la situación a nivel regional? ¿Se repite el fenómeno de un alto flujo de mujeres en prisión preventiva?
- Existe un balance a nivel regional. Nosotros, al interior de la Defensoría, tenemos justamente un programa de género para defensa especializada, que es un factor que nosotros consideramos a propósito de la discusión por la prisión preventiva: el hecho de la maternidad, de que se trata de mujeres en ciertos casos de condiciones precarias. Entonces, efectivamente hoy existen altos niveles de encarcelamiento femenino, pero no es un fenómeno que sea propio de la región.
- ¿Cuándo corresponde entonces que se aplique esta cautelar?
- Todo penalista sabe que la prisión preventiva es para aquellos casos absolutamente graves. La prisión preventiva debe ser un último recurso, porque siempre tiene que primar lo que hemos sostenido como institución y también lo que da cuenta nuestra legislación, que es el principio de inocencia que tienen las personas. Mientras no se establezca su culpabilidad, a los individuos no se les puede privar de derechos. Entonces, la prisión preventiva encuentra su uso en relación a la gravedad de los delitos, no puede ser para todos.
- Frente al alza de delitos violentos y el ánimo por penas más severas, ¿cuál es la postura que debería adoptar la Defensoría?
- Creo que tenemos que estar exentos de los ánimos que tenga la población en un determinado periodo coyuntural, porque nosotros cumplimos un rol que es defender a nuestros usuarios de los delitos que se les imputan. Respecto a lo que estamos viviendo hoy, y en relación con la prisión preventiva, además de nuestro rol central tenemos que contribuir con lo que estamos haciendo y dar cuenta de cómo personas que fueron privadas de libertad, luego fueron declaradas inocentes. Para ello, nosotros tenemos el proyecto Inocente, que es una iniciativa que va sumando muchos casos y la región ha aportado más de 300 casos de personas que fueron injustamente privadas de libertad.
Casos de corrupción
- ¿Es aplicable esta medida entonces a delitos de malversación de fondos públicos, como la investigación contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y el caso Convenios?
- Considero que en dichos casos se da cuenta de situaciones en que la sociedad reclama tipos de sanciones ejemplificadoras, pero no tenemos que perder el sentido, y por eso es tan importante el rol que cumplen los medios de comunicación, de que se trata igualmente de personas que están siendo investigadas y no se ha hecho un juicio de culpabilidad aún. Es decir, gozan de presunción de inocencia. Mientras que no se establezca su culpabilidad, no pueden estar privadas de libertad o ser objeto de otras sanciones. Así lo hemos demostrado nosotros a través de nuestro proyecto Inocente, que da cuenta de personas que han sido encarceladas en prisión preventiva, que muchas veces la sociedad ha reclamado aquella medida, y después terminan absueltas.
- ¿Existe populismo penal en esos casos?
- No sé si populismo penal. Ese concepto yo más bien lo asocio a cuando existe una voluntad del legislador en regular determinadas materias que la sociedad va reclamando e ir legislando de manera apresurada. Yo creo que más que populismo penal, estamos frente a un fenómeno que la sociedad reclama justicia y quiere saciar sus expectativas de manera rápida. Y creo que de cierta manera el sistema penal tampoco es capaz de dar esa claridad.
"Más que populismo penal, estamos frente a un fenómeno que la sociedad reclama justicia y quiere saciar sus expectativas de manera rápida. Y creo que de cierta manera el sistema penal tampoco es capaz de dar esa claridad".