Fiscal nacional: podría existir fraude en la entrega de pensiones de gracia
INVESTIGACIÓN. El Gobierno informó que revocará 25 beneficios, donde "no hay personas con pérdida de globo ocular (...) hay daños que tienen tal cuantía que no es relevante que haya antecedentes penales".
El fiscal nacional, Ángel Valencia, explicó ayer que "cada vez que hay información en la prensa que da cuenta de un hecho que reviste interés, en el cual la Contraloría ha emitido un pronunciamiento, por razones de prudencia y de buena gestión suelo requerir un informe a las unidades especializadas de la Fiscalía para que manifiesten, desde el punto de vista técnico, si hay justificación o no para abrir una investigación", como ocurrió en las últimas horas del viernes, cuando se iniciaron las pesquisas por las pensiones de gracia entregadas frente a vulneraciones a los Derechos Humanos en las protestas de octubre de 2019, a personas con antecedentes penales, incluso sin presentar pruebas médicas.
El jefe del Ministerio Público dijo ayer en Canal 13 que la Unidad Anticorrupción "reportó que efectivamente había méritos para iniciar de oficio una investigación, porque había antecedentes de hechos que podían revestir caracteres de delito".
"Podría haber también, por ejemplo, fraude de subvenciones, es decir personas que entregaron información falsa con el objeto de poder acceder a una de esas pensiones, podría haber alguna prevaricación administrativa", señaló Valencia.
El persecutor determinó que se comenzará con "la base de los hallazgos de Contraloría y los informes que pueden centrarse en el actuar de los funcionarios públicos, más que los beneficiarios. En algún momento, probablemente si hay mérito, es posible que se dirija hacia los beneficiarios".
La ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que "es positivo que se haga una investigación penal y que se despeje toda duda", porque "claramente esto tuvo falencias", junto a "problemas administrativos y un proceso que estuvo mal concebido".
Las primeras 148 pensiones de gracia por el 18 de octubre de 2019 fueron entregadas por el ex Presidente Sebastián Piñera, dentro de un total de 418 beneficios. Las 270 restantes han sido otorgadas en el Gobierno de Gabriel Boric.
25 revocaciones
El Ejecutivo informó hace unos días que 69 de estas personas tienen antecedentes penales, por delitos como homicidio, violación, producción de pornografía infantil y violencia intrafamiliar, entre otros. Antes, Contraloría señaló que los condenados eran 58.
La titular del Interior dijo que se trata de una "situación indignante que hay que corregir". Durante estos días "el Presidente tiene que hacer la última revisión, pero ya hay un número seguro de 25 pensiones que se van a dejar sin efecto y otros casos más que todavía tienen que revisarse".
Entre los 25 casos citados "no hay personas con pérdida de globo ocular. O sea, se ha tomado la decisión de que hay daños que tienen tal cuantía que no es relevante que hayan antecedentes penales. Pero hay casos en que el daño es de mucha menor entidad, hay antecedentes penales muy importantes y nos parece que dada la complejidad que tuvo este proceso que es mejor dejar sin efecto esas pensiones", agregó Tohá.
"La pensión de gracia no es un premio al mérito", destacó la ministra, sino que "tiene que ver con que está acreditado un daño causado por el Estado que es grave, irreversible", mientras que "el gravísimo delito tiene que ir a la cárcel, tiene que pagar por el delito que cometió, la pensión de gracia no lo exime de responsabilidad penal".