Correo
Pensiones de gracia I
"A la fecha, se han detectado 69 pensiones de gracia entregadas a delincuentes; sin embargo, algunos insisten en llamarlo "estallido social". Basta, el mito se ha derrumbado.
Francisco Bartolucci Johnston
Pensiones de gracia II
Conocidos son los hechos que han levantado cuestionamientos en torno a la facultad de conceder pensiones de gracia radicada en el Presidente de la República.
Sobre el particular, cabe recordar que la existencia de esta facultad se remonta en Chile a la primera mitad del siglo XIX y que a partir de una reforma constitucional efectuada en 1970 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se asignó esta potestad de manera exclusiva del Jefe de Estado. Esta misma fórmula fue replicada por la Constitución de 1980 y en 1981 se dictó la normativa legal que actualmente regula su ejercicio.
La citada ley ha sido modificada solamente en una oportunidad mediante una disposición transitoria motivada por la pandemia de covid-19.
Atendido lo anterior, parece más que razonable la revisión de esta normativa con más de 40 años de antigüedad, en especial para actualizar las razones que justifican el otorgamiento de esta prestación y los casos en no ha de ser procedente.
Actualmente, el Congreso Nacional conoce de tres proyectos de ley refundidos que tienen por objetivo modernizar el estatuto de concesión de las pensiones de gracia. Es de esperar que durante su discusión se tomen en cuenta los elementos que aporta el informe que la Contraloría General de la República ha emitido a propósito de las pensiones conferidas a víctimas del estallido social y que las regulaciones que se añadan al procedimiento para entregarlas no contemplen trámites que terminen suprimiendo o desvirtuando el sentido de esta institución.
Ignacio Núñez Leiva Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Autónoma de Chile
Administración municipal
Ya nos estamos acostumbrando a que el municipio viñamarino no hable a través de su representante legal, su alcaldesa, sino sólo mediante su Departamento Jurídico o de prensa, lo que genera una incertidumbre sobre quién tiene el timón de la ciudad. Como ciudadanos, vemos graves casos, como el no cobró de una boleta de garantía por 214 millones de pesos a una empresa a cargo del fallido show pirotécnico del Año Nuevo 2023; un abandono del procedimiento judicial contra una empresa de parquímetros, cuyo monto indemnizatorio solicitado superaban los 14 mil millones de pesos; deudas por cotizaciones previsionales por más de 1.500 millones de pesos entre AFP y AFC, lo cual son meros ejemplos de una administración descuidada y con nula justificación o pronunciamiento de la máxima autoridad edilicia, quien pareciera enceguecida por las luces del Festival, con lo cual cabe preguntarnos: ¿estamos a la deriva?
Raimundo Palamara Stewart
Cárceles
Si las cárceles están saturadas, vale la pena reconsiderar los delitos que son penados con cárcel. Recuerdo con tristeza la muerte de un joven vendedor de películas pirata en el incendio de la cárcel de San Miguel, en 2010.
Si un muchacho lograra vender un disco pirateado, difícilmente correría la aguja de ganancias en Hollywood. ¿Cuántos presos habrá por delitos así de irrelevantes?
Juan Luis Menares Rodríguez
Larga tramitación
La orden es la demolición del Hotel Punta Piqueros, construido sobre roqueríos de la avenida Borgoño, en la comuna de Concón. Sin entrar en detalles, pero sabiendo la larga tramitación que se debe realizar para hacer una construcción en Chile, permisos y más permisos, ¿qué pasó en el largo proceso para obtener el requerido permiso de construcción? ¿Se apagó la luz y todo entró en un ambiente de sombras, para tener que llegar finalmente a la decisión de demoler el Hotel Punta Piqueros? ¿Quién o quiénes no hicieron lo que debían hacer? Como tantos otros hechos en Chile, ¿la demolición del Hotel Punta Piqueros pasará a la historia sin responsables, ni siquiera clases de ética?
Luis Enrique Soler Milla
Hotel Punta Piqueros
Respecto de la columna "Elefante blanco con vista al mar", cualquier actor respetuoso del Estado de derecho tiene que estar de acuerdo en tres hechos objetivos. Primero, hay cuatro fallos de la Corte Suprema que declaran ilegal el proyecto del Hotel Punta Piqueros. Su permiso es nulo. Lo mismo dice el Tribunal Constitucional, Tribunal Ambiental, Contraloría General de la República, Superintendencia del Medio Ambiente y otras instituciones. Pese a ello, la inmobiliaria siguió construyendo y recientemente demandó una indemnización para que se le pague, con dineros públicos, más de US$ 97 millones.
Segundo, hace casi un año, y ante la evidencia de que el proyecto de hotel estaba construido con permisos ilegales, el alcalde y los concejales de Concón rechazaron la propuesta de la inmobiliaria para modificar el uso del edificio, desmantelar dos pisos, otorgar beneficios a los vecinos y pagar las costas judiciales de 10 años de juicio e informes legales y ambientales. Es decir, el mismo municipio y su exdom que dieron los permisos ilegales, no aprobaron una solución a la crisis creada por esa misma entidad. Ese acuerdo fue apoyado por la Corporación Pro Defensa, en su calidad de tercero coadyuvante, supeditándose a lo que decidiera el Concejo y el alcalde.
Por último, la defensa que hemos realizado por más de 10 años de las dunas de Concón y del borde costero es un testimonio real de apoyo al desarrollo sostenible de la zona, tan dañado por la complicidad e inacción de las autoridades ambientales, gubernamentales y especialmente las municipalidades de Viña del Mar y Concón. Evidencia de ello es, por ejemplo, el silencio de la alcaldesa Ripamonti en los socavones de las dunas, donde se está interviniendo el santuario dunar (ya dañado irremediablemente) sin respetar los fallos de la Corte Suprema, que exigen estudios ambientales antes de cualquier obra.
Gabriel Muñoz M. Abogado Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar