Apoco menos de un año después de la denuncia que remeció a la Corporación de Turismo de la Región de Valparaíso, cuando el gobernador Rodrigo Mundaca dijo en una entrevista en radio Bío Bío que un directivo del citado organismo habría solicitado "incentivos" para aprobar el traspaso de alrededor de $250 millones al challenger de tenis que el exdeportista Hans Gildemeister y su socio, Gabriel Apey, buscaban organizar en el Club Unión del Sporting, la Fiscalía dio el aviso del cierre de la causa por falta de pruebas.

Así, tras el trabajo de la URAC, que supuestamente buscó la posible configuración de delitos tales como corrupción entre particulares, delitos de empleados públicos en el desempeño de sus cargos y soborno, no se hallaron los antecedentes para seguir con el caso.

Entonces, todo vuelve a aquel no tan caluroso inicio de febrero del año 2023, cuando el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar, Rodrigo Rozas, habría realizado la denuncia a la core Tania Valenzuela y al gerente de la Corporación, Francisco Godoy, lo que este último niega. Tras ello, el gobernador recibió de parte de la core un correo electrónico que les hizo llegar Hans Gildemeister, en el cual se hacía la denuncia en base a los dichos de Rozas, en cuanto a que Rivera le habría solicitado "un incentivo" para aprobar el traspaso de fondos al ATP, decisión rechazada por todo el directorio, no solo por Rivera. Mundaca dice que, obligado por las circunstancias, acudió al Ministerio Público, como también lo hizo el diputado Andrés Celis.

Finalmente, y por simple coincidencia, anteayer se aprobó el cambio de estatutos para la ampliación de giro de la citada Corporación, agregando en sus nuevas áreas de acción, entre varias otras, la del deporte. Es decir, hoy no existiría problema alguno para traspasar dineros a un torneo privado de tenis, principal argumento de rechazo del propio Rivera en 2023. Acá lo que queremos es que alguien nos explique qué pasó. ¿Fue una denuncia seria? ¿Fue un montaje? ¿Podemos confiar en la Corporación?

El asesinato de dos agricultores chilenos en la Región de O'Higgins en manos de cuatro inmigrantes ilegales de nacionalidad venezolana ha causado la aflicción de sus familias, el exasperado rechazo de la comunidad nacional y nos interpela en la necesidad de hablar de este tema con la verdad desnuda.

Nuestro país se encuentra invadido por una inmigración extranjera desatada y sin control, permitida, alentada o, derechamente, programada -como ocurrió en el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet- bajo la premisa que la "inmigración es un derecho" y nuestro país debe abrir sus fronteras para recibir sin condiciones ni control alguno a todos los extranjeros que quieran ingresar -como por lo demás en el hecho está ocurriendo-, debiendo luego acogerlos y entregarles todo tipo de beneficios económicos, sociales, de orden cultural e incluso rápidamente incorporarlos a los registros electorales para que puedan sufragar. Grupos ya organizados se aprestan a "exigir" estos "derechos". La inmigración en nuestro país se eleva por sobre los 2 millones de personas, de las cuales son demasiadas las que tienen el carácter de ilegal al ingresar al país bajo distintos subterfugios, como recurrir a la calidad de turistas para luego permanecer ilegalmente, o bien ingresar por pasos no habilitados eludiendo a las autoridades fronterizas, o bien ocupando el efugio de autodenunciarse -así desaparece el ilícito-, obteniendo entonces un permiso de residencia temporal. Luego, se perderán en cualquier parte del territorio.

Si bien es cierto hay muchos inmigrantes que están legalmente radicados y con su trabajo son un aporte para el país, no es menos cierto que la política de inmigración abierta y sin control impulsada por los gobiernos y sectores de las distintas izquierdas y la pasividad e incomprensión de la gravedad del problema del resto de la dirigencia política -que sigue enredada en declaraciones y eternas discusiones legislativas- han convertido al fenómeno migratorio en uno de los más graves problemas que hoy enfrenta nuestro país.

Y hay que decirlo con valentía y claridad: es esta inmigración la fuente del crimen organizado, las bandas de narcotraficantes, la delincuencia desatada, el comercio ilegal, la usurpación de terrenos y la violencia llevada a su máxima expresión de crueldad. Hoy, en nuestra población, el temor de cada día es cosa viva y los responsables son quienes han permitido, alentado y programado esta invasión: léase las autoridades que ayer nos gobernaron y las que hoy nos gobiernan.

Hay que decirlo con firmeza, la inmigración no es un derecho, es, por el contrario, un deber para las autoridades de un Estado que deben regularla y controlarla. Y de no hacerlo, como hoy sucede en nuestro país, están faltando a su responsabilidad como gobernantes, la cual debe serles exigida de acuerdo al orden constitucional vigente.

Chile está sumido en una grave crisis de seguridad interior como resultado de la inmigración ilegal y de la permisibilidad e inacción dolosa del Gobierno y de las autoridades políticas, que hoy resultan responsables directos de este flagelo. Respecto de la responsabilidad del Presidente de la República y sus ministros en materia de seguridad, recomiendo leer el artículo 52, numerales 2) a y b de nuestra Constitución Política, que permite hacer valer tal responsabilidad.