Por la imprevisibilidad de los ataques intencionales, las altísimas temperaturas y el fuerte viento reinante en la Región de Valparaíso, el incendio bíblico que asoló buena parte de Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué no podía ser impedido, pero sí previsto.

¿Por qué no se tomó en serio desde el primer minuto (bomberos ya tenía encendidas sus alertas) y con máxima radicalidad el incendio en el Fundo Las Tablas, antes de que éste cruzara la Ruta 68 y atravesara toda la reserva forestal? ¿Por qué el agua y los camiones aljibes no llegaron a tiempo? ¿Dónde estaba el personal de emergencia en las evacuaciones? ¿Cuál fue el rol de las FF.AA.?

La reacción, que de eso se trata todo esto, fue visiblemente tardía. Pese a que la delegada presidencial regional, Sofía González, suspendió sus vacaciones para hacerse cargo de la emergencia, las primeras decisiones -si existieron- estuvieron en manos de la subrogante Paula Gutiérrez, quien se sumó a los titubeos de La Moneda, que primero anunció su recientemente bautizado Comité de Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid) para el sábado por la mañana y luego, gracias a algún criterioso, lo implementó a medianoche. En Valparaíso, en tanto, los liderazgos se perdían entre frases sentidas y clichés ("No hay que causar alarma. Vienen bomberos de la RM y de Coquimbo. Hay muertos, pero no sabemos cuántos. Es una situación bastante dantesca, pero no hay que causar alarma", decía el gobernador Mundaca; "Estamos frente a una catástrofe sin precedentes", agregaba la alcaldesa Ripamonti; "Salgan de sus casas", sumaba uno; "abandonen sus casas", respondía el otro). En toda esa barahúnda, se perdieron minutos y horas preciosas. ¿A nadie se le ocurrió decretar el Estado de Excepción durante la tarde del viernes para evitar el atochamiento de automóviles en Viña del Mar en pleno verano? ¿Quién se hizo cargo de coordinar y priorizar el despacho de los cuerpos de bomberos a los sectores siniestrados? ¿Alguien tuvo, en algún minuto durante la tarde del viernes un mapa a la vista con los lugares amenazados? ¿Por qué seguían hasta ayer cobrando peajes? ¿Cuántos muertos hay? ¿Por qué, a sabiendas del pronóstico, no se tuvo batallones de primera respuesta con carros de bomberos, personal militar y camiones aljibes instalados a las 6 de la mañana en los sectores donde se dirigía el fuego naturalmente, como El Salto o Limonares?

Es sólo cosa de ver las imágenes de televisión para darse cuenta de que fueron los propios vecinos los que debieron cuidar y levantar los cadáveres en las poblaciones quemadas, los mismos que manguerearon los techos de sus casas para bajar la temperatura ante la cercanía de las llamas. Ellos, quienes decidieron si evacuaban o no y se llevaban un perro, un colchón o un balón de gas. El Estado no estuvo presente y esto no es una opinión ni tampoco una cuestión política: de nada o muy poco sirven las frases del estilo "no los vamos a dejar solos". La catástrofe, una vez más, les quedó grande.

En un mundo en constante evolución, la adaptación es la clave para el éxito continuo. Y así lo demuestra el nuevo Plan estratégico de desarrollo institucional de la Policía de Investigaciones de Chile 2023-2028, el que apunta hacia una transformación que busca impulsar la eficiencia y la eficacia en su labor de mantener la seguridad y la justicia en nuestro país.

Este ambicioso proyecto presenta una serie de innovaciones que merecen ser destacadas. En primer lugar, se está mejorando la calidad de los servicios investigativos, orientándolos hacia un modelo de investigación preferente, en estrecha colaboración con el Ministerio Público. Esto significa una mayor coordinación y sinergia en el proceso de esclarecimiento de delitos, lo que puede tener un impacto significativo en la resolución de casos.

Por otra parte, un aspecto integral de esta transformación es la reestructuración de brigadas, como la de Investigaciones Policiales Especiales, la creación de la nueva Brigada Investigadora de Secuestros y la puesta en marcha de la Jefatura Nacional de Ciberseguridad. Estos cambios responden a la necesidad de abordar delitos que han evolucionado con la tecnología y la globalización y demuestran el compromiso de la PDI con mantenerse a la vanguardia en la lucha contra el crimen.

Otro aspecto crucial de este plan es el fortalecimiento de nuestros agentes policiales, de los oficiales policiales profesionales y de los oficiales de línea, incentivando la capacitación constante, entendiendo que nuestros integrantes además deberán tener conocimientos en ingeniería para perseguir los patrimonios de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, en contabilidad para auditar fraudes financieros y en informática para perseguir delitos cibernéticos, entre otras especialidades, los que permitirán contar con capacidades esenciales para llevar a cabo investigaciones efectivas y garantizar la seguridad de la comunidad.

En un mundo cada vez más interconectado, reconocemos los nuevos desafíos que enfrentamos, como el fenómeno migratorio y el crimen organizado. Estos problemas no tienen fronteras, y la cooperación internacional es esencial. En este sentido, los convenios suscritos con grandes organizaciones y agencias policiales internacionales, como el FBI, la Policía Nacional de España y Dubai Police, son pasos importantes hacia una lucha conjunta contra el crimen transnacional.

Además, estamos aprovechando las herramientas tecnológicas más avanzadas para elevar nuestras capacidades de análisis criminal. El uso del big data y la inteligencia artificial permite un enfoque más preciso y eficiente en la recopilación y el análisis de información, lo que puede ayudar a identificar patrones y tendencias criminales de manera más rápida y efectiva.

En resumen, el nuevo plan estratégico de desarrollo institucional representa un paso firme hacia adelante. Está diseñado para enfrentar los desafíos actuales y los que vendrán, mejorando la capacidad de investigación, fortaleciendo la colaboración internacional y adoptando tecnologías avanzadas. Con estas medidas, la Policía de Investigaciones de Chile demuestra su compromiso con la seguridad y la justicia, asegurando un futuro más seguro y prometedor para todos los ciudadanos.

A fines de enero, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó las cifras del mercado laboral al trimestre móvil octubre-diciembre del 2023. Desagregando sus principales indicadores, nos reseña que la tasa de desocupación nacional fue de un 8,5% y la regional de un 8,2%. Ambos guarismos se incrementan respecto al mismo trimestre móvil de hace un año y nos muestran 14 meses consecutivos de alza en su medición interanual. Sin embargo, hay una leve mejora si lo medimos en relación con la tendencia de los últimos seis meses.

No obstante lo anterior, hay algunos indicadores preocupantes: la tasa de participación y la tasa de ocupación a nivel regional fueron 59,8% y un 54,9%, respectivamente, prácticamente similares a las tasas del mismo trimestre móvil del año 2010. En el plano nacional, la tasa de participación y la tasa de ocupación alcanzaron un 61,8% y un 56,6%, respectivamente, indicadores muy similares a las del trimestre móvil octubre-diciembre del 2010. En otras palabras, a nivel regional y país las tasas de ambos indicadores son equivalentes a las de hace 13 años. E incluso, si analizamos sólo la tasa de ocupación del trimestre móvil octubre-diciembre del año 2019, es decir, antes de la pandemia, fue un 58,6% versus un 56,6%, lo que indicaría que nos faltaría un poco más de 260 mil empleos para recuperar los niveles de ocupación que había antes de la pandemia. Es relevante recordar que, según cifras de la Cepal y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Chile es, junto a Belice y Panamá, uno de los tres países de la región más rezagados en recuperar el empleo de prepandemia

Las cifras del mercado laboral a nivel de país y de la región se explican, parcialmente, por el débil desempeño de la economía en sus principales variables como la inversión y la productividad y el estancamiento que vivimos como país y región en la última década, como se aprecia en las estimaciones del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.

Para el 2024 se estima que la economía chilena crecerá entre 1,25% y 2,25%, según el Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central de Chile de diciembre. Y en esa perspectiva, se ve complejo en el horizonte inmediato o de corto plazo un mejoramiento sustantivo del mercado del trabajo. Finalmente, en el plano regional, un llamado de alerta respecto al incremento sostenido de la tasa de informalidad en los últimos meses, que ha pasado desde un 28,9% en el trimestre móvil abril-junio 2023 a un 31,6% al trimestre móvil octubre-diciembre 2023.