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la facultad para Contraloría de acceder a las cuentas corrientes de todos los órganos de la Administración del Estado sujetos a su control, el senador Velásquez, autor de una iniciativa sobre el levantamiento del secreto bancario que incluye a autoridades municipales, se declara "totalmente de acuerdo con esta propuesta, que es congruente con la finalidad de resguardar los recursos públicos".
Sobre la necesidad de agilizar "Transparencia 2.0", que el excontralor representó en varias ocasiones, el parlamentario dice que se requiere que el Ejecutivo vuelva a darle urgencia al proyecto. "Se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado con plazo de indicaciones vencido, entonces espero que prontamente podamos aprobar este proyecto en sala".
Acceso a cuentas
Para el director ejecutivo de la Fundación Piensa, Juan Pablo Rodríguez, "la corrupción municipal está sepultando el proceso de descentralización; los gobiernos locales se miran con más desconfianza que ayer y eso va en detrimento de un proceso que busca que se les traspasen más recursos y competencias porque son los más cercanos a los problemas y aquellos en que los ciudadanos -aunque cada vez menos- más confían".
Desde el centro regional de pensamiento estratégico con foco en la descentralización que dirige, plantea que hay que hacerse cargo de este problema y ofrecer un proceso responsable dotando de transparencia y mayores controles -externos e internos- a los municipios.
"Sería un gran avance el que la Contraloría esté facultada para acceder a las cuentas corrientes de todos los órganos de la administración", señala, y agrega que es necesario reforzar su rol de control externo, avanzando en la posibilidad de que imponga sanciones directas a funcionarios y autoridades municipales, concentrando y haciendo más directo el procedimiento sancionatorio.
Ello porque en el caso de concejales y alcaldes, tratándose de infracciones graves a la probidad administrativa, se requiere pasar por varios filtros: "Contraloría determina la existencia de la falta, luego el Concejo tiene que acordar remitir los antecedentes al Tribunal Electoral Regional y ante una eventual decisión condenatoria se puede apelar al tribunal calificador de elecciones".
Control preventivo
Asimismo, el trámite de "toma de razón" -control de legalidad de carácter preventivo- "podría extenderse a ciertos actos municipales, por ejemplo llamados a licitación sobre ciertos montos", ya que hoy "el control de la Controlaría es, fundamentalmente, a posteriori, cuando el daño ya está hecho lo que, además, inhibe una mejor práctica de los funcionarios en materia de probidad", subraya el abogado y académico.
Igualmente, plantea que se debe fortalecer el rol fiscalizador del concejo municipal. Opina que "desde el cambio al sistema electoral de alcaldes y concejales -pasando estos últimos a elección directa-, la calidad de los concejos ha disminuido, lo mismo que el interés político por el cargo, lo que es nocivo para el necesario contrapeso que ejerce este órgano".
Sugiere por ejemplo que algunos ediles, designados por el mismo órgano, podrían asumir su tarea con dedicación exclusiva en una jornada completa, permitiendo que el concejo cumpla mejor su rol, dado que "es en el ámbito del control interno donde están las mayores oportunidades de mejora, pues son los propios órganos del Estado los que deben ser la primera barrera para impedir el mal uso de recursos municipales".
"En el Estado en general, pero en los municipios en particular, urge transitar hacia un nuevo régimen del empleo público consistente en la profesionalización de la planta y en disminuir la discrecionalidad de los partidos políticos para nombrar funcionarios y aumentar los profesionales designados por sus méritos en labores permanentes del Estado. Se entiende que existan cargos políticos, pero hoy es absolutamente desproporcionado y, lamentablemente, muchas veces el Gobierno y los municipios son cajas negras pagadoras de favores políticos".
Vacíos infinitos
Al abordar el tema de los vacíos de la actual normativa sobre municipios que deberían resolverse a la brevedad, el expresidente del Consejo para la Transparencia y docente de la Universidad Católica, Francisco Leturia, esboza un crudo panorama que, según sostiene, es más realista que pesimista.
"Los vacíos son infinitos, se trata de una institucionalidad que es pobrísima, diría que incluso está hecha para poder pegarle manotazos porque todo el sistema político vive de esto. Operadores, partidos, es la piedra número uno de la cadena alimenticia del poder", declara.
En esa cadena, plantea, el poder alcaldicio es clave para las candidaturas parlamentarias, sobre todo si se trata de comunas grandes, como Puente Alto, La Florida o Maipú, que con quinientos mil habitantes cada una y una cantidad similar de votos, otorgan una influencia con la que se puede cambiar el mapa político de un país.
"Entonces, a sabiendas de que hay miles de grietas, miles de fisuras, nadie quiere quitarles poder a los alcaldes. 'No echemos a perder el sistema', se dice. 'Un día le toca a otro, mañana me toca a mí'. Hay platas discrecionales, se puede contratar amigos. Cuando cambia un gobierno, muchísimos funcionarios de confianza se van a trabajar a los municipios. Y hay una cierta tolerancia de la clase política a que esto sea así".
El caso cathy
"Los focos de corrupción son infinitos en el mundo municipal", agrega Leturia, y dice que es imposible que la Contraloría fiscalice todo, entre otras cosas porque no tiene acceso a las cuentas bancarias de los municipios.
"El tema de Cathy Barriga se repite en muchas partes: los municipios tienen un 7% de libre disposición para gastar en juntas de vecinos, en organismos territoriales. El 7% de 100 es 7. Ella decía que el presupuesto proyectado no era 100, sino 200, entonces gastaba 14, y tenía más para darle a la junta de vecinos, 15 ó 20 personas que me puedo conseguir con un grupo de amigos u operadores".
Todo el mundo lo sabe, remarca. "Es como los certificados médicos para capear una prueba, demasiado conocido". ¿De qué depende entonces que se practique una cirugía mayor? "No lo van a hacer porque eso supone voluntad política y ponerse serios, y los que están han tenido mucho tiempo para ponerse serios y no lo han hecho. Entonces no creo que sea una prioridad para ellos".
Incluso, piensa que el proyecto "Transparencia 2.0", que ingresó al Congreso en septiembre de 2018 y que faculta a la Contraloría para acceder a las cuentas bancarias de todos los órganos del Estado bajo su fiscalización, "no es prioridad para nadie", dado que va a completar seis años de tramitación.
"Si hubiera de verdad interés se podría hacer un proyecto de ley de una línea y ponerle suma urgencia: 'el contralor tendrá acceso a las cuentas corrientes'. Discusión inmediata, listo. Pero no, va a estar mucho tiempo", asegura y recuerda que el Congreso no está sometido al Consejo para la Transparencia y no le son aplicables las disposiciones de la Ley sobre Acceso a la Información Pública.
Dados los problemas que presenta el sistema, ¿los municipios deberían seguir siendo autónomos? "A mí me gustaría que fueran más autónomos, pero con mecanismos de control, con más transparencia, penas más duras" y una Contraloría adecuada a los tiempos, "porque la nuestra fue hecha para la época de Arturo Alessandri". 2