El Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) sesionó ayer antes del mediodía en La Moneda, por la crisis de seguridad que enfrenta el país con el aumento de homicidios, secuestros con extorsión y otros ilícitos. La ministra del Interior, Carolina Tohá, luego dijo que "la opinión transversal es que el trabajo al interior de los barrios, en una fricción directa con la población en medio de los lugares donde se dan los conflictos ligados a la convivencia y también al desarrollo de los delitos, no es lo más oportuno para la contribución que pueden hacer las Fuerzas Armadas".

"Hay otras tareas más específicas donde sí pueden contribuir", agregó la titular de Interior, "por ejemplo, el resguardo de los perímetros de la infraestructura crítica, o hacer perímetros alrededor de las tareas policiales, los operativos policiales. En eso también tiende a haber una opinión bastante compartida, y la experiencia nos ha ido confirmando esa opinión en el despliegue (de tropas) que ha habido en el último tiempo, tanto en el sur como en el norte".

Los proyectos de las leyes de Infraestructura y de Reglas del uso de la fuerza, junto a la actualización de la Ley de inteligencia, permanecen en el Congreso.

El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), hace unos días planteó suspender el receso legislativo de febrero para avanzar en estas iniciativas y, ayer, reiteró en Radio Bío-Bío que "si es necesario, lo vamos a hacer, el punto es ¿para qué? Hay un tema de agenda legislativa que el Ejecutivo debiera plantearse, no deberíamos tener problemas".

"Se requiere que nos digan qué se pretende hacer en las próximas semanas, si se diera urgencia en el Senado (a los proyectos). Una vez que se aprueba, llegaría a la Cámara", explicó el diputado.

La titular de Interior, en tanto, dijo que ayer en el Cosena "se habló de esas dos leyes (infraestructura y uso de la fuerza). Ambas estaban dentro de la agenda priorizada, las tenemos totalmente como materias en las que hay que avanzar rápidamente. Y la razón por la que se han demorado no es por falta de urgencias, sino porque ha habido discrepancias en torno a algunos de los aspectos centrales de estos dos proyectos".

En "marzo esperamos que se retome la votación y se pueda avanzar", agregó Tohá, porque "cada medida, cada legislación que incorporemos, por sí sola no es suficiente: es una estrategia integral lo que se requiere. Y, en ese sentido, estas normativas, Inteligencia y Reglas de uso de la fuerza, que son proyectos impulsados desde el Ejecutivo, son parte esencial que complementa otras acciones como podría ser infraestructura crítica".

El Presidente Gabriel Boric detalló además que "le he requerido al Consejo su opinión experta sobre la mejor forma de implementación de la reforma constitucional para la protección de la infraestructura crítica de nuestro país, que se aprobó hace un año atrás".

"Con esta Ley, las FF.AA. podrán en circunstancias excepcionales proteger aquellas instalaciones que presten servicios esenciales a nuestra sociedad, así como los perímetros alrededor de estas y el resguardo de las personas que diariamente circulan por ellas", para que las Fuerzas de Orden puedan "focalizarse en todas las tareas de seguridad en los barrios", dijo el Mandatario.

"El objetivo es claro: no vamos a permitir que el crimen organizado se normalice, se asiente, ni se consolide en nuestro país. Este es un objetivo de Estado más allá del Gobierno", señaló Boric.

"rebalsó el vaso"

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, en paralelo ayer pidió al Ejecutivo detener "este nivel de violencia, homicidios, robos y asaltos en los sectores rurales".

"No podemos seguir perdiendo vidas, hemos perdido insumos, herramientas, maquinarias, pero hoy estamos perdiendo vidas, como el caso de Francisco Mora y Raúl Sid, eso es la gota que rebalsó el vaso", agregó el exministro, en referencia a los agricultores que fueron asesinados en una carretera, en la Región de O'Higgins, a fines de enero.

Mora y Sid fallecieron en un camión, tras vender su producción en la capital, motivo por el que numerosos transportistas advirtieron que detendrían sus actividades en protesta por la falta de seguridad.

El Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, agregó ayer que "no es sólo el Estado el que tiene que vigilar o manejar este tema de la delincuencia, sino que somos todos, porque normalmente los chilenos somos espectadores de lo que pasa. Aquí hay una responsabilidad de los diputados, senadores, que todos los días se ven en los matinales discutiendo el tema, pero que en realidad no aporta en nada".

El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), se refirió a los entredichos generados entorno a los test de drogas que se realizan de manera voluntaria en la corporación que dirige y opinó que el examen debería ampliarse a otras autoridades, incluido el Presidente de la República, como plantea un proyecto presentado por las diputadas Paula Labra (independiente-RN) y Pamela Jiles (PH).

La controversia resurgió luego de que el diputado Nelson Venegas (PS) reconociera que el examen al que se sometió en la Cámara Baja dio positivo debido a que está en un tratamiento para bajar de peso que incluye el medicamento Sentis, recetado por su doctor, que es parte de la familia de las metanfetaminas, "situación que yo desconocía", afirmó.

Poco después la diputada Emilia Schneider (CS) se negó a efectuarse un análisis similar "porque no me voy a prestar para este show que han armado los diputados".

Ante estas situaciones, Cifuentes dijo al diario La Segunda que valora que existan estos test y comentó que "es una cuestión donde la Cámara tomó una decisión hace varios años, creo que precisamente escuchando este sentir de la ciudadanía que se manifiesta en la encuesta, así que va en la línea correcta".

"me parece mal"

Respecto a los parlamentarios que se niegan, el presidente de la Cámara respondió "me parece mal. No es un requisito de entrada, hay que tener claro eso, pero está en el reglamento de la corporación y el reglamento equivale a una ley. Ellos van a tener que pasar a la Comisión de Ética y ahí es donde tienen que resolver el problema de acuerdo al reglamento de la corporación".