Abandonado por su sector político y demonizado por la entonces oposición después del estallido social de octubre de 2019, el doble ex Presidente Sebastián Piñera Echenique (2010-2014 y 2018-2022) había tenido un curioso revival en las últimas encuestas, lo que de cierta manera puede leerse o entenderse como un dejo de justicia sobre su legado, marcado más por las tragedias que por un pasar tranquilo. Debió hacer frente al terremoto y tsunami de febrero de 2010 en las postrimerías del gobierno de Bachelet I y gestionar una reconstrucción de dimensiones jamás vistas en Chile. Ese mismo año tuvo su peak político con el rescate de los 33 mineros, enfrentó la delimitación marítima con Perú en La Haya, dictó la Ley de Unión Civil, chocó con una enérgica resistencia callejera encabezada por un grupo de dirigentes universitarios de apellidos Boric, Vallejo y Jackson, y habló de los "cómplices pasivos" de la Dictadura.

De su segunda administración solo se recuerdan dos cosas: el estallido social de octubre de 2019, con las acusaciones que recibió por supuesta violación de derechos humanos, y la pandemia, cuyo manejo fue tan criticado por las actuales autoridades, pero que hoy es vista por todo el mundo como un modelo de gestión sanitaria.

El mejor Piñera, finalmente, era ése, el de la acción. No el del estadista tipo Lagos que se situaba en un púlpito superior, sino el del líder ejecutivo de chaqueta roja, libreta marca Colón, regla y lápices Bic de colores, que gustaba de embarrarse los zapatos y meterse donde ninguno de sus colaboradores osaba hacerlo. No por nada sus cercanos recordaron ayer que esta misma semana había coordinado reuniones telemáticas para proponer un plan de ayuda para los damnificados por los incendios en Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué.

Murió en su ley, qué duda cabe, dejando un legado de una riqueza inescrutable y a buena parte de la población huérfana de sus planes de acción para enfrentar catástrofes y desgracias naturales.

A propósito del debate sobre el uso excesivo de la prisión preventiva y sus efectos en el aumento de la población penal, es necesario reflexionar a nivel humano sobre la dramática historia de Paola Micolta Mendoza, quien después de dos años de tramitación de la causa y varios meses en prisión preventiva, fue absuelta tras ser formalizada por sustracción de menores (su hijo), el 17 de noviembre de 2021.

En un pasillo del Tribunal Oral de Viña del Mar, el 15 de noviembre pasado, con un prolongado abrazo y casi en silencio, Paola y su madre, Celedina, vestidas de blanco, celebraron la decisión absolutoria. Semanas después, la Corte de Apelaciones rechazó los recursos de nulidad presentados por el Ministerio Público y el querellante contra dicha sentencia que absolvió a las dos acusadas de nacionalidad colombiana.

Desde que asumió la defensa penal pública, el 17 de noviembre de 2021, en reemplazo del abogado particular, se efectuaron diversas gestiones y actuaciones a su favor, como presentación de recursos de apelación, amparos y nulidad, siete peritajes y examen de evidencia material u otras pruebas.

El fallo de primera instancia resolvió que "de estos indicios probatorios recopilados y expuestos, puede colegirse que la intención declarada era que el menor no sería retenido, sino que pasaría un fin de semana con ellas (su abuela y su madre) y que sería retornado al lunes siguiente. Este propósito explícito de la madre y abuela de compartir con el menor parecen incompatibles con la decisión delictiva de privarlo de su libertad y de romper, definitivamente, el círculo de cuidado del padre, quien a ese entonces lo tenía a cargo".

En tanto, la sentencia que rechazó los recursos determinó que "el Ministerio Público incurre en un error cuando en su arbitrio señala que el tribunal 'reconoce sin ambages que el menor fue sustraído…'", toda vez que, es prístino, que de los hechos establecidos en el considerando noveno del laudo, las acusadas "retiran", no sustraen -al menor del jardín infantil al que asistía-, "configurándose el verbo rector del tipo. Cabe señalar que el tribunal a quo, discurre latamente sobre el referido delito, sus elementos objetivos y subjetivos, especialmente en los considerandos décimo tercero y décimo cuarto de la sentencia recurrida. Sobre el dolo, el considerando décimo cuarto, fundamenta de manera exhaustiva las razones por las que no resultó acreditado que las acusadas actuaran con ánimo de sustracción".

Este caso fue abordado con enfoque de género, pues se trataba de imputadas mujeres, extranjeras y de escasos recursos, entre otras capas de vulnerabilidad.

La defensa especializada de Paola estuvo a cargo de Alejandra Pizarro y la abogada de la Unidad de Estudios, Catherine Ríos. Celedina fue representada por Marco Martínez.

Lo anterior nos debe servir a todas las instituciones del sistema penal para reflexionar y corregir nuestras conductas en aras de la defensa de un inocente.