Un reportaje del reputado Centro de Investigaciones Periodísticas (Ciper) alertó ayer de que la Municipalidad de Viña del Mar supuestamente no contaba con un plan comunal de emergencia vigente al minuto del incendio del pasado 2 de febrero, como tampoco un plan de evacuación ante este tipo de siniestros.

De acuerdo con el artículo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ofició a los municipios de la Región de Valparaíso en abril de 2023 que los planes debían ser adaptados al nuevo formato del organismo, pero la primera versión entregada por el municipio ese mismo año fue "desechada porque estaba plagiada", con alusiones en el documento a una comuna santiaguina. Ello fue responsabilidad del funcionario Alex Rebolledo, quien fue sumariado por sus superiores.

Con todo, explican en Arlegui 615, el Plan Municipal de Emergencias 2022-2025 ya estaba aprobado desde junio de 2022, y éste contiene el Plan de Evacuación por Amenazas y el Plan de Gestión de Riesgos. Sí faltaba su "adaptación" al nuevo formato exigido por Senapred.

Volviendo a Senapred -ente visiblemente trabado en la maraña burocrática de la modernización de la Onemi- en la Región de Valparaíso es liderado por Felipe Estay, director interino, quien subroga al exdirector Mauricio Bustos, suspendido mientras dura la investigación en su contra por supuesto maltrato y acoso laboral.

La discusión por la pertinencia de los avisos sobre las evacuaciones, el alto número de fallecidos y la absoluta ignorancia de hacia dónde debían arrancar los afectados motivó a que el propio Presidente Boric anunciara el encargo de una investigación externa e independiente a la Unión Europea sobre el funcionamiento del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE). "Acá tenemos que tener todos los antecedentes para entender de manera clara y prístina si es que el sistema de emergencia está funcionando", dijo.

Dicho eso, y tomando en cuenta también los conflictos que enfrenta la alcaldesa Macarena Ripamonti con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, por los desajustes en la cuenta de desaparecidos en el incendio por parte de la Municipalidad y el Gobierno, respectivamente; y los del propio director (s) de Senapred con los equipos municipales para el evento de los socavones, bien cabe hacernos una pregunta muy concreta: ¿están todas las autoridades remando para el mismo lado o hay quienes se quieren salvar solos de futuras responsabilidades políticas y penales?

Rectoras y rectores de las universidades estatales nos comprometimos, recientemente, a impulsar el desarrollo ambiental sostenible en todos los aspectos de nuestra gestión y en la operación de nuestras instituciones, además de apoyar y promover cambios decididos en innovación, investigación y desarrollo de esta materia.

Estimamos que existe una crisis de sustentabilidad en el mundo contemporáneo, que impone nuevos desafíos a las universidades y mayores niveles de responsabilidad con su entorno.

Por supuesto, el desarrollo sustentable ha sido una preocupación constante desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en 2010 se firmó el primer acuerdo interuniversitario para trabajar por la sustentabilidad, el "Protocolo campus sustentable", que dos años después llevó a que 22 universidades del país suscribiéramos un Acuerdo de Producción Limpia. En 2017, la Universidad de Playa Ancha fue una de las 14 instituciones de educación superior certificada por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, tras cumplir el cien por ciento de este APL. Además, desde 2019, la UPLA cuenta con una política integrada de sustentabilidad, gestión energética y seguridad y salud ocupacional.

Otras universidades estatales y regionales tienen experiencias similares, demostrando que se puede avanzar con pocos recursos. Pero estamos en un momento en que profundizar en los cambios necesarios requiere proyectos que sean apoyados por el Estado. Confiamos en que, a la brevedad, se puedan abrir líneas de financiamiento, regionales o nacionales, a las que puedan postular las universidades, especialmente para avanzar en la renovación de su matriz energética.

Evidentemente, no podemos hacer todo lo necesario de una sola vez. El apoyo presupuestario nos permitirá implementar una estrategia escalonada, para lograr modificaciones importantes en el mediano plazo, siempre con el respeto al medioambiente como norma.

El compromiso suscrito apunta a disminuir la huella de carbono, avanzando responsablemente en la renovación o cambio de nuestra matriz energética. Lo podemos lograr mediante economías de escala y favoreciendo todas las actividades que mejoren el control en el tipo de energía que utilizamos, así como una reducción sistemática de los residuos que emitimos. Queremos transformar nuestros espacios en campus sustentables. Vamos a ir avanzando en esa línea.

El compromiso firmado en el seno del Consorcio de Universidades del Estado demuestra la voluntad de avanzar colaborativamente en esta materia. Trece de nuestras instituciones ya participaban en la Red Compromiso con el Desarrollo Sustentable, pero ahora las 18 universidades estatales confirman su intención de avanzar decididamente, apoyándose para difundir en conjunto las mejoras o buenas prácticas que se pueden implementar. No fue difícil ponernos de acuerdo, lo que ya es buen indicador de una convergencia, en el camino a contar con universidades públicas que tengan respeto al medioambiente y cuya huella de carbono tienda a disminuir su valor a cero.