Gobierno refuta tesis de Urrutia: son "imputados por los delitos más graves"
VIDEOLLAMADAS. Reos que serían beneficiados "han puesto en riesgo la seguridad de nuestro país y la del país vecino", dijo el ministro (s) de Justicia, mediante "secuestro, extorsión, mutilaciones, homicidio, trata de personas, homicidio de carabineros".
El ministro de Justicia (s), Jaime Gajardo, señaló ayer que los reos a quienes el juez Daniel Urrutia autorizó a realizar videollamadas son "personas que están imputadas por los delitos más graves que establece nuestro ordenamiento jurídico", ya que han sido formalizadas por el asesinato del cabo de Carabineros Daniel Palma, además de estar vinculadas al Tren de Aragua.
Urrutia, en la víspera, fundamentó su decisión con normas internacionales, entre ellas las de Naciones Unidas (ONU), que "recomiendan mantener vínculos sociales y afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares, (… lo que) previene efectos desocializadores de la vida en prisión y mantiene red de apoyo mientras dura el encarcelamiento".
El magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago agregó que, de esta forma, "analizando cada caso, sobre todo que existían algunos internos extranjeros que llevaban más de siete meses sin contacto con sus familias, se adoptaron las autorizaciones", porque, destacó asimismo, los 13 detenidos permanecen en calidad de imputados, por lo que deben "ser tratados de acuerdo al principio de inocencia".
El titular (s) de Justicia respondió ayer en CHV Noticias que "aquellos aspectos que señala el juez Urrutia pueden ser relevantes en personas que se encuentran imputadas, o que están condenadas, por delitos que son comunes, delitos que eventualmente implican que estas personas tengan alto, mediano o bajo compromiso delictual, pero no respecto a las personas más peligrosas que tenemos dentro de nuestro país".
Estos reos "han puesto en riesgo la seguridad de nuestro país y la del país vecino", señaló Gajardo, "por lo mismo se requiere un régimen especial para mantener a estas personas aisladas del resto de la población penal".
Los delitos que se les imputan a los 13 detenidos son "secuestro, extorsión, mutilaciones, homicidio, trata de personas, homicidio de carabineros, etc. Además sabemos que son los líderes de las bandas criminales a través de las cuales el Ministerio Público está llevándose esas investigaciones, y estas personas, por lo mismo, se encuentran en una cárcel de máxima seguridad", explicó.
Gendarmería interpuso un recurso ante la Corte de Apelaciones para dejar sin efecto la orden del juez, iniciativa a la que el viernes se unió la Fiscalía.
Amenazas de muerte
El juez denunció además que, tras autorizar las videollamadas -que aún no se realizan -, "a propósito del modo en que la noticia fue entregada a los medios de comunicación, he recibido más de siete amenazas de muerte por redes sociales", lo que fue denunciado ante el Ministerio Público.
El ministro (s) dijo al respecto que "es importante que todos los poderes del Estado tengan en cuenta que la amenaza del crimen organizado es real. (...) No nos podemos dar el lujo de que las personas que persiguen los delitos sean amenazadas, y tomen decisiones débiles respecto de la persecución del delito. Se tiene que investigar y perseguir a los responsables de las amenazas".
El abogado de Gendarmería, Sebastián Ramírez, recordó que en enero, en las cercanías de la Cárcel de Alta Seguridad se encontraron "amenazas de muerte al ministro de Justicia y al director nacional".