En la medida que avanzan los días y la energía puesta en el combate del megaincendio desatado el 2 de febrero y sus terribles consecuencias comienza a disiparse, para dar paso a los desafíos de la reconstrucción, surgen dudas ya no solo sobre las estrategias aplicadas por el Gobierno para organizar las ayudas de largo plazo, sino sobre las capacidades mismas del Estado para responder en forma y tiempo adecuado ante una catástrofe de dimensiones inéditas en Viña del Mar. La falta de claridad sobre qué personero asumirá el liderazgo a partir de las próximas semanas -se habla de un PS o un PPD-, cuando los ministros encargados de la primera etapa retomen sus labores habituales, profundiza la sensación de incertidumbre en los damnificados y descoloca al resto de las autoridades regionales, que no sabe con quién canalizar las inquietudes y procesos venideros. Los mensajes públicos hechos en los últimos días por las alcaldesas de Viña, Macarena Ripamonti, y Quilpué, Valeria Melipillán, responden justamente a la falta de un interlocutor claro para discutir temas como el financiamiento de las tareas de demolición o la coordinación de las fichas de emergencia en el Senapred.

En esta etapa es inevitable hacer un paralelo con el plan de reconstrucción tras el megaincendio de Valparaíso en 2014 -cuyo impacto material y en vidas fue radicalmente inferior al desastre de hoy-, cuando el Gobierno de Michelle Bachelet nombró al abogado PS Andrés Silva, para asumir la tarea de diseñar un plan que uniera componente habitacional con recuperación de infraestructura pública. A diez años de ese proceso, vale la pena poner sobre la mesa sus aciertos y fallas, para evitar que el gerente técnico que asuma labores en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana se enfrente a la misma falta de apoyo y obstáculos burocráticos que luego reclamó Silva cuando los compromisos asumidos comenzaron a alejarse.

Mi gásfiter de confianza me ha sacado de miles de grandes apuros, pero creo que jamás me ha dado una boleta. Lo mismo me sucede con el electricista, el pintor y un largo etcétera. Hemos normalizado el hecho de que estas imprescindibles personas trabajen en la informalidad y, en consecuencia, no puedan enfermarse, accidentarse o tomarse unos días de descanso porque se quedan sin ingresos. Y ni hablar de la pensión para su vejez.

La informalidad es un desafío que no podemos ignorar, ya que afecta a más de 2,5 millones de personas en el país, quienes se ven desprotegidas y obligadas a "rascarse con sus propias uñas". La situación se torna todavía más dramática cuando vemos que casi el 70% de los trabajadores por cuenta propia son informales, según muestra un estudio del Observatorio Perspectivas.

El mismo estudio destaca que los jóvenes se encuentran entre los grupos que menos cotizan para la seguridad social, pudiendo recibir una pensión hasta 25% más baja que quienes sí cotizan entre sus 25 y 29 años. Además, las personas que "optan" por esta modalidad se incrementan con la edad, dejándonos un montón de personas de edad avanzada con un elevado nivel de desprotección.

¿Qué podemos hacer por estos grupos de personas? La evidencia internacional nos sugiere varias pautas, simples y difíciles de implementar a la vez. La primera apunta a la importancia del crecimiento económico, que contribuye a la formalización del empleo. El estancamiento de nuestro país en los últimos años ha sido una piedra en el camino y, si nuestros esfuerzos se concentran sólo en repartir la torta y no en hacer crecer la inversión y la productividad, los engranajes crujen y la informalidad aumenta.

La segunda pone foco en la regulación laboral que, sin disminuir los estándares de protección, debe estar continuamente actualizándose. Para eso, debe existir un diálogo social constante con todos los actores involucrados, lo que se puede concretar en una comisión permanente a cargo de productividad laboral y marco normativo. Así lo han hecho países como Singapur, que han sido muy exitosos.

Esto se debe complementar con una implementación efectiva y fiscalización fuerte, para que no se quede sólo en propuestas. Además, es clave invertir mucho en capital humano, subsidios salariales focalizados y conciliación laboral. Entre otras iniciativas proempleo, la sala cuna universal duerme el sueño de los justos hace demasiados años.

Finalmente, todo esto debe estar muy bien comunicado. ¿Usted o su gásfiter de confianza, tienen idea de cómo hacer para pasar de la informalidad a la formalidad y cuáles son los beneficios de hacerlo? Imagino que no, y la mayoría de la población está como usted. Algo hay que hacer para cambiarlo.