Gian Franco Giovines D.

El catastrófico incendio que afectó a vastos sectores de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana aceleró la discusión de la llamada Ley de Incendios en el Congreso. Fue así que, esta semana, la Cámara aprobó el proyecto que "regula la prevención de incendios forestales y rurales", despachándola al Senado con 116 votos a favor, 8 en contra y 20 abstenciones.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo en 2023, busca fortalecer el marco de prevención, estableciendo cortafuegos obligatorios para los privados y multas para quienes no realicen labores preventivas, además de definir zonas de interfaz urbano-rural forestal (ZIURF) y zonas de amortiguación forestal (ZAF).

Sin embargo, el rechazo a uno de los artículos clave del proyecto, impulsado por el diputado oficialista Diego Ibáñez (CS) y que buscaba prohibir el cambio de uso de suelos siniestrados en un plazo de 30 años, dejó esquirlas en el oficialismo y en los alcaldes de la Región.

Perspectiva de alcaldes

Para el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (Transformar), la aprobación de la Ley de Incendios "es un paso muy importante". Pese a aquello, asegura que esta aprobación "por responsabilidad de la derecha, viene con letra chica, porque se rechazó un artículo clave, que permitía establecer la idea de limitar el cambio de uso de suelos en áreas afectadas".

Esto, a su juicio, "evidentemente sigue abriendo la puerta a que muchos incendios puedan producirse por incendios intencionales".

En tanto, la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán (CS), detalló que, en 2023, su municipio solicitó a 81 predios privados realizar cortafuegos, de los cuales solamente dos cumplieron el requerimiento.

"Por esos predios privados ingresó el incendio a nuestra comuna y se ocasionó la pérdida de 21 personas", expuso, apuntando a que "la presión tiene que estar en generar condiciones para que los privados se responsabilicen de las pérdidas que están generando". Por ello, cree que la Ley de Incendios "es un avance concreto".

Otro punto es el de Javiera Toledo (Ind.), alcaldesa de Villa Alemana, quien sostuvo que la responsabilidad debe recaer en todo el Estado y no sólo en los municipios. Aludió, además, que "el cartel del fuego existe" y que "los incendios forestales no son azarosos", por lo que llamó a poner el foco en la intervención de terceros.

Por su parte, el alcalde de Limache, Daniel Morales (RN), valoró la Ley de Incendios, pero reconoció que el rechazo a las indicaciones "debilita" a la ley "al no establecerse limitaciones más extremas y estrictas ante posibles cambios de uso de suelo".

Visiones parlamentarias

Tras la votación, el diputado Ibáñez lamentó que se desestimaran sus indicaciones. "Se impuso la obligación de indemnizar a los dueños de los terrenos donde se les haga cortafuegos", consignó, por lo que cree que esto hace "prácticamente inviable" a la norma.

En tanto, la diputada Camila Rojas (Comunes), si bien piensa que el avance de la Ley de Incendios es "un paso fundamental para enfrentar una problemática urgente y recurrente en la Región de Valparaíso", cree también que el rechazo a las indicaciones "es un portazo por parte de la derecha a los esfuerzos por asegurar una gestión sostenible y responsable del territorio".

Por otro lado, Tomás de Rementería (Ind.-PS) llamó a no crear falsas expectativas. "Esta no va a ser la bala de plata que va a terminar los incendios. Tenemos que dejar esa ilusión de que con una ley vamos a arreglar problemas que son estructurales", declaró.

Desde la oposición, el legislador Andrés Celis (RN) manifestó que la Ley de Incendios "es crucial para reducir el riesgo de siniestros forestales y proteger a las comunidades".

Respecto a por qué votó en contra de las limitaciones al cambio de uso de suelos, dijo que "hay que partir desde la base de que la indicación del diputado Ibáñez fue declarada inadmisible y tiene más un fin expropiatorio".

Por otro lado, la diputada Chiara Barchiesi (Partido Republicano) afirma que la aprobación de la Ley de Incendios es "una importante señal institucional de parte del Congreso hacia los chilenos", mientras que su correligionario Luis Sánchez considera que la moción "no atiende a las causas reales de los incendios que hemos sufrido, que es la inacción del gobierno y de los municipios".

"Se rechazó un artículo clave. (...) Eso sigue abriendo la puerta a que muchos incendios puedan producirse por razones intencionales".

Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso

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Luego de finalizar los trabajos de remoción de escombros, el Ministerio de Obras Públicas ultima detalles para iniciar, a partir de la próxima semana, el proceso de demolición de las viviendas afectadas por el megaincendio de febrero, lo que permitirá rehabilitar los terrenos de cara a la reconstrucción.

Al respecto, la delegada presidencial regional, Sofía González, precisó que el MOP "ya ha firmado seis contratos para comenzar el proceso de demolición en los 17 polígonos que se han determinado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo".

En total, el Ejecutivo estima que unas 2.900 viviendas serán derruidas en este proceso.

En cuanto al proceso de instalación de viviendas de emergencia, trabajo que es coordinado por Senapred, informó la delegada González que 500 funcionarios en la zona cero han catastrado un orden de 4.500 terrenos afectados, verificando in situ las condiciones de factibilidad de la instalación de las viviendas transitorias.

"Al día de hoy son 232 las viviendas de emergencia ya instaladas y (hay) una proyección para las próximas semanas de 1.150 a instalar".

Albergues y ficha fibe

En relación con los damnificados que se mantenían en situación de albergue, la autoridad detalló que "hemos planificado el poder relocalizar a las últimas 41 personas que se encuentran en el Liceo Francisco Vergara", acotando que estas serán relocalizadas, en su mayoría, a hoteles y hostales.

Con respecto al catastro de afectación a través de la Ficha Básica de Emergencia (Fibe) por parte del Ministerio de Desarrollo Social, precisó la DPR que esa fase en terreno ya culminó y, en este momento, se encuentra "en proceso de revisión por parte de aquellas familias que se han acercado a las municipalidades a hacer algún ajuste".

En total, detalló, 8 mil familias damnificadas se inscribieron a través de la Fibe.

"Al día de hoy, son 232 las viviendas de emergencia ya instaladas y (hay) una proyección para las próximas semanas de 1.150 a instalar".

Sofía González, Delegada presidencial regional