Durante el último tiempo se ha generado un importante debate respecto de las dificultades para poner en marcha proyectos de inversión en Chile. A este respecto, un interesante estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad titulado "Análisis de los permisos sectoriales prioritarios para la inversión en Chile" (agosto 2023), concluyó que nuestro país tiene "un sistema de permisos que desincentiva el desarrollo de inversiones, especialmente aquellas de mayor magnitud, ya que son precisamente estas las que requieren los permisos prioritarios más complejos y que presentan un desempeño deficiente".

El problema es que aquella deficiencia conduce muchas veces a la paralización o, en el peor de los casos, al desistimiento de proyectos, con la consiguiente repercusión en la generación de ingresos para el Estado (vía tributos), así como la no generación de empleos. Por eso, uno de los más relevantes desafíos que afronta nuestro país, es procurar conciliar el ejercicio de derechos fundamentales, el desarrollo económico y la protección del interés general. Esto implica que el Estado debe lograr un sano equilibrio entre todos aquellos factores, a través de regulaciones jurídicas que, sobre bases técnicas, fijen procedimientos que los hagan compatibles. Se trata de una tarea compleja, porque si bien el interés general conlleva necesariamente la protección medioambiental, cultural y arqueológica, parece evidente que también abarca el desarrollo económico y la generación de riqueza para el país. Y no parece acorde al interés general fijar regulaciones que impliquen sacrificar o anular totalmente alguno de los factores en juego, so pretexto de proteger o garantizar los otros.

A fin de evitar o, al menos, disminuir aquel riesgo, las regulaciones que implementa el Estado deben responder a los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, principios jurídicos que ayudan a que la consecución del interés público se haga con pleno respeto a los derechos y libertades de las personas. La razonabilidad implica la interdicción de la arbitrariedad, o, lo que es lo mismo, la exigencia de que las actuaciones estatales sean razonables y no producto de caprichos. Una actuación no razonable salta a la vista y aparece de manera más o menos evidente. Tal sería el caso, por ejemplo, de una regulación que, con el fin de proteger el medio ambiente, fija estándares y niveles imposibles de cumplir.

Por su parte, la proporcionalidad ayuda a resolver los problemas que pueden surgir respecto de aquellas regulaciones que, en principio, parecieran ser razonables y no arbitrarias, pero en las que igualmente surgen dudas respecto de si el grado de intervención que involucra tal regulación, es o no lícito. La actuación será desproporcionada cuando habiendo más de una alternativa regulatoria, se opta por la que involucra un mayor grado de intervención en los derechos y libertades, o cuando la gravedad de la intervención no guarda proporción con la urgencia o necesidad de los objetivos regulatorios.

La utilidad de estos criterios debiera ponerse a prueba durante la tramitación del "Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales", presentado hace algunas semanas por el Presidente de la República e ingresado a la Cámara de Diputados, cuyo objetivo es eliminar las innumerables barreras y obstáculos que deben sortear los proyectos de inversión. En concreto, los parlamentarios deberían examinar si las diversas medidas contempladas en esta iniciativa de ley, resultan o no ajustadas a los ya mencionados principios de razonabilidad y de proporcionalidad.

Tres nuevos homicidios se registraron durante las últimas horas en diferentes puntos de Santiago, lo que activó nuevamente la preocupación por parte de las autoridades locales y la exigencia de mayores medidas de seguridad al gobierno central.

Un hombre en situación de calle fue hallado muerto a puñaladas en una esquina en la comuna de Independencia. Una mujer murió en la comuna de La Pintana a causa de un ataque con arma blanca. Y otra víctima de sexo femenino fue hallada con múltiples heridas de bala en la toma Nuevo Amanecer de la comuna de Cerrillos.

Si bien se trató de tres hechos graves, este último caso fue el que concentró la mayor atención, al sospecharse de un nuevo caso de sicariato. Ante este nuevo crimen, la alcaldesa de Cerrillos, Lorena Facuse, levantó una dura crítica al Ejecutivo y dijo que "ya hemos estado pidiendo ayuda al Gobierno, pero necesitamos un plan que sea mucho más robusto".